Familiares reivindican también vía judicial para una solución

El lunes, una sobrina de la desaparecida Nelsa Gadea compareció en Santiago de Chile ante el juez Guzmán, titular del Tribunal de Justicia de 4º Turno. La denuncia fue presentada por familiares directos de seis ciudadanos uruguayos desaparecidos en Chile, en los años setenta, y contó con el patrocinio del abogado Héctor Salazar.

La acusación, por delitos de secuestro con homicidio, apremios ilegítimos, asociación ilícita genocida, obstrucción a la Justicia e inhumación ilegal, fue dirigida también contra el general (r) Juan Manuel Contreras Sepúlveda en su calidad de comandante de Regimiento Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes. Hasta el momento, la información disponible permitió verificar los casos de seis uruguayos desaparecidos y uno ejecutado: Ariel Arcos Latorre, secuestrado el 29 de setiembre de 1973; Juan Povaschuck Galeazzo, secuestrado el 29 de setiembre de 1973; Nelsa Zulema Gadea Galán, secuestrado el 19 de setiembre de 1973; Alberto Fontela Alonso, secuestrado el 12 de setiembre de 1973; Arazatí Ramón López, asesinado el 24 de octubre de 1973 (su cuerpo fue repatriado y enterrado en el Cementerio del Buceo en 1995), Julio Fernández Fernández, secuestrado el 11 de octubre de 1973, y Enrique Pagardoy Saquieres, secuestrado el 29 de setiembre de 1973. Ayer, en una conferencia de prensa en la sede de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, los familiares de las víctimas destacaron el apoyo recibido por parte de varias organizaciones sociales, políticas y religiosas. También resaltaron el rol jugado por la embajada de Uruguay en Chile, cuyos funcionarios se pusieron a disposición de los querellantes. Jimena Gómez Gadea, sobrina de Nelsa Gadea, fue quien presentó este lunes en Chile la querella nº 175 contra Pinochet y Contreras, por el caso de su tía, y el de otras seis mediante poderes firmados por los familiares de las víctimas.

No obstante, señaló que el expediente está abierto a recibir nuevas denuncias y al aporte de nuevos testimonios.

En su intervención, también destacó que este camino judicial no es contrario al iniciado por la Comisión para la Paz.

«En Chile es posible iniciar acciones por la vía judicial, al igual que en España e Italia, donde hay juicios que nosotros apoyamos. Cada vez que se pueda hacer algo por la vía judicial, respecto a nuestros desaparecidos, la asociación lo va a hacer», dijo Alberto Hein, otro vocero de los Familiares. Si bien no hay números exactos de uruguayos desaparecidos en Chile, se estima que puedan existir varios más. Jimena reveló ayer que en los archivos chilenos, hay al menos dos casos de uruguayos ejecutados durante el período militar en ese país. Se trata de Daniel Ferreyra Ramos y Walter Materos, cuyos cuerpos ya fueron repatriados. El número de querellas contra Pinochet aumentó luego de que fuera detenido en Londres a pedido del juez español Baltasar Garzón.