"Queremos que la Justicia militar quede dentro del Poder Judicial"

El doctor José Bayardi, subsecretario de Defensa Nacional, desmenuza en exclusividad para LA REPUBLICA el proyecto de ley de Defensa, dice que "no hay honor militar sin sujeción al poder político" y asegura que "los militares no estuvieron en contra de los presidentes cuando los quiebres institucionales".

Escrito por: ANTONIO PIPPO

­En medio de una vorágine de reformas, quizás el proyecto de ley de Defensa no esté siendo percibido a cabalidad por la opinión pública. Parece oportuno comenzar describiéndolo.

­Y yo agrego que también la sociedad uruguaya no atendió, en términos generales, a los problemas de defensa, como si ellos no fueran un problema de naturaleza estratégica que termina importando a todos. De todos modos, el partido hoy en el gobierno, antes de las elecciones de 2004, publicó un documento que tenía que ver con la defensa nacional. Hablamos de un partido que estaba por llegar al gobierno y había tenido en el pasado enfrentamientos con los militares; los tuvo toda la sociedad, pero también el Frente Amplio. Y un mes antes de las elecciones salió ese documento que, contra lo que pensábamos, no dio lugar a grandes debates. Allí planteábamos la necesidad de dotar al país de un marco legal de defensa nacional, de una nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y de una ley nacional de Inteligencia. Fueron los tres marcos legales con los que llegamos como desafío. En 2005 acordamos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo cierto grado de cooperación económica para llevar adelante lo que se llamó “El debate nacional sobre defensa”. Esta era una etapa previa a tener un articulado de ley, aunque ese debate se demoró un poco más de lo previsto por un problema de financiamiento. Consistió, por un lado, en un seminario internacional en marzo de 2006, al cual invitamos a países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Bolivia, cuyo delegado no pudo llegar; también invitamos a tres países extra regionales: España, Portugal y Sudáfrica. Hay un punto en común con cada uno de ellos. Con los latinoamericanos, por ser parte de la economía de la región, con España y Portugal porque, obviamente, en ellos se reconocen nuestras raíces culturales, y con Sudáfrica por ser un vecino del barrio, del otro lado de la vereda, en el Atlántico Sur. Y además porque los latinoamericanos, salvo Venezuela, tenían otra matriz: el haber dejado atrás dictaduras militares que habían comenzado entre las décadas de 1960 y 1970; en España y en Portugal se había dejado atrás en la década de 1970 al franquismo y al zalazarismo; y en Sudáfrica, en la década de 1990, se había dejado atrás el apartheid. En la mayoría de estos países se están procesando transformaciones en materia de defensa, en un marco posguerra fría también, ¿no?, y en el área de las Fuerzas Armadas. Luego hubo un seminario nacional, en mayo de 2006, del que participaron ex presidentes, académicos, militares, políticos y, en una de las mesas, también un periodista. Terminado esto, entre junio y setiembre del año pasado desarrollamos veinte sesiones de cinco mesas temáticas de debate: participaron militares ­uno en representación de cada comandante y uno por cada centro académico de formación militar­ y delegados de organizaciones civiles como sindicatos con alguna vinculación con el Ministerio de Defensa, familiares de desaparecidos, empresarios, legisladores y representantes de otros ámbitos institucionales del Estado. Tratamos de aplicar un criterio que yo defiendo mucho, el de la no asignación: reserva y que ninguna de las cosas dichas ahí por alguno de los participantes pudiera ser asignada por otro fuera de ese ámbito, permitiendo así una verdadera profundización. Surgieron documentos de consenso, que permitían marcar disensos, y se terminó haciendo un relevamiento con el Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí se archivó, se sintetizó todo y se hicieron las relatorías. Quedaron cinco documentos, uno por cada mesa. Eso vino al ministerio a fines del año pasado y desde comienzos de 2007 hemos estado trabajando en el articulado de un anteproyecto.

 

­Me gustaría saber qué se ha pensado en torno a un concepto ­que voy a sintetizar en “la utilidad social de las Fuerzas Armadas”­, que preocupa a la sociedad, la que se pregunta aún si necesita a los militares y para qué.

­Es difícil que, si uno vive en entornos seguros, tome conciencia de la necesidad de la seguridad. Sólo se toma conciencia de eso cuando en el entorno entra a generarse inseguridad. En materia de defensa, la lógica es más o menos la misma. Todo país tiene intereses llamados estratégicos, que se defienden en el campo diplomático, en el campo económico, ante los organismos multilaterales y ante los organismos financieros. Eso está claro y todo el mundo lo entiende…

 

­Pero ahí no se estaría considerando la hipótesis bélica…

­Debemos terminar de entender que hay determinados bienes de una sociedad ­como su integridad territorial, su independencia o sus intereses estratégicos­ que pueden ser pretendidos por otros a través del uso de la fuerza. Uno debe tener la capacidad de defender todo eso. Por eso digo: la defensa es algo mucho más amplio que lo estrictamente militar, y lo militar es el componente bélico de la defensa para el caso de que sea necesario. Pongo un ejemplo que se entiende con relativa facilidad: nosotros tenemos una riqueza marítima relativamente importante, aunque somos un país que ha vivido históricamente de espaldas al mar; si no tuviésemos la capacidad de asignar misiones a la Armada, como parte de las Fuerzas Armadas, de custodia de ese mar territorial, sufriríamos muchas más depredaciones de las que sufrimos, con un impacto económico muy negativo. Si en ese Uruguay que yo tengo para explotar, digamos, desde el punto de vista de su riqueza, cualquiera entra y se apropia de lo que quiere sin que nadie se lo impida, el daño será muy importante.

