Irregularidades en ocho ministerios, según Auditoría

Ministerio de Defensa Nacional

El estudio se concentró en la Dirección Nacional del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

Allí, la Auditoría observó algunos procedimientos respecto al manejo de fondos y valores, y también en relación al sistema de compras y al modo en que se efectúan los registros contables. Por ejemplo, en la División Abastecimiento, recomendó «regularizar las diferencias» surgidas de los recuentos realizados en los almacenes de dicha repartición que en su mayoría «obedecen a salidas sin documentar o cuya registración fue omitida».

En el Laboratorio Optico, dependiente de dicha División, la Auditoría constató la existencia de una «Caja recaudadora que funcionaba al margen de las disposiciones legales desde marzo de 1998, sin registros contables, ni autorización escrita alguna y de donde se abonaban entre otros, gastos que no correspondían al Laboratorio Optico y adelantos al personal por préstamos autorizados por el propio Director de Abastecimiento».

El informe, también advierte que al momento de realizarse la auditoría, la Dirección de Sanidad solicitó un nuevo arqueo en el Laboratorio Optico, permaneciendo pendientes de rendir algunos comprobantes detectados. A su vez, «se habrían destruido los recibos en poder de dicho Laboratorio, no dejando pruebas de su destrucción» por lo que se recomendó iniciar una investigación. A raíz de esta situación, y en base a las sugerencias de la Auditoría, el Laboratorio Optico «no administra más fondos».

Ministerio del Interior

En relación al Ministerio del Interior, el informe se concentró en la Dirección General de Secretaría y en la Dirección Nacional de Policía Caminera. Respecto a la primera, la auditoría sugirió implementar un sistema de control interno, actualizar las rendiciones de Cuentas de Fondos Presupuestales, de Libre Disponibilidad y Combustibles. También recomendó redefinir las funciones de los departamentos de Tesorería y Contaduría «a fin de que la asignación de tareas derive en una mejor utilización de los recursos materiales y humanos existentes».

En la Dirección de Policía Caminera, la auditoría recomendó culminar la implementación del sistema informático que soporta la información sobre «ingresos extrapresupuestales», así como «reforzar momentáneamente la cantidad de funcionarios que atienden el ingreso de los datos hasta su puesta al día y adquirir en lo posible equipos de mayor potencia y velocidad».

La auditoría comprobó a su vez la existencia de partidas pendientes de conciliación de varios años de antigüedad, lo que impide «tener certeza sobre los saldos reales de las cuentas bancarias». En otro orden, se constató la existencia en caja de «comprobantes pendientes de descargo que datan del año 1994, dinero ensobrado por concepto de sueldos, aguinaldo y sueldos liquidados a un funcionario fallecido».

Ministerio de Economía y Finanzas

La auditoría enfocó su estudio en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, donde un informe preliminar había comprobado múltiples y graves irregularidades presuntas en el manejo de fondos públicos imputados a los rubros «locomoción», «viáticos» y al denominado «confronte por tareas extraordinarias relacionadas con sorteos».

Las actuaciones de lo auditado fueron elevadas al Ministerio de Economía y Finanzas, que a su vez resolvió que la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas debía adoptar de inmediato medidas correctivas y disciplinarias para poner fin a las irregularidades constatadas. Esta situación tomó estado público pocos meses atrás, con la remoción del ex director Alonso Mora. El ministerio también encomendó a la Auditoría Interna de la Nación poner en conocimiento de la Justicia penal las actuaciones. El informe destaca la «ausencia de reglamentación general interna en cuanto a la forma de distribución, adjudicación y pago de fondos públicos por concepto de locomoción, viáticos y sorteos». También señala «absoluta e ilegítima discrecionalidad del jerarca del organismo –director general– en cuanto a determinación de montos individuales a pagar, a seleccionar funcionarios con derecho a su percepción y a establecer las tareas o funciones que les ameriten». A su vez, fueron constatados «exorbitantes montos y falta de debida rendición de cuentas en los gastos por locomoción, así como aceptación generalizada de justificativos –facturas de taxímetros de dudosa legitimidad– presuntamente fraguadas». El informe señala por ejemplo que se comprobó «en muchos casos, la misma autoría personal de la factura pero referente a distintos vehículos y matrículas». «Gran parte de los recursos afectados por el organismo como gastos por locomoción y viáticos se destina realmente a ilegales y encubiertas retribuciones de carácter personal», agrega el informe.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Respecto a la Cancillería, la actuación de la Auditoría comenzó el 9 de febrero pasado. El estudio comprendió las rendiciones de cuentas de la embajada y consulados en la ciudad de Buenos Aires, y las correspondientes a la residencia del jefe de misión, por el 4º trimestre de 1997 y el 1er. y 4º trimestre de 1999.

