Jueces piden audiencia a Vázquez y ponen fin a diferendo con Tourné

En conferencia de prensa realizada ayer en la sede de AMU, ubicada sobre la calle Charrúa casi Gaboto, la titular de la gremial, la jueza penal doctora Anabella Damasco dio por terminado el diferendo con la ministra del Interior, Daisy Tourné, que se inició en una entrevista publicada tiempo atrás por el semanario Búsqueda, donde la secretaria de Estado llamó a los jueces a «ponerse las pilas» para evitar los procesamientos con prisión, y de esa forma colaborar en la problemática del hacinamiento carcelario.

«Nos gustaría dejar en claro que nuestra intención es dar por finalizada esta situación que se ha generado en el entendido de que todos compartimos la preocupación por estos temas, y quizás las distintas opiniones sobre la forma de solucionarlo es lo que ha genero este asunto», dijo Damasco.

La titular de la gremial informó que AMU solicitó ayer una entrevista con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y también con el vicepresidente y titular de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, para analizar estos aspectos. Según aclaró Damasco, el encuentro con el mandatario no será para reclamar por los dichos de la ministra Tourné sino para resaltar que AMU «quiere avanzar y construir» en cuanto a estos aspectos.

Además, mediante un comunicado, la Comisión Directiva de la gremial reiteró que «es ilógico insistir en que las condiciones de reclusión por el hacinamiento sean responsabilidad del Poder Judicial». También se hizo hincapié en que «constituye una clara injerencia en la independencia judicial arengar a que los jueces cumplan su función del modo que pretende el Poder Ejecutivo».

En el pasaje más duro del comunicado, los jueces indicaron: «Sólo por desconocimiento puede reprocharse a los jueces no colaborar a mejorar el sistema judicial, o no alertar sobre dificultades en la aplicación de leyes».

Por otra parte, se cuestionó a la ministra Tourné, quien más allá de las críticas, ha señalado que respeta la independencia de los magistrados. «Los Poderes del Estado se vinculan como la Constitución y la Ley lo señalan. El respeto a la independencia de los jueces hace al Estado de Derecho y no se declara, se demuestra», indicó el comunicado.

 

Procesamientos

En la conferencia de prensa, la gremial de los magistrados en base a información aportada por el Instituto Técnico Forense (ITF) brindó estadísticas sobre los procesamientos dispuestos con y sin prisión en lo que va del año 2007.

De acuerdo a los datos proporcionados, desde el 1º de enero hasta ayer, 20 de julio, fueron procesadas 4.104 personas, de las cuales 1.393 (36%) fueron enjuiciadas con prisión y 2.711 (66%) fueron sometidas a proceso pero sin ser encarceladas.

«Es un dato oficial que nos gusta señalar porque esa es la realidad del Poder Judicial, que no se limita a las cárceles», dijo la jueza Damasco, y explicó que la remisión a la cárcel, no es la única alternativa en la jurisdicción penal.

La titular de AMU sostuvo además: «Si ahora estamos apostando a señalar políticas humanitarias en lo que tiene que ver con la reclusión en las cárceles, el país debe asumir sus costos». Agregó que a los gobiernos «le han salido prácticamente gratis las cárceles», aunque reconoció no saber cuál es la mejor solución, aunque aclaró que no es tarea del Poder Judicial buscarla, ya que los lineamientos en materia de criminalidad deben ser abordados desde una política de Estado.

Por su parte, el directivo de AMU, doctor Jorge Chediak, destacó que «a nivel comparativo Uruguay no tiene exceso de población carcelaria, porque según parámetros estadísticos, tenemos 0,20% de la población del país en los establecimientos carcelarios, y eso es comparativamente similar a los índices de Chile y Costa Rica».

Chediak añadió que tanto desde el inicio del gobierno del Frente Amplio como con otras administraciones, la gremial de los jueces ha estudiado los problemas del hacinamiento en las cárceles, pero subrayó que «la solución no puede pasar exclusivamente por la liberación de presos, sino que necesariamente, como en todos los países democráticos del mundo, pasa por la inversión en establecimientos carcelarios». *