La esquiva transparencia del Estado Uruguayo

LA REPUBLICA vuelve en su edición de hoy al polémico y delicado tema de los contratos de obra.

Luego de la publicación en LA REPUBLICA y en Latitud 30-35 de la existencia de 1.664 contratos de obra, entre los que se encontraban familiares de ministros, diputados y jerarcas del Estado, se produjeron pedidos de informes y el Parlamento exigió información.

En la edición de hoy damos cuenta de la respuesta entregada por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davrieux, al pedido de informes de la bancada de Senadores del Encuentro Progresista-Frente Amplio. De un análisis primario de esa respuesta se desprende que durante las administraciones de Sanguinetti y Lacalle se realizaron más de 9.500 contratos de obra por un monto superior a los 80 millones de dólares.

El 31 de julio cuando publicamos la primera información sostuvimos que entre los contratados «hay gente muy capacitada técnicamente y que seguramente desempeñó seriamente su labor». En un editorial publicado al día siguiente agregamos que «no existe ningún delito, ni nigún acto de corrupción, ni ninguna falta ética en aceptar un contrato de obra sin concurso». No están en cuestión pues las personas que accedieron a esos trabajos.

Lo que está en discusión es un procedimiento de contratación laboral que involucró a varios millares de personas y en el que se invirtieron decenas de millones de dólares.

Contrataciones que se realizaron mientras se reducía el número de funcionarios públicos y se recortaban las inversiones.

Un método de contratación tan poco transparente que el Parlamento recién se enteró a través de publicaciones periodísticas.

Un método de contratación que permitió que hijos de ministros y jerarcas del Estado, dirigentes políticos vinculados a los partidos tradicionales y operadores del poder se vieran beneficiados reiteradas veces con tareas muy bien remuneradas.

Un método de contratación que en la mayoría de los casos no incluyó el concurso y que hasta ahora el Tribunal de Cuentas no ha ratificado que pasó por su control. Todo ello en un país con un 14% de desocupación, donde la mayoría de los uruguayos ni siquiera se enteró de estas «posibilidades laborales».

Lo que está en discusión es la utilización del poder para beneficiar a familiares, correligionarios y operadores periodísticos y judiciales.

Lo que está en discusión, en definitiva, es la falta de tranparencia en el manejo de los recursos humanos y financieros del Estado.