Con respecto a la embajada, consulados y residencia del embajador en la capital argentina, el informe comprobó que «no se realizan retenciones, ni los aportes a los organismos de seguridad social de Uruguay y de Argentina, por los funcionarios contratados, siendo el jefe de la misión el responsable de los mismos».

También constató que los pagos de retribuciones al personal se efectuaron sin emitir los correspondientes recibos de sueldos y en lugar de ellos se expedían «recibos no oficiales». Respecto al inventario patrimonial, la autoría elaboró un minucioso informe sobre un relevamiento del año 1999, que fue cotejado con registros fotográficos y computarizados. El estudio detectó además 156 faltantes de bienes en la embajada y 545 bienes en la residencia del embajador, dentro de los cuales se encuentra un óleo perteneciente al Museo Nacional de Artes Plásticas y Visuales del Uruguay. La auditoría comprobó también que «el costo mensual representado por la embajada, consulados y residencia en Buenos Aires que cuenta con un total de 69 personas, ascendió a 276.216,06 dólares en octubre de 1999; este monto se vio incrementado en un 21.69% con respecto al mismo mes del año 1997″. (Ver más información en recuadro aparte).

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

El informe de la auditoría abarcó en este caso a la Dirección de Contralor de Semovientes, Frutos del País, Marcas y Señales (Dicose). Al respecto, sugiere mejorar los controles internos desde el punto de vista contable, observa la liquidación de horas extra y el pago de la partida denominada «canasta» a los funcionarios, y recomienda actualizar el inventario de bienes muebles y artículos de oficina, que no se realiza desde varios años atrás.

Ministerio de Industria, Energía y Minería

La actuación de la auditoría, que comenzó en diciembre de 1999, se concentró en la Dirección Nacional de Energía. Allí se comprobó, entre otros elementos, que el organismo «carece de un sistema de control interno que ofrezca confiabilidad y seguridad de la integridad, exactitud y validez de la información que surge de los registros».

Ministerio de Educación y Cultura

El informe comprendió a la Dirección General de Secretaría del ministerio, a la Dirección General de Registros, y al Servicio Oficial de Difusión Radiotelevisión y Espectáculos (Sodre). En cuanto a la Dirección General de Secretaría
, la auditoría comprobó entre otras situaciones, la existencia de partidas pendientes de rendición que datan del año 1997, «tal es el caso de una partida otorgada al ex director del INJU». El informe recomienda en este caso realizar una investigación administrativa. Otra situación irregular comprobada es la contratación de funcionarios dependientes de la administración mediante convenio con organismos internacionales. El informe señala incumplimientos de las exigencias del Tocaf (no tener la calidad de funcionario público ni ser dependientes del mismo organismo donde se cumplen funciones, así como contratar por concurso de méritos y antecedentes) ante la sospecha que se trataría de retribuciones personales encubiertas. La auditoría también advierte sobre la inexistencia de un inventario patrimonial completo y actualizado, «lo que debilita la función de custodia y salvaguarda de los activos del Estado».

Con respecto a la Dirección General de Registros, la auditoría detectó una «falta total de control» en materia de convenios, comprobó diferencias en los registros contables, conciliaciones bancarias incorrectas, e indefinición en cuanto a las funciones de los departamentos de Contaduría y Tesorería. En cuanto al Sodre el informe recomienda «continuar con las tratativas para el cobro del cheque diferido Nº128900, de A.B.N. AMRO BANK con vencimiento 31 de diciembre de 1997 por un importe de 134.164 pesos» y «proceder a depositar a la brevedad en Rentas Generales el importe de 324.491,37 pesos que permanece en caja sin identificar su origen». En otro orden, «por razones de buena administración debe realizarse una adecuada planificación de la programación de las obras teatrales y sus gastos. A vía de ejemplo, mencionamos que la obra El Murciélago, tuvo un costo de 190.565 pesos por concepto de gastos para su puesta en escena. Dicho monto supera el tope de la compra directa. Esta suma se ve incrementada con los pagos que deben efectuarse por concepto de cachet».

