Para prevenir cualquier tipo de “desbordes” el gobierno apelará a una antigua ley por la que se establece que para realizar manifestaciones o concentraciones públicas se debe pedirle autorización al organismo competente.
El respeto con el que se ha manejado la gente de Fray Bentos ha llegado a su límite y “merece una respuesta por parte del gobierno”, dijo ayer Vázquez durante el acuerdo de ministros.
La gota que derramó el vaso fue la manifestación del pasado domingo, cuando ambientalistas argentinos cruzaron la frontera con Uruguay para participar en una asamblea regional en Nueva Palmira en protesta por la instalación de las plantas de celulosa.
En la oportunidad, el Ministerio del Interior desplegó más de 200 efectivos en la ruta que une al Puente Internacional Libertador General San Martín con Nueva Palmira, para evitar enfrentamientos entre ciudadanos argentinos y uruguayos que se sienten perjudicados por los cortes fronterizos.
La del pasado domingo fue la tercera manifestación de ambientalistas argentinos en suelo uruguayo en lo que va del año, sin contabilizar varias protestas que realizaron en aguas jurisdiccionales uruguayas.
El hecho fue analizado con preocupación durante el acuerdo ministerial en Suárez y Reyes y los anuncios de nuevas manifestaciones en suelo uruguayo llevaron a que el gobierno tomara la decisión de no permitir nuevas concentraciones.
En dicho marco la ministra del Interior, Daisy Tourné, dijo que la voluntad del presidente de la República, Tabaré Vázquez, del Consejo de Ministros y del propio Ministerio del Interior es “prohibir de ahora en adelante la realización en Fray Bentos de cualquier tipo de asambleas o concentraciones”.
El gobierno tuvo en cuenta para tomar dicha decisión los anuncios de asambleístas de que en aproximadamente 20 días tienen pensado realizar una nueva manifestación en territorio uruguayo y, además, “la complejidad del asunto y el particular estado de ánimo de la gente de Fray Bentos por las pérdidas económicas”.
Tourné subrayó que el gobierno se ampara en “el marco de la legislación vigente en el Uruguay referida a que debe solicitarse autorización a la autoridad competente para realizar estas manifestaciones, la que a su vez puede negar el permiso”. “Creemos que la gente uruguaya ha tenido una enorme hidalguía y austeridad en la respuesta. Pero lo que sucedió el pasado domingo fue un síntoma de un estado de ánimo de cansancio, por lo cual autorizar otra actividad sería justificar prácticamente una provocación a la gente de Fray Bentos, y debemos evitarlo. Por eso vamos a hacer regir la legislación vigente”, dijo Tourné.
El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, también apoyó la resolución del Ejecutivo, por entender que existen grandes posibilidades de que ocurran incidentes con la población.
Por su parte, el constitucionalista y senador socialista José Korzeniak explicó ayer a 1410 AM LIBRE que la ley que utiliza el gobierno para no permitir actos públicos en Fray Bentos contra la empresa Botnia data del siglo XIX y descartó que la misma se enmarque en las Medidas Prontas de Seguridad.
“Se trata de un decreto ley del siglo XIX”, aclaró el senador frenteamplista.
El legislador explicó que esa legislación establece varios límites para la realización de movilizaciones.
Korzeniak señaló que el decreto ley distingue reuniones de locales abiertos a locales privados.
Para el caso de locales abiertos, dijo el senador, la ley determina que debe existir el otorgamiento de un permiso y no simplemente aviso, lo mismo que de actos durante la noche.
“Son todas normas viejas; serán buenas o malas pero existen”, añadió el constitucionalista.
El asambleísta de Gualeguaychú José Pouler afirmó que la Policía uruguaya y la Prefectura fueron responsables de “hacernos una encerrona” para que 15 personas de Fray Bentos nos insultaran y escupieran. Añadió que enviará una carta de queja a la Cancillería argentina por lo sucedido en territorio uruguayo. *
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