Otro caso: los ex trabajadores de Efcsa libran desde 1989 una dura batalla legal

Un grupo de más de 1.200 ex trabajadores de los Establecimientos Frigoríficos del Cerro SA (Efcsa) vienen librando una dura batalla legal desde hace 17 años, en procura de cobrar 850 mil dólares que se encuentran embargados y entienden que les corresponden en su carácter de accionistas de la empresa, que cerró sus puertas tiempo atrás.

El proceso actualmente se encuentra «aempantanado» en la Justicia, según dijo a LA REPUBLICA el abogado patrocinante Darwin González Langone, quien consideró que la reparación de los ex trabajadores es un «acto de humanidad».

Los ex obreros de Efcsa, Damián Berrueta, Miguel Angel Erro y Alberto Mariño, relataron a nuestro matutino que sobre fines de la década del 50, los capitales extranjeros propietarios de los frigoríficos Swift y Artigas, que tenían sus plantas en el Cerro, decidieron abandonar el país.

La solución que se encontró para evitar un despido masivo fue pasar la propiedad de ambas plantas a manos de los obreros, a través de la venta de acciones. Las mismas fueron compradas por los trabajadores con el dinero que les correspondía por concepto de deudas laborales. Después de intensas gestiones ante las autoridades de la época y ante distintos organismos, en octubre de 1958 se aprobó la Ley Nº 12542, que establecía la creación de Establecimientos Frigoríficos del Cerro SA (Efcsa), que tendría las plantas Montevideo (ex Swift) y Artigas (ex frigorífico Artigas). Los propietarios de la empresa eran los 4530 trabajadores que figuraban en planilla.

Si bien durante varios años este frigorífico fue el primer exportador de carne del país, el funcionamiento interno de la planta se iba deteriorando paulatinamente debido a una mala gestión. La situación se complicó aun más, luego de cuatro meses de huelga que los trabajadores realizaron por reivindicaciones sindicales en 1969. La irrupción de los militares, con el golpe de Estado de 1973, terminó por derrumbar el negocio. Por ejemplo, durante los primeros años del gobierno de facto, la planta del ex frigorífico Swift, una de las más modernas de Latinoamérica, fue entregada a los militares que la utilizaron como cárcel. En tanto, el decreto Nº 436 del Poder Ejecutivo, del año 1979, dispuso el cese de faena en varias plantas frigoríficas, entre ellas, la del Frigorífico del Cerro, lo que prácticamente significó el cierre definitivo de la planta.

En ese momento, la empresa despidió en forma masiva a los 1.800 trabajadores que tenía en su plantilla, todos ellos accionistas de la firma. «Allí nos surgió la primera pregunta. ¿Cómo se puede despedir a los dueños de la empresa?», cuestionaron los entrevistados.

A todo esto, la planta no cerró definitivamente sus puertas como se suponía, sino que continuó trabajando a cargo del interventor coronel Aníbal Pérez, un directorio y un reducido grupo de 130 trabajadores.

 

Denuncian maniobra

En 1989, el frigorífico ingresó en una etapa de liquidación y se nombró una comisión liquidadora de cinco miembros presididos por Ernesto Vergara Ubal.

Tanto el doctor González Langone como los ex trabajadores consideran que ese año hubo un «reparto ilegal» de acciones, que favoreció al grupo de 130 personas que fueron los últimos trabajadores de la planta. Consideran que este grupo en su mayoría son allegados a la comisión liquidadora y a los últimos directores de la empresa.

Incluso, el abogado dijo que muchas de estas personas ni siquiera están en conocimiento de que son accionistas, lo que quedó demostrado porque solamente se presentaron para el cobro alrededor de veinte.

«Es una maniobra por medio de la cual, con muy poco dinero, hicieron figurar a este grupo de accionistas como quedándose supuestamente con el 84% del capital accionario», explicó el abogado.

Según detallaron los trabajadores, en diciembre de 1958 el valor del dólar era de $9,68. En la misma fecha, una acción de Efcsa con valor $100 equivalía a 10,33 dólares. En ese momento, un total de 126.090 acciones valía U$S1.302.509.

La comisión liquidadora vendió las acciones a los 130 trabajadores el 30 de agosto de 1989 a un valor de 805 nuevos pesos. En resumen, las 126.090 acciones, que al principio valían U$S1.302,509, fueron vendidas a la irrisoria cifra de U$S16, según denuncian los ex trabajadores.

El reparto, que se hizo sin el conocimiento de quienes se consideran los verdaderos accionistas, figura en las actas de la propia empresa, la Nº 8 del 5 de mayo de 1989 y la Nº 14 del 27 de julio de 1989.

Por este motivo, los ex trabajadores iniciaron de inmediato acciones judiciales. *