Vázquez dejó en suspenso exigencia de pago de los aportes para las ONG

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Social y el Banco de Previsión Social, resolvió suspender el pago de aportes patronales de seguridad social del mes de agosto que deberían efectuar alrededor de 300 organizaciones no gubernamentales (ONG) y se analizará caso a caso cuál debe pagar y cuál no.

La nueva tributación estaba prevista en el artículo 90 de la nueva Ley Nº 18.083 del Sistema Tributario, que deroga “todas las exoneraciones y reducciones de alícuotas de aportes patronales de contribuciones especiales de seguridad social al BPS” con excepción de las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza (artículo 69º de la Constitución) y las instituciones religiosas (artículo 5º de la Constitución)

La decisión que será refrendada el lunes en el Consejo de Ministros ya fue transmitida en la tarde de ayer a la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Anong), que se reunió en asamblea, por parte de la ministra Marina Arismendi quien se encontraba en Salto.

El presidente del BPS Ernesto Murro dijo anoche a LA REPUBLICA que la decisión responde a una “acción de todo el gobierno” que fue posible gracias a una labor coordinada entre el Presidente de la República, los ministerios y el BPS.

Además, sostuvo que esta medida demuestra la “sensibilidad” del gobierno en materia social, ya que muchas ONG tienen convenios de interés social, fundamentalmente con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el MIDES. “Soy parte de un gobierno que tiene otra sensibilidad social para reaccionar y corregir adecuadamente, sin favoritismos ni clientelismos, sin tampoco permitir que ‘avivados’ o instituciones ‘disfrazadas’ tengan privilegios que no deben tener”, afirmó.

Se estima que la medida involucra a alrededor de 300 organizaciones, en las que unas 12.000 personas atienden a 100.000 personas.

Una asamblea de la Anong se reunió ayer para analizar la situación, ya que muchas ONG veían peligrar el futuro de esos convenios.

Empero, el Sindicato de Trabajadores de ONG del ámbito socio educativo (Atong-PIT-CNT) advirtió ayer que varias de las notas de prensa de la víspera podían conducir a equívocos “por error u omisión”. Además, afirmó que “ni esta reforma impositiva ni cualquier otra reforma legal que no sea constitucional puede alterar el orden previo al 1º de julio”. Al final, tras los contactos con el Poder Ejecutivo, se resolvió aceptar “el criterio de que esto se aplique a quienes cumplan con esos requisistos y no a cualquiera”.

Por otra parte, la asamblea votó una resolución que implica solicitar la creación de una comisión especial que estudie y recomiende el procedimiento para poder adoptar las exoneraciones que están comprendidas en el artículo 69 de la Constitución de la República.

En un plazo que determinará el decreto del Poder Ejecutivo, un grupo de trabajo estudiará “caso por caso” y aquellas instituciones que sean exclusiva o predominantemente educativas y culturales van a tener exoneración de aportes patronales de 7,5% “o similar”, acotó Murro. El jerarca entiende que primero se deberán determinar criterios generales ante la diversidad de instituciones existentes, luego de lo cual hay que definir qué se hará.

Murro recordó que hace dos años y medio “no existía el Mides”, y que, a partir de su creación, “se han generado una cantidad de actividades y de convenios que han intensificado y desarrollado innumerables instituciones”. Agregó que también el INAU “amplió su capacidad de acción en todo el país, lo que ha potenciado el papel de esas instituciones”, muchas de las cuales fueron creadas durante el gobierno del Frente Amplio.

Por otro lado, dijo que pocas décadas atrás “no había niños con problemas de drogas ni alcohol ni delincuencia ni violencia doméstica”, y que esa realidad cambió. Tampoco “se había vaciado el Estado como lo encontramos cuando asumimos y que ahora tratamos de recuperar; por lo que acá hay instituciones nuevas que pasaron a cumplir funciones nuevas o que antes cumplía el Estado”.

No obstante, dijo que “también sabemos que hay instituciones disfrazadas, aparentemente culturales o seudoeducativas, que utilizan esto para otros fines: esas no van a entrar, lo quiero decir muy claramente”, aseguró el jerarca. Por su parte Eduardo Aparicio, secretario ejecutivo del Consejo de Asociaciones de las ONG, informó ayer que solicitarán que se concreten las exoneraciones que están comprendidas en la Constitución. Además, pidió que el grupo de trabajo que se pretende crear tenga participación en las sociedades civiles organizadas y en las ONG. También exigen al MEF, a la DGI y al BPS que estipulen extensiones de plazos para todas las ONG que deban actualizar su registro en el MEC, de manera de “no aniquilarlas”. Esta posición está apoyada no sólo por los trabajadores de organizaciones de Montevideo sino por varias del Interior. Paralelamente, se informó que el próximo lunes a las 19.00 horas, en Agraciada 3161, se reunirá la Mesa Representativa del sindicato para informar más detalles acerca de su propuesta y de los pasos que seguirá de ahora en más. *