Ministerio de Salud Pública

Respecto al Ministerio de Salud Pública, la auditoría basó su estudio en el seguimiento de una denuncia efectuada por la Cámara de Instrumental y Especialidades Científicas (CIEC), y abarcó también la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a la Comisión de Apoyo de ASSE y a la Asistencia Integral.

Respecto a la denuncia de la CIEC ante el MSP, ésta fue presenada en febrero de este año y estuvo referida a «irregularidades que se estarían cometiendo en el pasaje al déficit fiscal de órdenes de compras recibidas al amparo de adquisiciones realizadas por licitaciones públicas, por las empresas proveedoras del MSP». En virtud de la acción, el Ministerio de Economía encomendó a la Auditoría una investigación, que produjo a su vez un informe en el mes de abril. Entre las conclusiones, se destaca la realización de gastos en algunas unidades ejecutoras sin tener conocimiento de la disponibilidad del crédito presupuestal. El informe también señala en este sentido que «los créditos asignados al MSP en 1999 resultaron insuficientes para cubrir los cupos mensuales que fueron distribuidos a las diferentes unidades ejecutoras para gastos» y en consecuencia» los directores de las unidades ejecutoras administran cupos para gastos que no siempre se encuentran respaldados por el crédito presupuestal respectivo, lo que se ve agravado por el hecho de que, a su vez, éstos se exceden del cupo asignado».

Respecto a ASSE, el informe señala que las compras por modalidad de licitación pública de 1999, fueron «reiteradamente» observadas por el Tribunal de Cuentas, y sugiere «replantear la conveniencia o no de mantener la descentralización de las compras por varios motivos: poder de negociación, puesto que si se hiciera el total de las compras a través de ASSE, la presión ejercida sería otra; incremento de precios de un año a otro, sobre todo en medicamentos exclusivos, sin mediar razón alguna. Si se negociara en forma conjunta con entregas parciales en los distintos lugares indicados, permitiría aprovechar mejor los recursos, mejorando la gestión».

El informe señala también «atraso en los procedimientos de habilitación de créditos presupuestales, no llegando éstos a cubrir las necesidades del año», y agrega que «si los refuerzos de rubro no llegan a tiempo, cae la licitación produciendo esto la reiteración del gasto y las adquisiciones por medio del procedimiento de compra directa, perdiendo los proveedores la credibilidad en el sistema, por inseguridad en la fecha de cobro». «El acuerdo de los proveedores para la presentación de ofertas hace que la licitación pública carezca de eficacia. Se constató monopolio en el caso del oxígeno, siendo dos proveedores los que manejan los precios, cotizando diferentes valores en varias unidades ejecutoras».

En función de los «desvíos» detectados a raíz de la extralimitación del cupo asignado, la auditoría recomienda reformular el presupuesto para abatir el déficit en el año 2000, e implementar una unidad de auditoría interna para reforzar el control dentro de las unidades ejecutoras.

Del análisis del gasto, surge que los principales conceptos de egresos, además de los sueldos, fueron los rubros «medicamentos, oxígeno, CTI y Comisiones de Apoyo; estos en particular sufrieron un mayor incremento en los últimos años. En el caso del oxígeno, el incremento fue de un 93% en 1998. Para el oxígeno gaseoso el incremento fue un 99% en 1999 y para el oxígeno líquido fue el 124% y el 89% en 1999″. Respecto a la Comisión de Apoyo de ASSE, el informe constató un incremento «sustantivo del gasto desde 1997 a la fecha», un aumento en el número de asesores (59 en enero de 1998 a 126 en abril de 2000). Respecto a la Asistencia Integral la auditoría recomienda efectuar una revisión del marco normativo, así como de su estructura orgánica, observa la utilización del procedimiento de compra directa en lugar del llamado a licitación y constata la contratación de servicio de profesionales que, en muchos casos, revestían la calidad de funcionarios del MSP.