La Junta canaria reclama investigaciones y sumarios

Danilo Albín – Canelones

En la noche del pasado viernes el deliberativo comunal analizó la observación efectuada a la Intendencia Municipal de Canelones (IMC) por el Tribunal de Cuentas, cuyos integrantes recomendaron investigar este caso, y advirtieron que podría derivar en «responsabilidades civiles y penales».

«Seguramente el Tribunal de Cuentas forma parte del complot que el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), la Lista 15 y el Partido Nacional llevan adelante contra la IMC», afirmó durante la sesión el edil de Asamblea Uruguay (AU) Juan Ripoll, quien en tono irónico, sostuvo que los ministros del Tribunal «deben ser todos comunistas, tupamaros, comeniños y enemigos de la democracia».

Mientras tanto, el edil socialista Dante Huber destacó que «es la tercera vez en la administración de Hackenbruch que el Tribunal de Cuentas denuncia que la IMC no está vertiendo en tiempo y forma determinados aportes a organismos estatales» y recordó las observaciones que involucraban al Banco de Previsión Social, el Banco de Seguros del Estado y el BROU. Según reveló, «esto también ocurre con cooperativas y sociedades médicas».

Expresó que hasta el pasado 30 de junio «la IMC debía 25 millones 771 mil 198 pesos al BROU». «El 21 de setiembre suscribió un convenio de pago, pero la irregularidad denunciada por el Tribunal de Cuentas ya estaba configurada». «No podemos decir que el tesorero o el director de Hacienda fueron quienes no vertieron los aportes al BROU; de todo esto debía tener conocimiento el intendente», agregó.

Investigaciones y sumarios

Tras realizar estas puntualizaciones, el EP-FA propuso la realización de investigaciones administrativas y que además la Junta pasara los antecedentes a la Justicia penal. El edil de la Lista 321 del Partido Colorado Jorge Trigo se manifestó contra esa posición, y argumentó que «en una denuncia penal debe decirse quiénes cometieron un delito». De todos modos, resaltó que en Canelones «se usaron fondos de funcionarios para otros fines». Luego de un cuarto intermedio, el EP-FA, la 15 y el Partido Nacional aprobaron una moción presentada por los curules blancos y quincistas en la cual se planteó «remitir a la IMC la recomendación de la Junta para que se practiquen las investigaciones administrativas y los sumarios necesarios a efectos de establecer las responsabilidades del o los funcionarios cuya actuación determinó la observación» del Tribunal.

El gobernante Foro Batllista rechazó cualquier tipo de investigación, al tiempo que la alternativa presentada por la coalición de izquierda respecto a enviar el caso a la Justicia penal fue rechazada por los ediles blancos y colorados.