“Se debe ser intolerantes con la delincuencia, y no se deben defender los derechos humanos de hace 30 años, sino los derechos humanos de los ciudadanos del país, ahora”, graficó Jorge Larrañaga, al considerar que “en Uruguay hay un grave problema de delincuencia e inseguridad ciudadana”.
Las apreciaciones de Larrañaga fueron efectuadas en conferencia de prensa, en informe recogido por Radio Carve desde una emisora josefina y mediante un documento presentado ante la Comisión Nacional de Alianza Nacional que culminó ayer en la Hostería del Parque del departamento de San José bajo la consigna “Somos la alternativa positiva”.
El otro tópico en que Larrañaga enfatizó fue en el funcionamiento de las escuelas públicas durante los 365 días del año.
“La pobreza se concentra en los niños/as que son, a su vez, los de mayor vulnerabilidad social. El país asiste impasible al condicionamiento de la sociedad creando lesiones incurables en el tejido social”, evaluó Larrañaga.
Para Alianza Nacional hay que “transformar a la escuela de los hijos en escuela de la familia entera”.
“En una primera instancia, el plan operará sobre 100 zonas identificadas en todo el país, donde se ubican los hogares con mayor riesgo social”, dijo.
Se busca “un mayor vínculo de la escuela pública con la familia y la comunidad, trabajando en redes con instituciones de servicio de cada zona, como forma de sumar recursos y coordinar acciones de protección social”.
Los liderados por Larrañaga señalan que “a pesar de la complejidad de esta problemática, hasta la fecha nuestro país no cuenta con medidas sistemáticas, coherentes, sostenibles y eficientes para enfrentarlas”. “Las respuestas estatales se han caracterizado por ser reactivas, dispersas, fragmentarias, contradictorias y últimamente, también ideologizadas sin obtener soluciones eficaces”, agrega.
Según AN “no obstante la política de seguridad para ser verdaderamente eficaz debe estar integrada a esas otras políticas (sociales, educativas, laborales, sanitarias, entre otras) en un proceso de continua retroalimentación”.
Impulsan la protección a la víctima: “compensar económicamente a las víctimas en lo referente a tratamientos médicos, medicamentos, como así también por la imposibilidad de asistir al trabajo”.
También “crear 24 Centros de Atención Integral a los consumidores de pasta base, 4 de ellos en Montevideo, 3 en Canelones y 1 en cada una de las restantes capitales departamentales”. Abogan por una “dedicación exclusiva de los policías, y establecer un salario mínimo policial de $ 12.000 líquidos para la Policía ejecutiva”. *
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