Exiliados políticos podrían perder sus derechos jubilatorios

En la próxima cumbre iberoamericana que se realizará en Chile, se firmará un tratado que permitirá que los ciudadanos de los 22 países que integran la comunidad puedan acumular años de trabajo en las distintas naciones y optar por jubilarse en el país de residencia.

El acuerdo requerirá que las 22 naciones incorporen a sus legislaciones las previsiones para hacerlas compatibles para este tratado.

Esta iniciativa, que es considerada positiva por los distintos gobiernos y por las diversas organizaciones sociales, puede generar fuertes perjuicios a los uruguayos que estuvieron exiliados en distintos países durante la dictadura.

Esta situación se generaría debido a que la ley que favoreció a presos, exiliados y políticos, pone condiciones para poder acogerse a esa ley.

El 13 de octubre de 2006 se sancionó la Ley 18.033 que establece beneficios a efectos jubilatorios, pensionarios y reparatorios a personas que por motivos políticos, ideológicos o gremiales estuvieron presos, clandestinos o exiliados.

Pero esa misma ley establece, en su artículo 10, que se excluyen de ese derecho a «las personas que hubieran trabajado en países con los cuales la República Oriental del Uruguay tiene acuerdos de seguridad social y durante el período en que desarrollaron actividades laborales en los mismos».

Este artículo le quitó esos derechos a uruguayos que estuvieron exiliados en Argentina, lo que no generó ningún tipo de resistencia ni de protesta por los involucrados, quizás por la cercanía de los dos países. Pero ahora, con el acuerdo iberoamericano, se recorta ese derecho aún más y se hace extensivo a todos los países de habla hispana.

Uruguayos exiliados que estuvieron en distintos países iberoamericanos, señalaron a LA REPUBLICA que se sienten perjudicados, aunque a la vez consideran que no quieren bloquear la iniciativa iberoamericana, por considerarla «progresista y avanzada».

Ponen como ejemplo que gracias a la Ley 18.033 se les reconoce todos los años de exilio, con fines jubilatorios, que en la gran mayoría de los casos cubren más años que los que trabajaron realmente en el país que los asiló. «Muchos demoramos en conseguir trabajo, otros tantos trabajamos algunos años en negro, por eso si estuvimos ochos años exiliados, sólo se nos puede terminar reconociendo seis o siete años», dijo uno de los informantes.

A la vez señalan que en algunos países iberoamericanos donde residieron «es muy difícil documentar los años trabajados», por lo que se verían perjudicados por el acuerdo que se firmará en la cumbre de Chile.

Estos ex asilados políticos entienden, de acuerdo a distintas conversaciones que han mantenido con gobernantes y parlamentarios del oficialismo, que la solución es votar una ley de un artículo que establezca que no pierden los derechos que establece la Ley 18.033.

A los asilados políticos y clandestinos sólo se les reconoce esos años con fines jubilatorios, pero no recibieron ­cosa que sí ocurrió con los presos políticos­ beneficios compensatorios.

Informaron también que hay muchos uruguayos que estuvieron clandestinos, no sólo en nuestro país, sino también en países vecinos, que también podrían verse perjudicados por el positivo acuerdo iberoamericano. La comisión que estudia caso a caso, a nivel del Ministerio de Trabajo, aún le falta analizar unos 600 casos. Todos ellos se vinculan a exiliados o clandestinos, en la medida que primero fueron atendidos los casos de los presos políticos. *