Sorteos para  cubrir vacantes

El Parlamento estudia un proyecto de ley por el cual, en un futuro cercano, trabajadores desocupados, los ex presos y los indigentes inscriptos en el Mides podrán participar en igualdad de condiciones por un puesto de trabajo en una obra pública que por su característica, demande más de una semana de trabajo.

El proyecto en cuestión propone sortear mediante una lotería los puestos laborales que se generan cuando se realizan obras mediante el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas públicas no estatales o las empresas contratadas por éstos.

Según la exposición de motivos, el objetivo «es satisfacer con mano de obra local la demanda de personal no permanente, peones prácticos u obreros no especializados, que el Estado o las empresas que éste contrate o subcontrate, puedan requerir en la ejecución de las obras públicas, cuando su personal permanente sea insuficiente». La intención básica es cubrir la demanda del personal con aquellos habitantes que residan cerca del lugar donde se realiza la obra pública.

Este proyecto de ley que se está debatiendo en la Comisión de Trabajo de Diputados sustituye una vieja ordenanza de 1943, la Ley Nº 10.459, que desde su promulgación contadas veces rigió, debido a su complejidad operativa, se señala.

El proyecto de ley fue redactado por el diputado socialista Gustavo Bernini y establece el orden y porcentaje que le corresponderá a cada sector de la población, según su estado laboral y social. En el articulado se dispone que el 60% de los cargos a disponer «corresponderá a los inscriptos en el registro de aspirantes avecindados en el departamento». El 90% de los elegidos «deberán ser ciudadanos naturales o legales, pero el 10% restante podrá aumentar cuando no hubiere aspirantes del primer grupo. En idéntica proporción tendrán preferencia los aspirantes jefes de familia y las personas con familia a su cargo. Además, 35% corresponderá a quienes integren la lista que confeccionará el Ministerio de Desarrollo Social conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 5% restante corresponderá a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados».

El proyecto contempla también la aplicación de multas y sanciones a las empresas que no tengan en cuenta el mecanismo del sorteo para cubrir sus eventuales vacantes. *