­Eso es clarísimo. Pero aun admitiéndolo, el ciudadano se sigue preguntando si, además, hay otras tareas para los militares, acerca de las cuales en el pasado, quizá, no se pensó, pero que pueden permitir una mejor integración con la sociedad civil.

­Yo hacía referencia a las misiones llamadas sustantivas, que hacen a la finalidad de la existencia de las Fuerzas Armadas. En esto podría, además, hablar de la necesidad de una Fuerza Aérea eficaz en el control de los vuelos ilegales en nuestro territorio, sea por narcotráfico, sea por contrabando de armas. Ahora bien, somos una sociedad pobre desde el punto de vista de los recursos económicos. Hemos discutido mucho en el debate que hay misiones que no necesariamente son tan sustantivas, ni hacen al aspecto bélico, pero de las cuales la sociedad civil dispone para aplicarlas a otras áreas. Si fuésemos una sociedad rica en recursos podríamos tener distintos organismos para atender determinadas realidades. Pero acá, por ejemplo, acabamos de vivir un ciclo de inundaciones lamentable. Y vino una delegación de las Naciones Unidas a ver el impacto que habían causado y le llamó la atención el bajo nivel de daño social que hubo frente a esta emergencia. Eso fue posible por la capacidad organizativa de los comités departamentales de emergencia, en los cuales las Fuerzas Armadas fueron un sostén insustituible. Se aprovecharon sus capacidades organizativas, logísticas y disciplinarias en beneficio de la sociedad. Pasa igual si hablamos de incendios forestales: se aprovecha no la capacidad bélica de las Fuerzas Armadas sino su organización y entrenamiento…

 

­Permítame una interrupción. Entonces aquí entra la importancia del marco legal. En el pasado, al no haberlo, supongo que todo esto quedaba un poco sujeto a la voluntariedad. En cambio, con una ley marco…

­…exacto, la ley marco lo que pretende es que el país tenga claro qué se entiende por defensa, con elementos que van a hacer a la doctrina que el país desarrolle. Como carecimos de marco legal, la doctrina era en general lo que estaba en la Constitución y los decretos que se iban haciendo. Ahora no, ahora se define y se caracteriza la defensa nacional como el conjunto de act
ividades civiles y militares dirigidas a preservar los intereses del país. Hay un segundo capítulo que habla de política de defensa y política militar, teniendo claro cuáles son las diferencias. Después, se hace una reestructuración organizativa de la defensa como sistema: están el Poder Ejecutivo ­que, entre otras responsabilidades, determina la política de defensa nacional y sus objetivos, y la dirige­, el Poder Legislativo ­que, entre otras responsabilidades, puede decretar la guerra y designar todos los años la Fuerza Armada necesaria­ y se crea un Consejo de Defensa Nacional como órgano asesor del presidente de la República. Ahí participará parte del gabinete: ministerios de Defensa, del Interior, de Economía. Ese Consejo podrá convocar a los comandantes en jefe, incluso a distintos actores económicos, etcétera, para evaluar las necesidades y previsiones en materia de defensa. Después se organiza al propio Ministerio de Defensa. Nosotros llegamos acá el 2 de marzo de 2005 y había sólo dos funcionarios civiles: la señora ministra y yo. Claro, porque es una institución de conducción política que había estado, digamos así, militarizada. Ahora le damos un marco organizativo, se separan dentro del ministerio un área estrictamente administrativa, un área llamémosle política y un área de asesoramiento estrictamente militar de la ministra, que sería el área del Estado Mayor de la Defensa, a cuya cabeza estaría un oficial general que puede ser en actividad o en retiro, y al cual se le especifican atribuciones. Una de ellas, muy importante porque el mundo va hacia eso en función de experiencias bélicas anteriores, es avanzar en la unificación de la logística, de las comunicaciones y de la educación entre las tres fuerzas. Vamos a empezar, con los oficiales superiores, en aspectos que hacen a la educación. Todo eso hay que unificarlo. No puede ser, por ejemplo, que haya tres unidades centrales de compras…

 

Controles y garantías para Inteligencia

­Déjeme preguntarle algo que me parece sustantivo para el ciudadano. En tal planteo, ¿está incorporado eso que, genéricamente, se llama “Inteligencia”? Algo que despierta mucha sensibilidad en la sociedad uruguaya, porque en el pasado reciente se tuvo la sensación de que había varias “inteligencias” por ahí, independientes…

­Ese es un compromiso programático del actual gobierno, que no sólo hace al Ministerio de Defensa, porque hay organismos de Inteligencia que están en el Ministerio del Interior. En lo que tiene que ver con lo militar, ese organismo que le describí centralizará aspectos vinculados a los diferentes ámbitos en que se deba hacer Inteligencia. De todos modos, creo que en Inteligencia militar lo más importante vendrá después de esta ley y será cuando el gobierno ­y nosotros como parte del mismo­ encamine el tema de la organización de esa área. ¿Por qué? Porque no hay país que no deba hacer Inteligencia, porque ésta es una parte sustantiva del proceso de toma de decisiones. Ahora bien, la Inteligencia, en una sociedad democrática, debe estar normada, reglada.

