El peso de la tradición, la familia y propiedad

La difusión, en julio pasado, de la existencia 1.664 contratos de obras y servicios, suscritos en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en pleno año electoral, cuyos beneficiarios –en número considerable– tenían relaciones familiares o políticas con jerarcas del gobierno anterior, originó un furibundo debate en el seno del sistema político y de la sociedad respecto a la cantidad, el monto y la conveniencia de estas erogaciones.

En el centro de la arena, se ubicaron el Foro Batllista y la izquierda, con visiones contrapuestas sobre las contrataciones. La discusión llevó varias veces al Parlamento al actual equipo económico que debió rendir cuentas de lo actuado por su antecesor encabezado por el economista Luis Mosca. No obstante, la presencia del contador Ariel Davrieux al frente de la OPP en los dos últimos períodos, lo convirtieron –de hecho– en el blanco de las consultas y de las críticas. Davrieux defendió la metodología de selección de los contratados y afirmó que «no es pecado» que aparezcan parientes de políticos o jerarcas entre los seleccionados.

Por su parte, el ministro de Economía Bensión y el propio presidente Batlle, procuraron –cada uno por su lado– deslindarse del tema. El gobierno, a partir de marzo, redujo a la mitad esos contratos laborales e instruyó a la Junta Asesora en Materia Económica para encontrar mecanismos con el fin de dotarlos de mayor transparencia.

Uno de los aspectos más cuestionados fue la constatación de la existencia de funcionarios contratados con lazos familiares y de amistad con altos jerarcas, tanto del actual como del anterior gobierno. El jueves 28 de julio, se publicó el primer informe periodístico sobre el tema, en la revista «Latitud 30-35″. La publicación informó que la OPP realizó 1.664 contratos de obra y de servicio, durante 1999, a través de créditos y donaciones internacionales. La revista quincenal agregó que esos contratos, suscritos para llevar adelante 53 proyectos, no fueron sometidos al control del Tribunal de Cuentas ni del Presupuesto, y tuvieron un costo estimado de 25 millones de dólares.

Posteriormente, y en respuesta a un pedido de informes, el director de la OPP, Davrieux presentó en el Parlamento la información oficial, describió los proyectos y aportó el listado de personas contratadas, el costo global y lo efectivamente gastado. En la oportunidad, el funcionario agregó once nombres a lo publicado por la revista: en realidad, durante 1999, un total de 1.675 personas tuvieron un contrato vigente.

Más contratos

No obstante, en el mes de setiembre, en respuesta a otro pedido de informes remitido por el Encuentro Progresista-Frente Amplio, la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), reveló al Parlamento la existencia de otros 927 contratos de obra, celebrados a partir de 1992, que se sumaron a los 1.675 ya informados por la OPP.

Retribuciones encubiertas

En su último informe, la Auditoría Interna de la Nación comprobó irregularidades de distinto tenor en dependencias de ocho ministerios. El caso de los contratos de obra y servicios no fue ajeno al estudio suscrito por el auditor contador Gustavo Mastroianni.

La única referencia aparece en el capítulo destinado al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y en particular, referido a la Dirección General de Secretaría. Allí, la auditoría comprueba que el MEC «contrata funcionarios dependientes de la Administración mediante convenio con organismos internacionales» y recomienda que en el futuro se incorporen a los convenios las exigencias establecidas en el artículo 43 del Tocaf (no tener la calidad de funcionarios públicos ni ser dependientes del mismo organismo donde se cumplen funciones), el artículo 15 de la Ley Nº 16.462 (no ser funcionarios públicos) así como el artículo 35 del Tocaf (contratación de profesionales o técnicos por concurso de méritos y antecedentes, ya que se tratan de contratos que superan el monto fijado para la compra directa). Asimismo, estableció que el MEC «deberá informar a esta Auditoría Interna de la Nación si se ha cumplido con las estipulaciones establecidas en los mismos, ya que de lo contrario estaríamos bajo una retribución personal encubierta».