Segunda etapa

«Mañana (por hoy) empieza una segunda etapa; la primera fue unir voluntades con organizaciones sociales, partidos políticos y la población para ir sensibilizando sobre el daño que causa una ley de estas características, que consagra la impunidad», dijo a LA REPUBLICA el abogado del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) Guillermo Payseé.

El jurista no descartó la posibilidad de que la anulación se consume por la vía parlamentaria. «También hay que tener en cuenta que el Poder Legislativo, que hasta el momento no ha tomado plena conciencia en este tema, por mayoría simple puede hacer caer la ley», explicó.

«El Parlamento está a tiempo de reaccionar y ver que Uruguay está siendo observado por organismos internacionales porque tenemos vigente una ley con la que el Poder Judicial, cada vez que recibe una denuncia sobre violaciones a los derechos humanos, debe consultar al Poder Ejecutivo, lo que hace que la separación de poderes no esté muy clara», reflexionó Payseé. *