Los dos criterios sobre la "reserva"

En la interpelación al ministro Brezzo del pasado miércoles, el senador socialista José Korzeniak apeló a información judicial reservada para afirmar que la Armada Nacional ya conocía desde el mismo 5 de agosto que la responsabilidad del accidente entre el «ROU Valiente» y el «Skyros», le correspondió al barreminas uruguayo.

En la Comisión General del Senado sobre el «caso Arbilla», se aludió constantemente a la información obtenida, desde ámbitos judiciales o policiales, por el empresario periodístico que dirige el semanario Búsqueda, y que lo involucraba como nexo con el Cártel de Juárez ligado al narcotráfico.

Es similar el caso de la discusión sobre la política azucarera con la presencia de los ministros Sergio Abreu (Industria, Energía, y Minería), Gonzalo González (Ganadería, Agricultura y Pesca), y el canciller Didier Opertti, ocasión en que éste último anunció que no se revelarían determinados datos para no afectar la estrategia uruguaya ante sus pares del Mercosur.

«Los servicios de Korzeniak»

«Este es un documento secreto que yo no quiero violentar, pero veo que los servicios de Inteligencia del senador Korzeniak funcionan muy bien y viene manejando datos que nosotros también los tenemos pero que preferimos mantener en la confidencialidad», sostuvo el pasado miércoles el ministro Brezzo ante una afirmación del miembro interpelante José Korzeniak.

Minutos antes, el senador socialista recordó que en su comparencia del 28 de agosto, las autoridades de la Armada Nacional acompañadas por el ministro Brezzo expresaron que la responsabilidad del accidente la tuvo el barco mercante griego con bandera panameña, «Skyros». Un mes después, efectuaron «un tremendo viraje» y admitieron la responsabilidad de la tragedia en el barreminas «Valiente».

Sin embargo, y en base a información presumarial a nivel judicial, Korzeniak expresó que «eso no era verdad. Desde el día 5 de agosto, el mismo día del choque» se interroga a los naúfragos de parte del capitán de navío, Fernando Silveira, y el teniente de navío, Fernando da Rosa, «se concluye que la responsabilidad del choque fue del ‘Valiente'», aseguró Korzeniak. En tanto, el subsecretario fue enfático al afirmar que la documentación secreta en poder de la secretaría de Estado concluía que la responsabilidad no era de exclusividad del barreminas «Valiente», sino compartida con el carguero «Skyros».

Tanto el titular de la cartera como el subsecretario cuestionaron reiteradamente el manejo de información por parte del miembro interpelante por entender que tiene carácter confidencial en el proceso militar de la Justicia competente.

Los jerarcas de la cartera de Defensa Nacional sostuvieron que las conclusiones de que el barreminas «ROU Valiente» fuera el responsable, no coincide con el documento confidencial que maneja la secretaría de Estado.

Por su parte, el senador José Bayardi (Vertiente Artiguista), quien suplantó a Enrique Rubio, afirmó que «no tiene derecho alguno el Poder Ejecutivo a no darle información al Parlamento», y que ello hace al equilibrio de poderes del Estado. Pero el Ejecutivo y el oficialismo no midieron con la misma vara y tuvieron un criterio contradictorio en el uso de información reservada por parte de un senador de la oposición cuando esa información confidencial fue utilizada por el director del semanario Búsqueda, Danilo Arbilla (ver recuadro aparte).

«Oficios y documentos policiales»

En tanto, en los días 22 y 23 de junio pasado, el Senado llevó a cabo la Comisión General que analizó en presencia del ministro del Interior Guillermo Stirling el denominado «caso Arbilla». El legislador tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro acusó al director del semanario Búsqued, Danilo Arbilla, de «haber hurtado documentos confidenciales judiciales o policiales». «Si no llevo mal la cuenta, el señor Danilo Arbilla ha conseguido tres oficios sucesivos del Juzgado y cuatro documentos policiales, algunos de ellos muy confidenciales. Quería preguntar al señor ministro si el Ministerio del Interior hizo alguna indagatoria con relación a estos hurtos», sostuvo el senador del MPP.

