No hubo mayoría especial para regular el derecho al voto de residentes en el exterior

El proyecto llegó al plenario de Diputados con dos informes –uno de la mayoría, aprobándolo, y otro de la oposición, rechazándolo–, por lo que fue la crónica de una muerte anunciada: la regulación del derecho al voto de los ciudadanos uruguayos que residen en el exterior exige dos tercios del total de diputados; sesenta y seis votos, catorce de los cuales debía proveer la oposición.

Apenas iniciada la sesión, se observó la insistencia de dos distinguidos legisladores colorados en una parte de su vestimenta; decidí cambiar de ubicación en la bancada de prensa y situarme exactamente del lado contrario, muy cerca de los blancos (ojo, sin intimar). Es que Washington Abdala (Foro Batllista) hizo una breve presentación, suficiente para diluir todos los protectores visuales con su corbata y camisa rosado rabioso, y Daniel García Pintos (Lista 15) insistió en combinar su sobrio traje azul con un par de zapatos en sambayón pálido.

El cambio de ubicación me permitió, además, ver desde otro ángulo a gente a la que suelo observar con interés antropológico. Víctor Semproni (Claveles Rojos) esta vez durmió su sueño durante la media hora previa y advertí que su cachete izquierdo (de la cara, obvio) es un poco más mofletudo que el derecho. A esto sumé la certeza del perfil aguileño de Gustavo Borsari (Herrerismo), que no habría arreglado ni Blanes en su mejor retrato, y la sorpresa de que Sergio Botana (Alianza Nacional) es zurdo… al menos para escribir.

 

Extensa exposición de Ortuño

Edgardo Ortuño (Vertiente Artiguista) presentó el informe de la mayoría, mientras, Alfredo Asti se dedicaba con patriótico fervor a manipular su computadora con una concentración que ni Federer logra en sus partidos con Nadal.

Ortuño, con voz rotunda y ceño fruncido, dijo que «esta iniciativa reconoce el derecho legítimo al voto de los uruguayos en el exterior, establecido en la Constitución de la República». Añadió que «constituye una respuesta del Estado ante la fuerte emigración que ha sufrido el país, asumida en su verdadera dimensión como un fenómeno de toda la sociedad uruguaya, así como una clara expresión de voluntad política de establecer vínculos con quienes se han ido, reconociendo en ellos una parte importante de la comunidad nacional». Cerró esta parte de su argumentación estableciendo que «el proyecto se alinea con la legislación internacional, surgiendo del derecho comparado la existencia de 70 países que han consagrado, de un modo u otro, el derecho a voto para sus compatriotas en el exterior».

Aquí tomó un brevísimo respiro, lo que me permitió advertir que Asti seguía tan, pero tan pendiente de su computadora que era imposible discernir si la una se había convertido en prolongación del otro.

Bien peinado como siempre, Ortuño informó que «en los últimos 50 años salieron aproximadamente 600.000 personas del Uruguay», destacando «el carácter selectivo de la emigración, definido por su juventud y nivel educativo medio y alto». Aclaró luego que «ya no puede pensarse la emigración como la suma de decisiones individuales de viajar a probar fortuna, sino como un fenómeno de toda la sociedad uruguaya», frente a lo cual «ni como comunidad ni como sistema político podemos dar la espalda a la situación».

En ese preciso momento, Beatriz Argimón (Correntada Wilsonista) agitó su blonda cabellera en un rapto de coqueta energía, pero el severo informante no se inmutó (¡ah, criollo responsable, el hombre!): «El reconocimiento del derecho constitucional al voto fuera del territorio nacional supone el reconocimiento como ciudadanos de quienes se han ido por distintas razones, pero comparten la identidad nacional y el sentimiento de pertenencia al país».

 

La legislación internacional

Según Ortuño –a quien los blancos miraban como Terminator antes de perder un ojo–, «el proyecto establece que podrán emitir su voto en el exterior en elecciones nacionales, departamentales, referendos contra leyes y plebiscitos constitucionales, los ciudadanos naturales o legales que no tengan su ciudadanía suspendida conforme al artículo 80 de la Constitución». Tan concentrado estaba el diputado oficialista que no reparó que en la bancada colorada, a cada frase suya, iban quedando menos legisladores, como si un árbitro intolerante, tipo Castrilli, los estuviese expulsando en cadena por irrespetuosa desatención.

Mientras Asti ya era parte de su computadora, ahora sí, y todos temían que quedase adentro si la cerraba –ignoro si, a su lado, Daniela Payseé (Asamblea Uruguay) hubiera podido resolver tamaño fenómeno, que al final no se dio–, Ortuño se paró en los pedales, al tiempo que Eleonora Bianchi (Vertiente Artiguista) lo miraba abriendo los ojos como si temiera que su compañero se transformase en Batman: Uruguay está «en una inexplicable soledad en el concierto regional e internacional y a la zaga de la legislación en materia de derechos políticos de los emigrantes».

