Desde 2006, detectan movimientos de fondos no declarados por U$S 720 mil

La información fue suministrada ayer en el Parlamento por el presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos (Cecpla), Ricardo Gil, quien mediante un informe adelantó el estudio a los «ajustes a la normativa vigente» (ver nota aparte).

Partiendo de la premisa de que en Uruguay «se asume la existencia de lavado de dinero sin que existan estimaciones cuantitativas», Gil señaló en la Comisión Especial sobre Lavado de Activos y Crimen Organizado que preside Jorge Saravia (Espacio 609) que se definió un cronograma de trabajo con la Auditoría Interna de la Nación «con el objetivo de contar a fin de año con una reglamentación para los sectores de casinos e inmobiliarias en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo».

 

Resultado operativo

Gil estima que «se entienda que el único indicador válido del cumplimiento de los objetivos propuestos es la obtención de resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado. Se considera como un elemento clave del período el desmantelamiento de tres organizaciones de narcotraficantes que venían actuando en Uruguay (y a través de Uruguay)».

Asimismo, «esto posibilitó la detención y procesamiento de numerosas personas (14 de ellas por el delito de lavado de activos), la incautación de numerosos bienes y el congelamiento preventivo de importantes cuentas bancarias».

Según Gil, esta acción «posibilitó también confirmar algunos elementos incluidos en el diagnóstico primario». Enumeró: «las organizaciones de narcotraficantes colombianos se han instalado en Uruguay y en la región operando tanto en el tráfico de drogas como en el lavado de las ganancias generadas en esa actividad; las tres organizaciones de ese tipo desmanteladas operaban simultáneamente en Uruguay y Brasil».

Además, «en todos los casos de alcance internacional detectados se verifica el uso de herramientas societarias con acciones al portador mediante las cuales se encubre la procedencia de los bienes y la identidad de sus verdaderos propietarios».

Otro punto es que «se ha confirmado también en todos los casos la utilización del sistema financiero para el movimiento de fondos y del sector inmobiliario para la concreción de inversiones».

En otro orden, también se constataron «las dificultades que debe afrontar el sistema jurídico nacional ante delitos complejos y de alta sofisticación».

 

«Seriedad y sobriedad»

En lo atinente a la imagen internacional el informe indica que «la actitud de seriedad y sobriedad con que se ha venido trabajando y la existencia de resultados de importancia han ido consolidando una sensible mejoría en la imagen que el país tiene en estos temas ante la colectividad internacional».

A ello se agrega «un eficaz funcionamiento de la cooperación internacional, imprescindible en este tipo de delitos, que ha funcionado en forma fluida en sus tres niveles: jurídica, policial y administrativa».

«Esta mejoría se refleja en la resolución adoptada por el último Pleno de Representantes de Gafisud en Quito en julio pasado. Ante la presentación del informe semestral de Uruguay se destacan ‘los adelantos’ y la seriedad con la cual se viene trabajando a fin de superar deficiencias destacadas en el informe de evaluación», evaluó. *