Los empresarios salen a hacer política: ahora prefieren a Bush y no a Vázquez

más civilizado.

El 5 de octubre 25 cámaras empresariales enojadas con las propuestas para una nueva Ley de Tercerizaciones rompieron el diálogo con el gobierno. «La decisión de romper el diálogo es por el desgaste de ocho meses de negociación y porque el proyecto de tercerizaciones que nos presentó el gobierno es peor que la ley vigente», dijo Diego Balestra, presidente de la Cámara de Industrias.

La respuesta del ministro Eduardo Bonomi no se hizo esperar. Sorprendido por esa reacción, el secretario de Estado comentó que «lo más lamentable es que este grupo de empresarios no entra en la categoría de malos empresarios y, sin embargo, terminan defendiendo a gente que no cumple con las leyes establecidas».

El jueves 10 de octubre al dirigente de la Cámara de Comercio Horacio Castells no le tembló la voz cuando dijo que «este gobierno es cívico-sindical», recordando a la caracterización de la dictadura, cuando desde la izquierda se decía que era «una dictadura cívico-militar».

Con las palabras de Castells, más la reacción de las 25 cámaras, los calificativos comenzaron a tener un fuerte contenido político. Por su parte, a Bonomi tampoco le tembló las voz y retrucó: los anteriores gobiernos fueron «cívico-empresariales», agregando que cuando José Batlle y Ordóñez «llevó adelante la ley de ocho horas le dijeron anarquista».

Previo a la polémica a distancia entre Castells y Bonomi, sucedió otro hecho (9 de octubre) por cierto nada menor. Muchos empresarios uruguayos fueron a la charla del secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, con la esperanza de que el funcionario estadounidense se transformara en una voz aliada en el enfrentamiento con el gobierno.

Fue así que un empresario le dijo a Gutiérrez que el gobierno uruguayo ponía en «riesgo» las necesarias reglas de juego para fomentar el intercambio comercial entre los dos países y fomentar las inversiones en Uruguay.

La sorpresa fue cuando Gutiérrez discrepó: «Hay seguridad jurídica» en Uruguay, dijo, agregando que «existe el respeto a la propiedad, con lo cual creo que ustedes tienen las bases para continuar desarrollándose y atraer capital; éste va adonde hay menor riesgo y creo firmemente que ustedes están creando un mejor ambiente para atraerlo».

El 10 de octubre ­como se ve, los hechos se sucedieron con velocidad inusitada para una sociedad cansina como la nuestra­, un grupo de poderosos empresarios se reunió con Gutiérrez para expresarle en un ambiente distendido y reservado su punto de vista sobre «el clima de negocios» entre el poderoso Estados Unidos y el pequeño Uruguay.

Encabezado por el ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, el grupo también estuvo integrado por Pedro Otegui, de Lanas Trinidad; Angel Urraburu, de la Bolsa de Valores; Ernesto Wagner, de Weyerhaeuser; Nicolás Modal, director de Artech; Yannis Karmas, de Sabre; Ernesto Talvo, director de Ceres, y Francisco Ravecas, de Ficus Capital.

Según el diario El País del 12 de octubre los uruguayos plantearon su malestar con el gobierno ­no el de Estados Unidos, sino el de Uruguay­ porque hay modificaciones de las reglas de juego sobre la propiedad agropecuaria, las regulaciones en materia laboral y la tendencia creciente «a hacer reformas de corte estatista como la tributaria y la de la salud».

 

La lógica de la política

Esta fría cronología muestra que en los últimos diez días distintos sectores empresariales no sólo han discrepado con firmeza con algunas políticas del gobierno, sino que ­además­ salieron a desafiarlo públicamente, al reunirse con un funcionario de un gobierno extranjero, en este caso Estados Unidos, priorizando así la alianza con la Casa Blanca en detrimento de la vieja casona de Suárez y Reyes.

Sin la menor duda se está ante gestos desafiantes, que nada bien le hacen a la institucionalidad y a la confianza que debe de existir entre las distintas partes de la sociedad uruguaya, por más que existan diferencias pequeñas o grandes.

El gobierno ha mostrado desde sus inicios voluntad de diálogo y una paciencia infinita para establecer mecanismos de consenso entre los actores del trabajo.

Como si esto fuera poco el presidente Tabaré Vázquez y los distintos ministros con los que le ha tocado actuar, se han puesto el país al hombro, saliendo a recorrer el mundo para abrir nuevo mercados, ya sea para productos tradicionales o no.

La propia reunión de Ignacio de Posadas y otros con Gutiérrez para decirle a Estados Unidos que aquí no conviene invertir, que no hay seguridad jurídica, es una mala señal para el país, pero también para todos aquellos empresarios sanos que quieren comerciar y aliarse con los inversores extranjeros. Por lo menos esa reunión con el estadounidense y el clima confrontativo creado en los últimos días, es por lo menos una tontería y si no es una tontería estamos ante un acto de grave irresponsabilidad. Es como el principal título de ayer del diario El País: «Asalto en Punta (del Este) en el peor momento», al referirse a la importancia que tiene este fin de semana para saber cómo va a salir la próxima temporada turística. La verdad: dos chicos asaltan una casa el jueves en la tarde, lastiman a una ciudadana brasileña y se espera para publicar la noticia el sábado, como titular principal. Esta «ingenuidad» periodística no la exhibe nadie que escriba, en sus respectivos países, sobre Miami, Cancún, Mar del Plata o Isla Margarita, por poner sólo algún ejemplo, en caso de ocurrir un robo.

Todo esto que está pasando se vuelve incomprensible, si se lo ve desde una óptica empresarial. Ahora, si a esa sucesión de hechos se la ve desde una óptica política, se la puede llegar a comprender pero no a justificar.

El país está ante uno de sus mejores momentos, tanto en lo económico como en lo financiero, y nadie puede desconocer que el gobierno progresista no tenga algo que ver con los éxitos. Incluso, si fuera todo lo contrario, nadie tiene el derecho de actuar de la manera que se está haciendo, tanto desde lo empresarial como desde lo periodístico.

Sería bueno, entonces, que la madurez de los hombres que se entienden poderosos en el país, impida que el relacionamiento entre los uruguayos lleve a que las conversaciones sobre el destino comercial se terminen acordando de espalda a los poderes democráticos del país y con un funcionario extranjero, al que poco menos se le pide que abra opinión sobre el sistema de salud que está a consideración del Parlamento. Así no se hace patria y a muchos se les nota que no tienen la celeste puesta.

Queremos todos que sólo hayamos vivido, en los últimos días, un malhumor pasajero por parte de los sectores empresariales y de los negocios. Es de esperar que no estemos ante una escalada de la soberbia.

Los partidos políticos tienen para jugar un importante papel de amortiguadores, para que las diferencias se diriman en el plano más civilizado, donde predomine el debate de ideas y de propuestas programáticas. *