La crisis política canaria llegó ayer al Parlamento

Una resolución de la Junta Departamental de Canelones, la 1673, habilitó a la Intendencia canaria a la enajenación de 14 predios inmersos en la enmarañada Ciudad de la Costa de Oro. En total, 57.231 metros cuadrados de espacio sin construcciones. El argumento esgrimido es que con el resultado producto de la venta de esas parcelas, la comuna destinará el 80 por ciento para la realización de obras de alumbrado público y caminería de asfalto en el 30 por ciento de la zona cercana a la ubicación de los predios, 50 por ciento para el resto del departamento y el 20 por ciento restante destinado a la construcción de un nuevo edificio para el deliberativo comunal.

La administración Hackenbruch espera recoger 6 millones de dólares como producto de estas catorce parcelas. La enajenación de los terrenos se realizaría mediante llamado a licitación pública, sin conocerse el destino que le dará en el futuro el eventual propietario.

El precio mínimo base para las ofertas del llamado a licitación referido será –según el repartido municipal– de 40 dólares por metro cuadrado para los predios mayores a una hectárea y de 80 dólares por metro cuadrado para los predios menores de una hectárea.

Tras conocerse la resolución de la Junta canaria, casi dos mil habitantes de las zonas de San José de Carrasco, Shangrilá, Lagomar y Solymar interpusieron un recurso de inconstitucionalidad, por entender que los predios a enajenar deben permanecer como espacios verdes y públicos. El recurso interpuesto está amparado en el artículo 303 de la Constitución de la República.

A juicio de los diputados de la Lista 15 y de algunos del Herrerismo, tanto a la Intendencia de Canelones como a los vecinos les asiste razón jurídica. «La Comisión de Constitución y Códigos tiene como función obrar en función de la legalidad y solamente en ese ámbito es que vamos a tomar una posición definitiva. Nuestra intención no es politizar este tema, por lo que no vamos a expedirnos basándonos en simpatías y antipatías políticas», dijo el diputado quincista Jorge Barrera.

En tanto, quien más notoriamente se pronunció a favor de los habitantes de la Costa de Oro fue el representante Luis Alberto Lacalle Pou. «Aquí no se trata sólo de evaluar argumentos de oportunidad, sino que el artículo 303 de la Constitución marca claramente que es violatorio de la Constitución y las leyes».

Lacalle Pou también consideró la situación generada en la Costa de Oro desde el punto de vista personal: «Esto engloba toda una crítica que le hemos hecho al gobierno departamental canario». «Las calles de Ciudad de la Costa fueron pavimentadas con una técnica que no está acorde con el tránsito que hay en la zona, según dijo en la misma Junta Departamental de Canelones el director de la comuna Alberto Pereyra, quien agregó que en el período pasado únicamente se le había otorgado a la administración municipal el 10 por ciento de los fondos solicitados», afirmó Lacalle.

«Nosotros vemos que la Intendencia se está atando las manos para un crecimiento desordenado», sentenció.

El legislador entiende que la ordenanza municipal debe amparar y preservar los espacios públicos, aunque llegado el caso debería destinar esos espacios para la construcción de escuelas o liceos. «No creemos que la Intendencia esté haciendo un buen uso de esos espacios públicos», dijo el dirigente herrerista.