Ex trabajadores del diario El Popular reclaman reparación como colectivo

El 9 de julio de 1973, a las cinco en punto de la tarde, las aceras de la calle 18 de Julio se vaciaron y una multitud invadió la calzada entre la Plaza Cagancha y Convención. Coreando consignas como "Libertad sí, dictadura no", la muchedumbre --convocada por el Frente Amplio y el Partido Nacional-- manifestaba su repudio al golpe de Estado perpetrado hacía 12 días y su solidaridad con la huelga general decretada por la CNT.

Escrito por: JULIO GUILLOT

En las instalaciones del matutino El Popular, órgano oficial del Partido Comunista del Uruguay, en el viejo local de la Tribuna Popular sito en el Palacio Lapido de 18 de Julio y Río Branco, la actividad era febril, pues si bien la huelga general también afectaba a los diarios, los trabajadores de El Popular (redactores, administrativos, gráficos y dirección) priorizaban la tarea militante de mantener informada a la población, especialmente a la clase obrera en su resistencia al golpe.

La respuesta represiva del gobierno fue inmediata y brutal. Gases, sablazos, palos, chorros de agua y balas; corridas, gritos, heridos. Dispersados por las fuerzas policiales, los manifestantes volvían a reagruparse en distintos puntos para ser nuevamente disueltos. Así transcurrieron cerca de dos horas o más. A eso de las siete de la tarde, un pelotón de la Guardia Metropolitana invadió el local del diario; entraron a sangre y fuego destrozando todo a su paso y golpeando con especial saña a los trabajadores. “Nadie se puede olvidar de aquel día”, refieren los linotipistas Néstor López y Carlos Scorovich. “Desde las siete de la tarde que entraron rompiendo todo hasta las tres de la mañana que nos sacaron, fue un festín de golpes. Fuimos golpeados constantemente; nos metieron en un ómnibus, nos hicieron sentar agachados con la cabeza contra las rodillas, nos pasearon por toda la ciudad, nos ficharon en Hurtos y Rapiñas de Jefatura, nos amenazaban, les hicieron cualquier cosa a las compañeras, (les metían la mano por entre las piernas, las manoseaban), nos comimos un plantón en la calle Maldonado antes de ir al Cilindro: un día y medio de pie, con las piernas separadas, sin poder orinar. El vasco Urruzola le pidió a Castiglioni para ir al baño y él le contestó diciendo algo así como que no se quejara porque en los campos de concentración de Hitler la cosa era peor…”.

Washington Tourné, que trabajaba en Avisos, recuerda: “Estuvimos detenidos los hombres en el Cilindro y las mujeres en Cárcel Central de Jefatura. Fueron momentos muy difíciles porque todos creíamos que nos iban a matar: nos alinearon en 18 de Julio, oscurecieron todo y una voz de mando dijo “apronten, gatillen” y todos pensábamos que iban a tirar, pero no fue más que un simulacro. Al cabo de unos días nos liberaron y volvimos a trabajar porque el diario siguió saliendo, con algunos cierres de uno o dos días hasta la clausura definitiva en noviembre, firmada por Bordaberry y todo su séquito”.

Dos homenajes

Treinta y cuatro años después, el próximo 9 de julio, a las cinco en punto de la tarde, tendrá lugar en la esquina de 18 de Julio y Río Branco el homenaje de la Junta Departamental a los trabajadores de El Popular por su resistencia a la dictadura fascista. Pero la ciudad de Montevideo, por medio de sus legisladores comunales, ha resuelto homenajear especialmente a uno de los trabajadores de aquel diario, el “gallego” Juan Manuel Brieba, detenido en 1975 y desaparecido desde entonces. Está previsto que se coloque una plaqueta recordatoria en la esquina de Carlos de la Vega y Eduardo Paz Aguirre (ex Santa Lucía), donde vivió el gallego. Este homenaje será el próximo 27 de junio a las 16:00. Recuerda Demetro Valdez: “Yo tenía 18 o 19 años y siempre llegaba temprano para aprontar el mate; pero cuando llegaba, siempre estaba el gallego y cuando me iba, él se quedaba todavía. Trabajábamos 12 o 14 horas y el gallego siempre estaba ahí, al firme. Era un muy buen oficial siempre dispuesto a realizar cualquier tarea: uno lo veía arreglando la bobina, sacando diarios de la boca, fresando una página, fundiendo… siempre estaba en movimiento. Cuando el diario cerró, él siguió su militancia clandestina pero siempre fue muy reservado, nunca hacía alarde de nada”.

