Debate en la dirección del FA sobre ley de iniciativa popular

La ley resulta de la aplicación de un mecanismo constitucional, que mediante la recolección de más de 500 mil firmas, permitiría remitir al Parlamento para su tratamiento un conjunto de planteos, en este caso con las medidas que el EP-FA entiende imprescindibles para paliar la crisis económica y social.

Dicha iniciativa ha despertado, en el seno del FA, una polémica –calificada de «ideológica» por el secretario del Partido Socialista, Manuel Laguarda– sobre el papel que en el impulso de la misma deben jugar la organización política y las organizaciones sociales.

Eduardo Bonomi, dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP), dijo a LA REPUBLICA que la propuesta debe ser lanzada por el movimiento social, evitando todo intento de vanguardización o hegemonización por parte del EP-FA.

Bonomi agregó que la idea de una «ley de emergencia nacional» había sido manejada, meses atrás, por el PIT-CNT y otras organizaciones.

La resolución de la Mesa Política del FA, indicó, no presuponía que la iniciativa fuera lanzada desde la fuerza política, sino que encomendaba a sus distintas estructuras, especialmente a la Comisión de Programa, que sintetizaran todos los aspectos posibles de ser integrados a la misma. La Mesa resolvió –recordó Bonomi– «pedirle a la Comisión Integrada del Programa del EP-FA que recoja de todos los sectores políticos y de las bases los aportes que crea conveniente integren los capítulos del proyecto de ley a elaborar, y luego envíe la sistematización y profundización resultante a la Mesa Política para que ésta tome resolución política definitiva. Pasar esta resolución a la Coordinadora del Encuentro Progresista-Frente Amplio, luego de lo cual iniciaremos el intercambio con las fuerzas sociales y políticas».

Reacciones negativas

El dirigente del MPP advirtió que la concepción discutida en el organismo de dirección frenteamplista suponía darle «la derecha» a las organizaciones sociales y nunca salir públicamente, al menos por el momento, lanzando un iniciativa que se encontraba en proceso en el campo social.

La primera reacción de los sectores perjudicados por la actual política económica, especialmente los pequeños y medianos productores rurales –observó el dirigente– fue de retracción.

Así se postergó una reunión –con el fin de precisar los alcances de una ley de iniciativa popular– convocada por la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias.

La razón de esta actitud se debió, según información hecha llegar a Bonomi, en el malestar de la Coordinadora por el lanzamiento público que hizo el EP-FA de la ley.

En opinión del dirigente emepepista, existe el riesgo de invalidar un proceso reciente de aglutinamiento de distintos sectores perjudicados por el neoliberalismo.

Finalmente señaló que siempre en la historia de la sociedad uruguaya, la unidad de las fuerzas sociales ha precedido la unión en el plano político.

Para Laguarda, en cambio, no existió error alguno en el planteo del FA ya que el frente político debe ser el articulador de las demandas de la sociedad. Su papel, añadió, es «escuchar, interpretar y transformar en propuesta» los reclamos sectoriales.

En el fondo, subrayó, la discusión es ideológica y refiere a quién debe ser el protagonista esencial del bloque alternativo a la política oficial, para algunos debe ser el frente social, para «nosotros, ese papel le corresponde a la organización política».