 

­Para dar garantías…

­Exacto, para darle garantías al ciudadano, porque en última instancia lo peor que puede pasar es que pensemos que no necesitamos normar la Inteligencia y que se va a seguir haciendo sin reglas. Es más, debe quedar eventualmente sujeta a control. No está laudado, pero pienso en un control parlamentario con una comisión de alta reserva, con absolutas garantías sobre la calidad de sus representantes.

 

­Otra cosa, que hace a esa idea de unificar que usted mencionó antes: la formación militar. Supongo que estarán pensando que hay aspectos que tienen que cambiar. Se supone que este nuevo país tiende a que el militar sea formado de modo de que se aleje lo más posible de ciertas tentaciones que lo dominaron en el pasado.

­Le voy a contestar sobre eso. Pero, antes que nada, le digo que las Fuerzas Armadas son lo que son sus mandos, civiles y militares. Si el poder político, único legitimado en el marco de la Constitución y la ley para conducir a las Fuerzas Armadas, no asume sus responsabilidades ­como en mi interpretación histórica ocurrió en el pasado­ siempre alguien las va a asumir. En ese caso, al faltar la conducción política, algún militar, más o menos mesiánico, se asumirá como el salvador y el conductor. No hay honor militar sin sujeción al poder político. Y no hay capacidad de conducción civil si se renuncia a ejercerla o se ejerce sin conocimiento. Dicho esto, lo educativo también empieza en lo institucional organizativo, más allá de que, después, en el aspecto de la formación este Estado Mayor de la Defensa, como órgano asesor de la ministra, deberá proponer qué modificaciones implicarán los nuevos caminos que se vaya a transitar. Hay aspectos de educación que tienen que ver con lo militar y aspectos que tienen que ver con lo formativo, con valores, con la ética, con lo que se pone en juego. Más allá de la pérdida de referencias en la década de 1970, este ejército nació como un ejército con valores. No nace de un ejército colonial que se transforma, sino de un pueblo en armas organizado para defender un proyecto. Nace con un liderazgo político militar enorme, el del general Artigas. Y vea: a veces se pone mucho énfasis en lo militar ­donde si bien ganó algunas que había que ganar, no ganó tantas­ y se olvida de que nunca perdió el norte en lo que hace a la ética y la moral de los contenidos ideológicos. Creo que quienes estuvieron en la conducción en la década de 1970 le dieron la espalda a los valores éticos de Artigas. Eso también tiene que ser parte de los elementos a tener en cuenta… Y vamos a entendernos, yo no quiero eludir nada acá. Hay un conjunto de estos valores que los tiene que aplicar todo el sistema educativo del país. No hacerlo sólo un problema militar…

 

­Está claro, a tal punto que el otro día se conoció un estudio muy serio acerca de los valores que cultiva nuestra sociedad y resultó que somos mucho menos democráticos, solidarios y tolerantes de lo que creíamos… Pero, al hablar de esa relación estrecha que comienza en el poder político y baja hacia los mandos, ¿cómo llamaría a este proceso en que estamos? ¿Todavía es una transición? En un momento, el presidente nombró al comandante Rosales al frente del Ejército y se supuso que era un militar que podía adecuarse mejor a los nuevos tiempos. Sin embargo, hace poco, un discurso de Rosales provocó inquietud y hasta medidas internas en el Ministerio de Defensa…

­La vida siempre es transición. Si no aplicáramos esta idea para esto tan traumático en la sociedad, y lo viéramos en la esfera de lo individual… En realidad, un trauma que se queda en lo individual no tiene un punto en que se supere, es un proceso. Primero, contar con un marco legal es importante porque las Fuerzas Armadas son ámbitos muy institucionalizados: lo que está en la ley, está; lo que no, no está. Tan institucionalizadas son que, en realidad, en el siglo XX, en este país los militares no estuvieron en contra de los presidentes cuando los quiebres institucionales. En la dictadura de Terra, todo pasó sin que los militares tomaran participación en el escenario político institucional. Y en 1973 el golpe de Estado lo da el presidente Bordaberry. En todo caso, ahora la expectativa es que, bueno, pongan sus ladrillos al tema de una transición que más que tener un punto termina siendo un proceso. Y todo proceso tiene avances, retrocesos y se va consolidando. De lo que se trata es de ir apuntalándolo para consolidarlo.

 

­¿Ahí puede estar la base conceptual de la negativa del Poder Ejecutivo a aceptar la anulación de la Ley de Caducidad?

­El Poder Ejecutivo actual y el partido de gobierno no soslayaron este tema en 2003. El tema de la anulación o derogaci