Michelini recibió ayer el texto de la segunda Ley de Urgencia

El Poder Ejecutivo entregó ayer al líder del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, una copia de la segunda Ley de Urgencia elaborada por la coalición de gobierno, en la que se busca dar un fuerte impulso a la generación de empleo, según explicó ayer el secretario de la Presidencia, Raúl Lago.

De esta forma, el gobierno completó la entrega del texto a todas las fuerzas políticas. El jerarca confirmó que la segunda Ley de Urgencia contiene algunas iniciativas del Encuentro Progresista-Frente Amplio. Una de ellas se refiere al fomento del empleo.

Lago dijo: «En este tema «hemos encontrado una gran coincidencia con relación a la opinión y al pensamiento de todos los sectores políticos: el presidente ha estado manifestando en reiteradas oportunidades su preocupación para buscar medidas que incentiven el empleo; el Partido Nacional había trasmitido su inquietud también, y oportunamente Tabaré Vázquez le había remitido al presidente algunas inquietudes referidas a la reactivación del empleo».

La medida establece que se exonerará por un año de los aportes patronales a todas las empresas que contraten nuevo personal.

Una medida similar se incorpora para la construcción, donde se exonerará del pago de los aportes a todos aquellos emprendimientos «que tengan determinada cantidad de metraje, o sea lo que es realmente una inversión en materia de construcción». Lago informó que aún no se conoce exactamente cuándo será enviada la segunda Ley de Urgencia al Parlamento, dado que todavía hay que «pulirla».

Además, indicó que el tema se terminará de discutir en el propio Parlamento.

«No me parece que sea una buena medida llevar todo tan ajustado estrictamente, o sea la discusión puede mejorar el proyecto, ahí hay 99 diputados y 31 senadores que van a considerarlo y entonces ahí pueden encontrar otra medida». La segunda Ley de Urgencia también contiene medidas que tienen que ver con la fiscalización de las sociedades comerciales en las que participen los entes autónomos y servicios descentralizados; la creación de una «Escuela de Auditores Gubernamentales», modificación del sistema del RAVE; y la posibilidad de crear sociedades comerciales deportivas así como la protección de talentos deportivos.