Entonces ocurrieron dos cosas inesperadas: primero, constaté que sigue dando buenas taquígrafas el tiempo; segundo, al diputado Alberto Casas (Herrerismo) se le cayó algo bajo su banca y, haciendo la del gato, se agachó a recuperarlo. No pude ver qué era, pero me imagino que no se trataba de los fueros.

Mientras tanto, Ortuño cerró a todo vapor hablando de la patria peregrina: «En dos años y medio del nuevo gobierno se ha asumido el tema a nivel de Estado, se ha jerarquizado creando el Departamento 20 de la Cancillería, se han promovido Consejos Consultivos para nuclear a las diversas colectividades de compatriotas y se ha estimulado sus vínculos con el país».

Oteando el recinto a la búsqueda de un milagro blanco, dijo: «Estamos dispuestos a estudiar, coordinar y resolver esto de acuerdo con todos».

Paseé la mirada. Asti había cerrado la computadora y él había quedado, enterito, afuera. Semproni mantenía una animadísima charla en la bancada nacionalista con Mauricio Cusano (Alianza Nacional): la viva imagen de Benitín –el gordito petizo– y Eneas –el flaco alto– (¡qué horrible, dos personajes de historieta tan viejos que sólo los recuerdo yo!).

 

Calentura nacionalista

Antes de que Álvaro Lorenzo (Alianza Nacional) hiciera el informe en minoría, se produjo un hecho curioso.

Ortuño pidió prórroga de su tiempo, a fin de permitir la exhibición de un video con testimonios de uruguayos en el exterior.

Tras discutir Enrique Pintado, que presidía la Mesa, con Luis Lacalle Pou (Herrerismo) sobre si esto se ajustaba o no al reglamento –diálogo veloz y juguetón– el video se pasó en una gran pantalla colocada en el sitio que supe ocupar yo en la bancada de prensa (he aquí la otra razón, hasta ahora inconfesada, por la cual cambié de sitio tan radicalmente; no fue sólo por alejar de mí la estética de pasarela del Boston River de Abdala y García Pintos).

A renglón seguido, el oficialismo ganó otro puntito, dejando con las barbillas extendidas y las mejillas rojas a los herederos de Oribe y Saravia, al aprobar un cuarto intermedio, durante el cual, en una sala cercana, desarrolló una conferencia de prensa de apuro, para aclarar los tantos, sabiendo que no había votos suficientes para el proyecto.

En tal circunstancia, se admitió que no se descartaba «la posibilidad, concluida la etapa parlamentaria, de buscar otros mecanismos constitucionales para que esta iniciativa se haga realidad, incluso un plebiscito».

Ni lerdos ni perezosos, los blancos convocaron también a la prensa –que corría de un lado a otro como Pluto a la búsqueda del hueso perdido–: dijeron, palabra más, palabra menos, que «basado en dichos del constitucionalista Cassinelli Muñoz el Partido Nacional estará en contra de cualquier proyecto en esta dirección».

Uno de los argumentos esgrimidos me resultó novedoso: «El IRPF lo pagan los ciudadanos que viven acá, no los que están en el exterior».

 

Contraofensiva de Lorenzo

Lorenzo, con un estilo prolijo y por momentos pausado hasta la exasperación, aunque oxígeno no le faltaba, salió con la plancha en ristre: «El proyecto es inconstitucional, ya que en Uruguay el derecho al voto está directamente vinculado a la residencia o al avecinamiento en el territorio nacional, en toda circunstancia considerada por la Carta Magna».

Y siguió de largo, dejando el surco: «La Constitución va aun más allá, ya que otorga, en el artículo 78, el derecho al voto a extranjeros que ni siquiera son ciudadanos legales, cumplidos que sean ciertos requisitos de residencia y establecimiento en el país».

A esto agregó, apelando nuevamente a opiniones de Cassinelli Muñoz, Martín Risso y Justino Jiménez de Aréchaga: «Esto, llevado a sus últimas consecuencias, permitiría afirmar que incluso quienes residen en el extranjero no tienen derecho a votar aun cuando se encontraren en el territorio nacional el día de las elecciones».

Finalmente, agitó el facón: «El proyecto también adolece de defectos graves (…) Afecta una de las garantías supremas para el ejercicio del sufragio, como es la necesaria condición de secreto (…) y por otra parte, el voto emitido en forma epistolar distorsiona el sistema de las circunscripciones territoriales para la elección de diputados y de las autoridades locales».

Luego, y aunque los dados estaban echados, siguió uno de esos interminable debates –se había anotado para hablar casi una veintena de legisladores– que, por más oraciones que se hagan en el Parlamento y en la redacción, concluyen siempre sobre el cierre de la edición. *