Piden que el Goyo y Gavazzo comparezcan por el asesinato de Cecilia Fontana de Heber

El ex dictador general Gregorio «Goyo» Alvarez y el encarcelado coronel (r) José Nino Gavazzo serían citados por la Justicia Penal para que expliquen la situación interna que vivían el gobierno, el Ejército y el Servicio de Información y Defensa (SID) en setiembre de 1978, cuando un atentado con vinos envenenados provocó la muerte de Cecilia Fontana de Heber.

La esposa del dirigente blanco Mario Heber falleció ese año luego de beber de una de tres botellas de vino que anónimamente habían sido enviadas a su esposo y a los líderes nacionalistas Carlos Julio Pereyra y Alberto Lacalle, quienes junto a Dardo Ortiz dirigían al Partido Nacional, en su oposición al régimen de facto. El caso es indagado hoy por la Justicia.

Una serie de documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, presentados ayer ante el Juzgado Penal de 9º Turno, confirman la hipótesis política del atentado contra los blancos por parte de grupos de ultraderecha y los rumores sobre la existencia de una negociación para la reapertura democrática cuya neutralización habría sido el móvil principal del crimen.

Alvarez y Gavazzo fueron protagonistas entonces de un enfrentamiento en la interna militar por el que el «Goyo», flamante comandante en jefe del Ejército, destituyó al jefe de los servicios de inteligencia, general Amaury Prantl, en un complejo episodio que, entre sus derivaciones, pudo tener como consecuencia la implementación del atentado a los dirigentes blancos.

El Departamento de Estado norteamericano se había negado inicialmente a desclasificar documentos sobre el caso, amparado en normas de la Ley de Información (FOIA) que explícitamente permiten mantener en reserva casos que afecten la política exterior del país o revelen métodos operativos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

La decisión del gobierno estadounidense implicó entonces un reconocimiento implícito de la participación que Estados Unidos, su embajada en Montevideo y sus agentes de la CIA pudieron tener en el caso, por lo que dirigentes blancos se reunieron con el embajador Frank Baxter, quien realizó gestiones en su país para que algunos materiales se desclasificaran.

 

Sin desclasificar la CIA

El Departamento de Estado aceptó, finalmente, desarchivar sólo 14 documentos vinculados al caso del asesinato de la madre del senador Alberto Heber y la información fue entregada ayer a la jueza penal de 9º Turno, Gabriela Montaldo, por el abogado Javier Barrios Bove, en representación del dirigente blanco Carlos Julio Pereyra, denunciante de la causa.

El material, enviado desde Washington el pasado 2 de octubre por Margaret P Garfeld, directora de la Oficina de Programas y Servicios de Información, fue encontrado en los Registros Centrales de Política Exterior, e implica a 12 correspondencias despachadas por la Embajada en Montevideo y dos informes remitidos por el Departamento de Estado relativos al caso.

Doce de los documentos fueron revelados en su totalidad y en dos de ellos se censuró la identificación de los informantes, de acuerdo con las reglas y regulación establecidas en la Ley de Libertad de Información (FOIA), pero se mantiene pendiente la ubicación de otros documentos en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Oeste y en la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Todos los documentos se refieren al «E.O. 11.652″, como quedó identificado el homicidio de Cecilia Fontana de Heber en la documentación interna norteamericana. Once de las notas procedentes de la Embajada estadounidense en Montevideo están firmadas por el embajador Lawrence Pezzullo, quien informa a su gobierno sobre las repercusiones internas del caso.

Pezzullo era el embajador que Jimmy Carter había enviado a Montevideo en lugar de Ernest Siracusa, quien había implementado en Uruguay la política exterior instaurada por Henry Kissinger, el secretario de Estado de Richard Nixon, quien había constituido en Uruguay una de las mayores bases de la CIA dentro de la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor.

Lawrence Pezzullo no llegó a estar dos años en la misión diplomática en Montevideo, y en mayo de 1979 fue designado por Carter como embajador en Nicaragua para intentar una dimisión del dictador Anastasio Somoza. Pezzullo terminó siendo el encargado de los asuntos de Haití durante el gobierno demócrata de Bill Clinton, tras ser derrocado el presidente Bertrand Aristide.

 

Un atentado terrorista

La información desclasificada sustenta la hipótesis de que el atentado fue realizado por elementos de ultraderecha, pero en la correspondencia hacia el Departamento de Estado no se descarta como móvil un intento de interrumpir negociaciones sobre un proceso de reapertura democrática que entonces propiciaban los «moderados» del régimen militar.

En el documento «E 12″, el embajador Pezzullo informa que «…el 12 de setiembre, Carlos Scheck (editor de «El País» e íntimo de Alvarez), en referencia al asesinato de la Sra. de Heber con el Embajador, dijo: ‘Quien sea que haya cometido este asesinato está tratando de frustrar los procesos políticos iniciados por las Fuerzas Armadas. Cuando se lo presionó para que diera detalles, señaló que se trató de un ataque de la extrema derecha a los moderados», narra.

En otro material (E 14), Pezzullo especulaba que el atentado «puede relacionarse con un rumor que ha estado circulando aquí por algunas semanas, y que en estos últimos días se ha hecho oír con más frecuencia e insistencia: que el presidente Méndez estaba por dejar (o ser retirado) el mando, supuestamente por temas de salud, y que sería sustituido por una junta de tres miembros que incluiría y sería designada por el comandante en jefe del Ejército, Alvarez».

El mismo documento agrega que Méndez «…es de extrema derecha y, como Presidente es capaz de coartar las intenciones reformista de Alvarez simplemente con negarse a firmar los decretos necesarios. Se especula con que los ultraderechistas eligieron este acto extraño (pero no poco característico) para desacreditar a los moderados dentro del gobierno uruguayo».

En la información que Pezzullo envió al gobierno del presidente Jimmy Carter tampoco se descartó la hipótesis de asociar con el asesinato de Cecilia Fontana, la muerte del abogado Roberto Sáenz Gallinal, cuyo cuerpo desmembrado fue descubierto el 13 de setiembre en el balneario Shangrilá. Sáenz era sobrino de Fontana y primo segundo de Horacio Terra Gallinal.

Los documentos también hacen referencia al enfrentamiento que entonces tuvieron el comandante Alvarez y el director del SID, Amaury Prantl, apoyado por el teniente coronel Gavazzo. El abogado Barrio Bove pide que ambos sean interrogados sobre el incidente en el que habría quedado enmarcado el operativo terrorista que derivó en la muerte de Cecilia Fontana. *