Cinco meses de hostigamientos

Entre julio y noviembre del 73 (cuando se produjo la clausura definitiva de El Popular) sus trabajadores vivieron una odisea. “Después, cuando se levantó esa primera clausura en dictadura, volvimos a trabajar, y cada cuatro o cinco días te venían a buscar, estabas un rato preso en una comisaría, los milicos te insultaban, te provocaban, y después de cinco horas te largaban. Y lo que padecieron nuestras familias… Después del 9 de julio no hubo deserciones, la gente siguió yendo a trabajar y sin cobrar, igual que durante la huelga general de 15 días; ninguno faltó ni un día por si había que sacar alguna edición de emergencia para distribuir en las fábricas ocupadas”.

El calvario después de la clausura

Como tantos y tantos uruguayos, los trabajadores de El Popular –una vez producida la clausura definitiva–se enfrentaron a la realidad de ser ciudadanos de tercera. Debieron arreglárselas como pudieron para sobrevivir en un medio en el que les resultaba prácticamente imposible trabajar en su profesión; las puertas se cerraban una tras otra, y cuando conseguían un trabajo, vivían la perspectiva de que el empleador se enterara de su condición de ex trabajadores de El Popular y los despidiera sin más trámite. Todos, en mayor o menor grado, padecieron el hostigamiento, la arbitrariedad y la prepotencia del régimen; unos cuantos debieron exiliarse, pero todos continuaron su militancia clandestina.

La situación actual

Cuando los sobrevivientes de aquella odisea se presentaron como colectivo para acogerse a la reparación que otorga la Ley 18.033, se encontraron con la ingrata sorpresa de que dicha norma no los ampara. ¿Cómo es posible? Ocurre que la ley establece que tendrán derecho a la reparación los que debieron exiliarse, o que hayan estado detenidos o en la clandestinidad, o los que hubieran sido despedidos de la actividad privada en aplicación del decreto 518/973 de 4 de julio de 1973.

Hay sólo dos empresas que entran en esta categoría, Ferrés y Campomar, cuyos ex trabajadores ya están cobrando la reparación; pero como El Popular fue clausurado por el decreto 1.026/73, de noviembre de 1973, sus ex trabajadores no están contemplados en la norma, que no previó en su letra dicha situación; en cierto sentido, es una ley restrictiva que conlleva una injusticia porque no tuvo en cuenta a los trabajadores de las empresas clausuradas.

“Esa es la lucha nuestra actual”, afirma Scorovich. “Hemos tenido reuniones en el ministerio con Bonomi, con la presidenta de la Comisión. Todos nos dan la razón, todos consideran que deberíamos estar incluidos en la ley porque tenemos méritos más que suficientes como para estar. Hemos concurrido a la Comisión de Seguridad Social del Parlamento, donde fuimos recibidos y se comprendió nuestra situación. Todos consideran que nuestro reclamo es justo pero la letra de la ley no nos ampara”.

Reconocen que si se hubieran presentado individualmente, podrían haberse acogido al beneficio de la ley, pero prefirieron hacerlo colectivamente porque entienden que el caso de El Popular debe estar comprendido en la ley.

En este momento están analizando las posibilidades; una de ellas es introducir un agregado o una enmienda que contemple la situación. Si eso se logra, sería un reconocimiento a todos los empleados de El Popular que trabajaron hasta el último día. Hay que tener en cuenta que en muchos casos es difícil demostrar con pruebas objetivas que se estuvo detenido o que se sufrió persecución. No todos consiguen la documentación para demostrar su condición de exiliado, de clandestino, etc. No es fácil. Hay casos concretos de compañeros que estuvieron detenidos un buen tiempo pero eso no consta en ningún documento; no fueron procesados pero tampoco hay constancias de sus detenciones en la Policía. Además de las reuniones en el ministerio, están llevando adelante gestiones ante la Comisión de Seguridad Social del Parlamento, cuyos miembros se mostraron dispuestos a corregir esa omisión mediante un trámite legislativo formal.

Por otra parte, esta lucha es una carrera contra el tiempo. Hay muchos compañeros de edad avanzada (muchos otro
s han muerto ya) que no pueden seguir esperando: tienen problemas de salud, no les alcanza la plata… En fin, son situaciones límite; por ejemplo, entre otros, el conocido folclorista Marcos Velázquez, quien con 73 años percibe una jubilación de mil 400 pesos mensuales. “Los tiempos de la burocracia no son los tiempos nuestros”, concluye Tourné.

Está en manos de las autoridades, de los legisladores y de la Comisión, proceder a reparar esta injusticia. Que así sea.