A fin de este año se aprobaría la ley de seguro obligatorio en vehículos

El mercado de seguros para automóviles en nuestro país estuvo monopolizado durante mucho tiempo por el Estado. Actualmente hay varias empresas privadas trabajando en el mercado y la actividad está regulada y controlada desde la Superintendencia de Seguros, dependiente del Banco Central de Uruguay.

Todo este historial pesa para que aún no se haya logrado un aceitado mecanismo de funcionamiento entre todas las empresas, aunque el presidente del BSE, Gustavo Vilaró, aseguró a LA REPUBLICA que se ha mejorado mucho el relacionamiento y se ha estado trabajando en conjunto en numerosos temas, lo cual no quiere decir que exista una unanimidad de posturas.

Si bien el número de vehículos en el país, aunque parezca increíble nadie lo sabe, puesto que se trata de una información privativa de cada Intendencia y, precisamente en todo lo referido a tránsito el país funciona en base a 19 feudos, lo que sí es cierto es que el BSE tiene el 60% de las primas contratadas para el seguro de automóviles.

La reciente aprobación de la Ley de Tránsito Nacional es el primer paso que se da en el país para comenzar a unificar criterios e información y romper las murallas feudales.

En ese marco se estudia una ley de seguro obligatorio de responsabilidad civil, instrumento definido por Vilaró como «una necesidad de la sociedad», en diálogo con LA REPUBLICA.

¿A qué se refería el jerarca? En la actualidad, si una persona resulta con lesiones en accidentes de tránsito pero el causante de las mismas no tiene seguro o patrimonio o posibilidades de reparar el daño, queda desamparada.

Partiendo del hecho de que esta situación en muchas sociedades se ha resuelto por la vía de hacer obligatorio el seguro de responsabilidad civil, Vilaró se mostró entusiasmado con el proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento y que «probablemente sea votado este año». En su origen se trata de un proyecto emanado del BSE.

El presidente de la entidad precisó el alcance de este seguro: «Cubre solamente las lesiones a las personas; no repara los daños materiales y se prefirió limitarlo a las lesiones personales, ,que son las más importantes ya que eso permite que el seguro sea de un costo menor».

 

Todo lesionado será reparado

«La ley parte de la premisa de que todo lesionado en un accidente de tránsito tenga siempre una reparación», agregó.

La diferencia con los actuales seguros que funcionan en la plaza, como el «seguro contra terceros», es que se trata de una responsabilidad objetiva; hay un daño por accidente y en consecuencia se paga. Acá no hay que demostrar culpabilidad o inocencia y el punto más interesante de todo esto es que quienes pagan el monto son las aseguradoras. La ley dice que se repartirán el costo en función de las pólizas que cada una tenga».

Ese punto genera preocupación, tanto en las aseguradoras privadas como en la estatal. «Todos planteamos la preocupación de que para implantar esta filosofía había que realizar una fiscalización fuerte para obligar a la gente a contratar el seguro, un control efectivo y algún artículo de la ley que habilite la posibilidad de retirar el vehículo o la libreta a quien no cuente con el seguro».

La ecuación es muy simple: «Si un porcentaje muy alto de vehículos, circula sin seguro, como hoy, su costo va a ser muy elevado y lo vamos a terminar trasladando a las pólizas de los asegurados, entonces va a ser un subsidio cruzado, el «vivo» va a seguir siendo «vivo» y el otro va a tener que pagar por él y por el vivo».

Si bien hay bastante consenso entre todas las compañías, las privadas discrepan con el BSE en que la ley proponga un máximo de 250.000 UI para indemnizar cada siniestro (y no a cada persona). Los privados entienden que la cantidad debe ser menor. Son » cosas que se están negociando pero nosotros somos firmes defensores de la ley», sostuvo Vilaró.

 

El costo del seguro

¿Cuánto costará a los propietarios de automóviles este seguro obligatorio? El presidente del Banco de Seguros estimó que no superará los $ 1.600 anuales pero, para poder hacer sustentable las 250.000 UI (alrededor de 17.000 dólares), es imprescindible que se universalice.

Ya se han estado presentando escalas para indemnizar de acuerdo al daño recibido. Según las empresas privadas se tendría que categorizar en: daños leves, medianos, graves y fallecimiento. Para una más fácil comprensión lectora no se detalla la calidad del daño sino el máximo a pagar por categoría: las lesiones leves, hasta 3.000 dólares, las medias hasta 19.999 dólares y las graves para montos superiores.

En la discusión que se ha llevado adelante en el Parlamento fue materia de análisis si se incorporaban los daños materiales, pero hubo unanimidad en cuanto a que «sería impensable que las compañías aseguradoras nos hiciéramos responsables cuando en un siniestro uno de los dos participantes no está asegurado, como sucede actualmente».

Otra de las particularidades del seguro es que el monto a repartir por daño causado es fijo, es decir, se reparte entre una o cinco o diez personas, las que hayan sufrido algún tipo de lesión. Se podría complicar más si alguno de los lesionados al tiempo fallece a causa del accidente, puesto que si el monto de 250.000 UI ya fue repartido, la familia del occiso no recibirá el resarcimiento mayor que está contemplado para estas situaciones por la inexistencia de fondos. «No todo es simple y previsible», acotó Vilaró.

Finalmente puntualizó que este seguro no contempla una instancia de análisis de culpa en el accidente y por lo tanto el cobro del seguro «no sirve de respaldo para posteriores acciones judiciales ya que se paga a todo aquel que resulte lesionado». *