Además, agregó Fernández Huidobro, «el señor Danilo Arbilla ha expresado que en esto no ha actuado como periodista, sino como ciudadano, pero en cualquiera de los dos casos me gustaría saber si el Ministerio del Interior o la Policía han iniciado investigaciones con relación a los hurtos cuyo producto usufructuó el señor Arbilla. No quiero acusar a nadie, pero sencillamente esos documentos fueron robados del Ministerio del Interior y del Juzgado». En ese sentido, el parlamentario del MPP inquirió «si los señores vicepresidente y presidente de la República formularon denuncia ante el señor ministro o ante la Justicia por la tenencia, por parte del señor Arbilla, de documentación, me gustaría averiguar cómo llegó a sus manos, así como documentos confidenciales, en especial, los de la Policía».

«Periodistas reducidores»

Ante dichos conceptos de Fernández Huidobro, la reacción del senador oficialista Yamandú Fau no se hizo esperar: «El señor senador afirma que fueron hurtados. Quiere decir que ahora este país tiene una nueva categoría de periodistas. Usando un término que ahora la materia penal ha cambiado pero que se conocía mucho en el pasado, podemos decir que ahora hemos inventado la categoría de los periodistas reducidores. O sea que reciben información hurtada y actúan como reducidores; la toman y la publican».

Para Fau no se puede decir que los periodistas «manejan información hurtada, que saben que son producto del hurto y que están vinculados a un circuito de esa naturaleza». «Hay algo más grave. Aquí se dijo que sería bueno saber cómo llegó esa información a los medios de prensa y que tenemos que averiguar cómo es que se la consigue. ¿No nos agravia proclamar que hay que averiguar cómo la prensa consigue la información? ¿Qué es esto? ¿Dónde quedan los valores del ejercicio de la libertad de prensa? ¿Qué independencia van a tener los periodistas, cuando desde este Parlamento se reclama que se averigüe cómo consiguen la información? ¿Dónde queda el secreto profesional, sagrado, que es lo que permite a un periodista ser libre e independiente?», inquirió Fau.

Para el senador colorado, «resulta que ahora, en pleno ejercicio de las instituciones democráticas, queremos investigar a la prensa para que nos diga cómo consigue la información».

Fernández Huidobro precisó el alcance de sus afirmaciones, señalando que «no quiero averiguar cómo consigue la prensa los documentos que obtiene y que no publica, o que publica con posterioridad. Lo que sí quiero averiguar es quién sacó los documentos de donde estaban y que a lo mejor los vendió, ya que no sé cómo llegaron a manos de la prensa».

Su colega socialista, Reinaldo Gargano también aludió a este hecho: «Nosotros estamos protegiendo la libertad de prensa; los periodistas pueden investigar todo lo que quieran». Pero «en este caso –agregó Gargano– es un imputado el que obtiene eso, quien lo lleva y se entrevista con el vicepresidente de la República, y le dice que tiene esos materiales. Entonces, me pregunto: ¿el vicepresidente de la República no pensó en cómo y de dónde los obtuvo? Me parece muy serio todo esto».

Y sin imaginarse lo que sucedería meses después cuando el senador Korzeniak manejó información judicial, Gargano convocaba a sus pares a realizar el siguiente ejercicio de razonamiento. «Cambiemos los papeles: si los hubiera logrado obtener un senador de la República perteneciente al Frente Amplio-Encuentro Progresista y hubiera hecho un manejo d
e esta naturaleza, ¿qué hubiera ocurrido? Aquí no se trata de que un periodista, que no tiene nada que ver con el tema, consiga una información y la saque o se la dejen en un sobre por debajo de la puerta. Quizá en este caso sucedió eso, pero hay que averiguar quién extrae esa información y la da», exigió Gargano. Por tanto, «me parece que esto no es normal y no se puede argumentar, diría yo, falazmente, pretendiendo endilgar a quienes nos preocupamos porque este tipo de cosas ocurren, que estamos violando la libertad de prensa».

