Los secretarios letrados de fiscalías procuran evitar nuevo juicio al Estado

Según consta en la versión taquigráfica de la última sesión de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, los trabajadores relataron pormenorizadamente la peregrinación que durante varios años han realizado en distintos ámbitos oficiales, para lograr la equiparación salarial con sus pares, los jueces de paz de ciudad del Poder Judicial.

«En la práctica, desde el año 1992 tenemos una diferencia salarial importante de más de $10.000 con respecto a nuestros colegas», explicó a los legisladores Sandra Fleitas, una de las representantes de los funcionarios.

Tras una larga explicación sobre los trámites realizados durante varios años, Fleitas recordó que la solución que encontraron ambas cámaras legislativas fue la de aprobar la equiparación. Con el apoyo de todos los partidos, el año pasado se aprobó el artículo103 de la Ley Nº 18.046, que consagró una equiparación progresiva y gradual con sus colegas del Poder Judicial, que se irá concretando en el término de cuatro años y comenzaba a partir del 1º de enero de 2007.

Sin embargo, cuando van transcurridos más de seis meses, la norma todavía no se aplicó. Los trabajadores en forma individual habían iniciado un juicio al Estado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Primer Turno. En una audiencia celebrada el 30 de octubre del año pasado, el abogado del Ministerio de Educación y Cultura esgrimió que el asunto ya estaba solucionado con la entrada en vigencia del referido artículo.

La solución implica la redacción de un decreto por parte del Ministerio de Educación y Cultura, que debe ser refrendado por el Ministerio de Economía y termina con la firma del presidente Vázquez, pero este trámite ni siquiera se ha iniciado.

Fleitas dijo a los parlamentarios: «Venimos a pedirles ayuda, porque evidentemente sabemos que la vía judicial es la última instancia. Ya iniciamos un juicio y como gente de Derecho que somos, si tenemos que iniciar un nuevo juicio contra el Estado, por supuesto que lo tendremos que hacer».

«Pero el tema es que esto tiene un costo que no es sólo económico, sino social, porque si esta es la imagen que damos como miembros del Ministerio Público y Fiscal, recurriendo a la vía judicial para poder encontrar la solución adecuada, ¿qué mensaje le damos a los que están fuera de este sistema?», preguntó. *