Escrito por: LUIS A. CARRO - COLONIA
Nibia Sabalsagaray Curutchet nació en Colonia Suiza en setiembre de 1949. Su padre, obrero textil, fue uno de los tantos despedidos de la fábrica Campomar de Juan Lacaze luego de la huelga general contra el golpe de Estado. Completados sus estudios secundarios, viajó a Montevideo para continuar capacitándose. Se recibió de profesora de Literatura en el Instituto de Profesores Artigas (IPA), donde desarrolló importante militancia gremial. Por ese entonces se desempeñaba como secretaria de finanzas del sector universitario de la Unión de la Juventud Comunista (UJC).
El 10 de setiembre del 74 hubiera cumplido 25 años. Para octubre de ese año proyectaba casarse. Sin embargo, cuatro meses antes, el 29 de junio, fue detenida por tres hombres que vestían uniforme militar y dos civiles, quienes ingresaron violentamente en horas de la madrugada a su habitación del Hogar de Hijos de Obreros de Campomar. A las 3 de la mañana la llevaron al cuartel del Batallón 5º de Ingenieros en Casavalle y Petrarca, unidad que estaba al mando del teniente coronel Chialanza. El oficial de Inteligencia capitán Mario Roberto Segnini Sena fue el responsable de la detención y del bárbaro interrogatorio. Diez horas después, desde el cuartel avisaban a los familiares de Nibia en Colonia Suiza: “Deben retirar su cadáver que está depositado en el Hospital Militar”.
El certificado de defunción, firmado por el doctor José Mautone, decía que el deceso se había producido por “suicidio por ahorcamiento”. En realidad y en base a testimonios y el examen del cuerpo de Nibia, se sabe y se denunció que murió como consecuencia de las torturas y en particular de una: el llamado submarino seco, consistente en provocar la asfixia del detenido con una bolsa de plástico en la cabeza.
El acto recordatorio en Colonia Suiza se llevó a cabo precisamente en la calle “Nibia Sabalsagaray”, arteria que desde el año 2005, por decisión unánime de la Junta Departamental de Colonia, lleva el nombre de esta víctima del terrorismo de Estado en nuestro país. Rodeado del afecto de numerosos militantes políticos y sindicales y vecinos de la zona, Juan Sabalsagaray, hermano de Nibia, contó a LA REPUBLICA: “A ella la recordamos todos los días en nuestra familia. Era muy activa, alegre, muy militante, muy comprometida con sus ideales”.
“Yo estaba en el campo cuando llegó una tía a decirnos que a Nibia la habían matado. Nunca nos creímos el argumento de los militares. Yo estuve presente en el velatorio cuando trajeron el cajón de Montevideo, con orden de no abrirlo, y Marcos Carámbula (N. de R.: actual intendente de Canelones y por aquel entonces a un paso de recibirse de médico) revisó el cuerpo y nos fue explicando claramente qué había pasado”.
Juan hace una pausa en el relato, ahogado por la emoción y concluye: “Yo no quiero venganza, solamente quiero que actúe la Justicia y que los culpables paguen por lo que hicieron”.
Por su parte, Lile Carusso, integrante del Comité Central y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista del Uruguay (PCU) dijo que “la investigación de este caso avanza y una medida muy importante sería terminar con la Ley de Caducidad, que es una ley inmoral que ya no podría estar vigente”.
“Se saben los nombres de todos los responsables (de la muerte de Nibia) y es más, uno de esos responsables está al frente del Hospital Militar”, acotó Carusso. Refiriéndose a la detención y asesinato de Nibia, señaló: “Ella fue torturada para que diera información y no la dio; eso la convirtió en un símbolo. Por ella, por su entrega, hay que seguir diciendo lo que pasó, que se sepa la verdad porque cuando peleamos por la verdad vamos a llegar a la justicia”.
Edgardo Oyenart, representante de la Secretaría de Formación del PIT-CNT advirtió en su oratoria que “la violación de los Derechos Humanos no prescribe; por eso exigimos que se anule la Ley de Caducidad”. En posterior diálogo con este corresponsal, Oyenart comentó que “en todos los actos en que planteamos este tema (de la anulación de la ley) la sociedad lo recoge bien, con responsabilidad y madurez y estamos convencidos de que la anulación se va a concretar”, destacó .
El edil departamental Pedro Leizagoyen (PCU, FA) recordó, además, que “hay otros casos pendientes de aclaración y de justicia aquí en el departamento de Colonia”. Citó, a modo de ejemplo, la muerte de un joven militante de apellido Betarte, de Juan Lacaze, de quien “no sabemos claramente en qué circunstancias murió”, al igual que otro vecino de la misma localidad (de apellido Mar) quien fuera abatido en la vecina orilla “en aquella época en la que estaba tan aceitado y combinado el aparato represivo uruguayo y argentino”, explicó Leizagoyen. *
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