Ezquerra justifica aumento y acata al TCR

El intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra (Partido Nacional), justificó en un comunicado de prensa la decisión adoptada por la Intendencia de Tacuarembó (IMT) de aumentar un 16% el sueldo del intendente y de cinco cargos de confianza, a través de la liquidación de julio, para «hacer frente a las nuevas obligaciones fiscales».

Ezquerra aclara en el comunicado de prensa que actuó «con total buena fe, con el asesoramiento profesional correspondiente claramente sustentado», y que nunca «se aumentó el sueldo líquido, sino las cargas sociales y presupuestales».

Según lo consultado ante su asesor jurídico, Fulvio Gutiérrez, el artículo 295 de la Constitución establece que el sueldo del intendente es fijado por la Junta Departamental, y que no puede ser modificado a lo largo del mandato. A su vez, según el comunicado, la Junta establece desde 1986 que el sueldo del intendente es líquido, y que las cargas sociales y presupuestales están a cargo de la IMT.

A partir de esta interpretación el director de Hacienda de la comuna liquidó los sueldos de julio determinando un aumento del 16% al intendente y a los cinco cargos de confianza. Según establece el intendente, en los primeros días de agosto consultó al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) acerca de la liquidación, y el 24 de agosto, en una resolución municipal, ordenó la suspensión del pago de sueldos.

Finalmente, el 6 de setiembre el TCR observa el aumento, estableciendo que el incremento de los sueldos se decidió para que los jerarcas «hagan frente a las nuevas obligaciones fiscales». En el informe establece que la Reforma Tributaria «es una ley nacional, cuya aprobación y aplicación no depende de la voluntad de la Junta ni del intendente municipal, y por lo tanto, las consecuencias de su aplicación no podrían considerarse como una alteración del salario del intendente».

Ezquerra aclara también que ya dispuso la reliquidación del mes de julio, y la liquidación de agosto de acuerdo al criterio del Tribunal, «a pesar de que el asesor letrado no comparte lo dictaminado por el TCR». *