Alejamiento

Dos diputados del Frente Amplio han decidido renunciar a su participación en la Comisión Investigadora parlamentaria de entes y empresas públicas. Uno es el diputado Andrés Roballo (738), actual coordinador de bancada del FA y el otro es Javier Salsamendi (MPP-CAP). El primero de ellos se retiró de la investigadora por razones de «sobrecarga de trabajo» señalaron voceros confiables. Salsamendi, en tanto, optó por separarse debido a las denuncias provenientes de algunos integrantes de Fucvam (Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua) en las que supuestamente lo asocian a hechos de corrupción con negocios en Venezuela a través de la firma Umisa, constructora de casas prefabricadas. Además de Salsamendi, el diputado Luis Rosadilla del mismo sector y un edil del MPP han sido también nombrados en estas denuncias de corrupción.

 

«Basta de desplantes»

Por otro lado, los diputados frentistas que integran la Comisión Investigadora sobre gastos en entes y empresas públicas durante los años 2000-2005 dijeron «basta de desplantes» y por estas horas estudian acciones políticas ante los directorios de los partidos Nacional y Colorado para que finalmente sean éstos los que «entusiasmen» a sus correligionarios que alguna vez ocuparon puestos en entes públicos y que hayan sido citados por la Comisión para que acudan a las convocatorias que se les remite.

El órgano legislativo que desde fines de 2005 viene analizando los gastos administrativos e inversiones de las empresas del Estado ha analizado ya los casos del Banco Hipotecario, Antel y, desde hace casi un mes, los de UTE.

Sin embargo en todo este tiempo ningún ex jerarca del ente energético perteneciente a los partidos tradicionales ha concurrido al Parlamento tras ser convocado por la Comisión. Vestidos y sin visitas, los diputados del Frente Amplio leen estos «desplantes» como actitudes «sospechosas» de los ex jerarcas, por lo que están estudiando la posibilidad de que sean los mismos directorios de los dos partidos tradicionales los que ayuden al Parlamento en la tarea investigadora y, en cierta forma, obligando a los ex jerarcas a acudir.

Esta es una de las alternativas. La otra, señalaron voceros de la Comisión, es pasar directamente los antecedentes a la Justicia. Estas posibilidades serán analizadas el próximo martes en la reunión de bancada del FA. *