El EP-FA analiza demandar a Hackenbruch ante la Justicia

Canelones

La sesión de la Junta Departamental de Canelones prevista para esta noche tendrá lugar 72 horas después que las bancadas del EP-FA y el Partido Nacional lograran aprobar una censura a Hackenbruch, exigiendo además que removiera de sus cargos a la secretaria general de la comuna, Marianella Medina, y a los directores Eduardo Pereyra (Obras) y Diego Porcile (Turismo). El Foro Batllista sostiene que la votación no tuvo validez legal, mientras que fuentes municipales aseguraron que los citados jerarcas permanecerán en sus lugares.

Tal como informó LA REPUBLICA, el Tribunal de Cuentas emitió semanas atrás una resolución acerca del endeudamiento que la Intendencia Municipal de Canelones (IMC) mantiene con la mencionada institución bancaria estatal a raíz de las «retenciones sobre sueldos por concepto de préstamos otorgados a funcionarios municipales por la División Crédito Social del Brou y no vertidos en tiempo y forma a dicha institución».

En su resolución, el órgano de contralor advierte que «como consecuencia del atraso, el Banco se ha visto obligado a dejar sin efecto la habilitación que mantenía la comuna para la tramitación de tales préstamos», destacando que esta situación implicó que los funcionarios «se ven imposibilitados de gestionar préstamos ante la citada Intendencia».

Señala que «la no versión de dichos importes constituye una irregularidad en el manejo de los fondos públicos» y resalta que «de la situación comunicada podrían asimismo derivar responsabilidades civiles y penales». El Tribunal sugirió además que la IMC «practique una investigación administrativa o sumarios con las garantías del debido proceso» para determinar responsabilidades».

Pase a la justicia

Al analizar este dictamen en una sesión a la que se prohibió el ingreso de la prensa, la comisión de asuntos financieros y legales de la junta departamental emitió -con la oposición de los representantes foristas- la siguiente declaración: «1) remitir a la IMC la recomendación de esta junta departamental para que se practiquen las actuaciones administrativas necesarias a efectos de establecer las responsabilidades del o los funcionarios cuya actuación determinó la observación referenciada en el acápite. 2) Que se comunique a esta junta departamental las resultancias de las actuaciones administrativas, a sus efectos».

Fuentes frenteamplistas consultadas por LA REPUBLICA señalaron ayer que la bancada de la coalición de izquierda planteará modificar el fallo de la comisión y promoverá enviar los antecedentes del caso a la justicia civil y penal. Los informantes apuntaron que el atraso en el vertimiento de los aportes se registró durante la suplencia ejercida por Fernández y las primeras semanas del segundo gobierno consecutivo de Hackenbruch, por lo cual ambos dirigentes colorados quedarían expuestos como responsables de la irregularidad constatada por el Tribunal de Cuentas.

El EP-FA evalúa además proponer que en lugar de «actuaciones adminstrativas» el plenario del deliberativo comunal exija que se efectúen sumarios para determinar responsabilidades. Según las fuentes consultadas por este matutino, el atraso en el vertimiento al Brou «le cuesta a la IMC más de un millón de dólares» por concepto de multas e intereses impuestos a la refinanciación.

Allegados a la bancada de ediles encuentristas expresaron que si la justicia competente dictamina que hubo delito, el EP-FA impulsará el juicio político contra Hackenbruch. De todos modos, calificaron como un «primer paso» hacia esa alternativa -para la cual cuenta con los 11 votos necesarios- la formulación de una denuncia ante la justicia.