Organismo de OEA admitió competencia contra el Estado uruguayo

La CIDH analizará hoy en Washington estafa a ahorristas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará hoy una audiencia pública en Washington, Estados Unidos, en la que comenzará a analizar la situación de fondo de una denuncia contra el Estado uruguayo que había iniciado en el año 2003 un grupo de 686 ahorristas del ex Banco Montevideo que se consideran desamparados por la Justicia uruguaya. La audiencia pública que se iniciará a las 15.00 horas, dará lugar a una segunda etapa de la causa que fue admitida hace doce meses por la CIDH luego de tres años de pruebas y contrapruebas presentadas por los denunciantes, representados por Alicia Barbani Duarte y María del Huerto Breccia Farro, que fueron contestadas por el gobierno de Uruguay.

La denuncia señalaba la presunta violación de los derechos a la vida, la propiedad privada e igualdad ante la ley ante la estafa contra los ahorristas del Trade & Commerce Bank (TCB) y del Banco Montevideo «con la supuesta connivencia de las autoridades uruguayas debido a su omisión de controlar las actividades de dichos bancos y sus propietarios».

La CIDH había recibido la denuncia el 17 de octubre de 2003, durante la administración del presidente Jorge Batlle, que respondió las acusaciones el 9 de febrero de 2005, solo días antes de que asumiera Tabaré Vázquez, cuyo gobierno ha sido desde entonces quien ha tenido que enfrentar las múltiples peticiones de datos e información solicitado por el organismo de la OEA.

Finalmente, la CIDH resolvió la admisibilidad de la denuncia el 27 de octubre de 2006, a través de su informe Nº 123/06, en el que concluye que los denunciantes han agotado los recursos internos ante el Estado uruguayo, el cual puede efectivamente estar lesionando los derechos humanos de los ahorristas denunciantes.

Curiosamente, hace exactamente un año, la CIDH divulgó un pronunciamiento vinculado a la misma causa del vaciamiento del Grupo Velox, pero a favor de los banqueros Jorge, Dante y José Peirano Basso, cuya liberación exigió luego de estar encarcelados durante cuatro años sin una condena que los responsabilice de aquella estafa financiera.

El caso de los ahorristas del Banco Montevideo es la segunda denuncia contra el Estado uruguayo admitida por la CIDH, que también aceptó jurisdicción en la causa iniciada por el poeta Juan Gelman y su nieta Macarena Gelman, al cerrarse las posibilidades judiciales para el esclarecimiento del secuestros y desaparición de María Claudia García de Gelman en 1976. *

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