«Características confidenciales»

Como respuesta, el ministro del Interior, Guillermo Stirling le contestó al senador Fernández Huidobro que los documentos que están en el Juzgado, publicados por el semanario Búsqueda, «son auténticos».

Cuando el legislador del MPP le solicitó ampliación de determinada información, la respuesta del ministro Stirling fue la siguiente: «Consultaré a quien me remitió la carta, porque creo que es un documento que tiene características confidenciales, y si la persona que me la remitió levanta esa confidencialidad, gustosamente se la haré llegar».

Asimismo, Fernández Huidobro puntualizó que le preguntó al ministro Stirling si se hizo la denuncia para averiguar cómo se habían fugado esos documentos obtenidos por el periodista Danilo Arbilla.

Según Fernández Huidobro, «en la resolución del señor ministro Stirling del 16 de mayo, sobre este documento que se escapó, se dice: Punto 5; notifíquese y una vez anotado en los legajos archívese en forma reservada en la Secretaría del suscrito». «Entonces, ese documento escapó de la Secretaría del suscrito o del Juzgado, si es que ese memorándum fue entregado al Juzgado, que creo que no. Entiendo que se trataba de un documento interno de la Policía pidiéndole la reanudación de las investigaciones. Y ya lo tenía Arbilla hace unos cuantos días y se lo estaba mostrando a Sonia Breccia», había señalado el senador tupamaro. Por tanto, «es al señor ministro y al señor Hierro López que les pregunto lo mismo. Le pregunto al señor Hierro López como vicepresidente de la República, no como periodista. Al ver un documento que no podía estar en manos de Arbilla, le pregunto si no hizo la denuncia ante el Juzgado correspondiente o ante el Ministerio del Interior».

Sobredosis de discreción

En la comparecencia el 5 de octubre de los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, del canciller Didier Opertti y del titular de Industria, Energía y Minería, el senador Alberto Couriel efectuó tres preguntas referentes a la postura uruguaya en materia azucarera. Couriel inquirió sobre la posición uruguaya en la Organización Mundial del Comercio, en relación al Mercosur, y los planes de gobierno en lo interno respecto a la política en el azúcar.

«Si hay una situación especial por parte del Estado uruguayo ante una negociación, nadie quiere que venga al Parlamento a mostrar cartas que no sean convenientes para el país. No creo que las preguntas puedan afectar la actitud que el gobierno vaya a tener en la negociación. En todo caso, el ministro de Relaciones Exteriores considerará si es posible explicitar por qué, sobre algún punto específico, no sería conveniente dar información; no tengo ningún reparo en aceptarlo», sostuvo el legislador encuentrista. En su intervención, el canciller Opertti indicó que «en una situación que tiene connotaciones internas y externas, es deber elemental del canciller actuar con una sobredosis de discreción». Según Opertti, «responder sería relativamente sencillo, pero no creo que ese sea el objeto de esta reunión que, en esencia, procura no dar un mandato imperativo a la Cancillería, sino darle un escenario de lectura de la realidad uruguaya, para poner en consonancia el discurso externo con la problemática interna».

Opertti precisó que «esta no es una posición timorata, de ausencia de iniciativa o de ideas; se trata de una posición que resguarda sus ideas y sus proyectos, preservándolos y protegiéndolos para cuando llegue el momento oportuno, de modo de no incurrir en el desgaste público de anunciar que Uruguay quiere cinco, ocho o diez años (de plazo)». El senador herrerista Luis Alberto Heber dijo que tiene que quedar en claro que «vamos a una discusión y a una negociación muy difícil. Me parece bien que no hablemos en este ámbito de las estrategias, porque de nada sirve que se den a conocer a priori aunque, por supuesto, ellas dependerán del Poder Ejecutivo y del país todo».