Más control en el Estado

El 70 por ciento de los artículos llevan la firma del Partido Nacional e incluye dos propuestas del Encuentro Progresista, según el texto al que accedió LA REPUBLICA

Modificaciones de último momento determinaron que el Poder Ejecutivo dispusiera retrasar el ingreso de la iniciativa para su estudio en el Parlamento. Agendado estaba que el proyecto llegaría entre hoy y mañana a la comisión especial que a tales efectos se conformaría. Un alto vocero de uno de los partidos de gobierno confirmó que técnicos del Ejecutivo ultiman los detalles de las normas que contiene el articulado.

Análisis

El texto ya está en manos de todos los partidos políticos. Los últimos en obtenerla fueron el Encuentro Progresista-Frente Amplio y el Nuevo Espacio. Ayer, durante toda la tarde, la bancada encuentrista de Diputados estuvo tomando contacto con aquellos artículos que por su característica demandan un análisis más profundo.

Fomento de empleo, fiscalización de sociedades comerciales, normas concursales y violación a las disposiciones sanitarias del Estado son algunos de los capítulos del proyecto. En su contenido también hace referencia a la fiscalización de las sociedades comerciales que tiene que ver con todo el dominio comercial e industrial que tiene el Estado.

Se autorizará a «participar en emprendimientos o asociaciones con entidades públicas o privadas nacionales o extranjeras, cuando el consorcio o sociedad constituida admita jurídicamente la existencia de un órgano de contralor interno integrado por sus representantes o en forma proporcional a su participación».

Por otro lado, se establece que los organismos de contralor deberán informar al Ejecutivo sobre estos emprendimientos, con una antelación no inferior a 30 días. «Asimismo, en forma anual deberán informar al Poder Ejecutivo sobre la gestión de la sociedad o emprendimiento respectivo así como toda otra información de carácter contable, jurídico o empresarial que sea sometida a su consideración en un plazo no inferior a 30 días de producido el informe».

El proyecto crea, además, las «escuelas de auditores gubernamentales», en la órbita del Tribunal de Cuentas de la República. Tendrá como finalidad «fortalecer el proceso de capacitación de personal y contribuir al mejoramiento y a la transparencia y la gestión del Estado». Funcionará con autonomía técnica y estará dirigida por un Consejo Académico. Entre sus cometidos, estará «impartir y mantener el programa de formación y actualización de auditores gubernamentales, incluir en el mencionado programa técnicas modernas de prevención, detección y corrección de corrupción administrativa en el sector público y establecer sistemas de capacitación basado en tecnología de punta para la transmisión e interacción real de conocimientos y experiencias en el ámbito nacional, regional e internacional».

Por otra parte, se crean dos Juzgados Letrados Nacionales de Concurso por transformación de dos Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil, que actuarán «en todos los procesamientos concursales, ya sea: concordatos, concursos civiles, moratorias de sociedad anónimas, quiebra y liquidación judicial».

Soluciones habitacionales

El proyecto agrega una norma que se refiere a las «Viviendas para Pasivos», trasladando al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes de vivienda y soluciones habitacionales en general para los jubilados y pensionistas pertenecientes al Banco de Previsión Social y la instrumentación de políticas nacionales en la materia.

Dispone, también, que los recursos provenientes de la recaudación del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) se destinará al suministro de soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS, correspondiente del artículo 2° de la Ley 17.217 del 24 de setiembre de 1999″. El Banco de Previsión Social se encargará de la conformación de un registro de aspirantes» para estas viviendas.

El proyecto crea las «licencias para funcionarios públicos y privados por adopción», concediéndole los mismos derechos a padres adoptivos que a los biológicos; incluye un proyecto redactado por Gonzalo Aguirre sobre «Recursos Administrativos»; dispone la actualización del registro del RAVE y la creación de un registro de inmuebles del Estado»; regula la importación de gas natural al por mayor, la fusión de cooperativas de vivienda por ayuda mutua y las normas vinculadas al deporte.

«Efecto aftosa»

Uno de los proyectos de reciente ingreso a la extensa nómina de normas de esta nueva Ley de Urgencia se refiere a la «violación a las disposiciones sanitarias». La reciente experiencia provocada por la aparición de los focos de fiebre aftósica en el departamento de Artigas determinó la redacción de este artículo.

La violación a la Ley determinará sanciones penales que van de 13 a 24 meses de reclusión.

Actualmente no existen penas, a pesar de la voluntad manifestada por el propio presidente Batlle en sancionar a los responsables en la aparición de la aftosa.

En el caso de constatarse insolvencia monetaria, la o las personas involucradas deberán estar en prisión a razón de un día por cada Unidad Reajustable no pagada.