Comisión de Derechos Humanos "rezongó" a Uruguay por vigencia de la Ley 15.848

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió ayer que el Estado uruguayo continúa incumpliendo la Resolución 29/92 y las recomendaciones que hace 15 años se le hicieran ante la incompatibilidad de la Ley de Caducidad con los convenios internacionales firmados por el país.

Al clausurar ayer la sesión de seguimiento sobre el caso, el presidente de la CIDH, Florentín Meléndez, le dijo a la embajadora uruguaya ante la OEA, Luján Flores, que las recomendaciones de la comisión implican «obligaciones jurídicas, políticas y morales, y exigían un «fiel» y «total» cumplimiento.

La dura afirmación «diplomática» del titular de la CIDH se produjo minutos después que la embajadora Flores terminara de leer una extensa declaración de Uruguay sobre los avances del actual gobierno en materia de derechos humanos en la que no se llegó a mencionar ni una vez la Resolución 29/92.

La embajadora Luján Flores fue la única funcionaria enviada por el gobierno de Tabaré Vázquez a la tercera sesión de seguimiento de la CIDH sobre las acciones que el Estado uruguayo realiza para acatar la resolución que durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle condenó a la Ley 15.848. Flores leyó la declaración del Estado uruguayo luego que los representantes del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), Jorge Pan y Diego Camaño, expusieran que aunque hay avances en materia de derechos humanos, la vigencia de la ley mantiene el incumplimiento del Estado.

La sesión estuvo encabezada por los comisionados Clare K. Roberts, Víctor Abramovich, Santiago Canton, Emilio Fernández Arévalos y Paolo Carroza (designado hace un mes como nuevo relator de la CIDH para Uruguay). Se ausentó de sala el comisionado Freddy Gutiérrez, ex relator para Uruguay.

 

El «rezongo» de la CIDH

Al agradecer la participación de las partes en la sesión, el presidente Florentín Menéndez recordó que es misión de la CIDH «solicitar información, especialmente al Estado, sobre la forma de cumplimiento de recomendaciones que jurídicamente, y no sólo política y moralmente, son obligatorias para los Estados miembros de la OEA firmantes de la Convención Americana».

«Y digo que no sólo jurídicamente son obligatorias porque, además, en un caso que estamos conociendo ahora, política y moralmente son vinculantes para los Estados, generan obligaciones morales y políticas para los Estados», dijo en lo que algunos observadores consideraron una referencia al Caso Gelman, «Porque, como estamos viendo ahora, está de por medio no sólo el interés particular de las víctimas sino el interés de la sociedad uruguaya y la sociedad de la región. Estamos discutiendo, entre otros aspectos, el derecho a la verdad que el Comité Interamericano ha acuñado con mucha firmeza no sólo como un derecho individual sino como un derecho colectivo», subrayó.

«Además, en este caso, estamos conociendo las medidas que el Estado está obligado a tomar para garantizar no sólo la justicia, que implica una investigación imparcial sin excepciones y el combate a la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos, sino sobre todo la reparación integral a las víctimas por daños materiales y daños morales», enfatizó. Menéndez concluyó: «La CIDH apreciará muchísimo, señora embajadora, que su gobierno le permita mantener informada a la CIDH sobre los avances y las medidas que se vayan tomando para dar el fiel cumplimiento y total cumplimiento a todas las recomendaciones que emanan del informe 29/92″.

 

¿Caso Gelman a la Corte?

Durante la sesión pública que sobre el caso uruguayo realizó ayer la CIDH en el Granados Park Hotel de Asunción, quedó en evidencia la débil situación que tiene el Estado uruguayo ante la comisión de la OEA luego de quince años de desencuentros motivados en el incumplimiento de la Resolución 29/92.

En 1992 la CIDH realizó dos pronunciamientos históricos contra las leyes de amnistía, punto final y similares con las resoluciones 28/92 para Argentina y la 29/92 para Uruguay. Aquella resolución en la OEA fue un argumento utilizado por los jueces argentinos para anular en su país las normas de impunidad.

En Uruguay, por el contrario, la CIDH vivió una situación de enfrentamiento con los sucesivos gobiernos electos y en particular con el ex canciller Didier Opertti, cuyas respuestas a las inquietudes de la comisión de derechos humanos implicaron un desconocimiento total del organismo.

Fuentes de la CIDH explicaron a LA REPUBLICA que Uruguay había sido hasta ahora uno de los países que menos había cumplido las recomendaciones contra las leyes de impunidad que, en el caso chileno, por ejemplo, llevaron a la presidenta Michelle Bachelet a modificar leyes impuestas en la dictadura.

Las resoluciones contra las leyes de impunidad fueron hechas públicas para evidenciar entonces la situación de esos países ante la comunidad internacional, pero realizada su difusión los casos no pudieron ser derivados al Comité Interamericano de Derechos Humanos, cuya sentencia es obligatoria.

Las fuentes no descartaron que, ahora, con la admisión del Caso Gelman, cerrado en dos ocasiones por la propia Ley de Caducidad, el tema ­si no existe una solución jurídica en Uruguay- termine por ser juzgado por el máximo organismo jurisdiccional de la Organización de Estados Americanos. *