Portavoces oficiales reivindicaron acceso a información como derecho fundamental

Durante la ceremonia, que contó con la presencia de los propios portavoces y de representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, el director del Servicio de Prensa y Difusión de la Presidencia de la República, José Luis Veiga, dijo que ya en el primer encuentro de este tipo, realizado en Santiago de Chile, los gobiernos habían expresado que tienen «el derecho y la obligación de informar».

«Tenemos el derecho de informar porque se deben conocer las actividades, las acciones, las propuestas y los fundamentos de las políticas que se desarrollan, pero también el derecho a defenderlas, a debatir y a expresar las opiniones en la controversia de un debate libre de ideas que se genera en la sociedad».

Veiga exhortó a los gobiernos a trabajar con los medios de comunicación «sabiendo que ellos son los intermediarios entre los gobiernos y la gente (aunque) no está lejos el día en que también los gobiernos, con los avances tecnológicos, podamos estar dirigiéndonos a los ciudadanos en su propia casa».

Por su parte, el canciller Reinaldo Gargano sostuvo que a su juicio el papel del vocero «no es el de interpretar al gobierno, sino solamente el de comunicar las decisiones del gobierno». Agregó que «debe hacerlo con transparencia, nitidez y claridad, para despertar confiabilidad en quien recibe la información. Si no hay confiabilidad en lo que el gobierno dice, difícilmente pueda sostenerse un régimen democrático», afirmó.

«En un sistema democrático, la interpretación de los actos de gobierno queda librada a los partidos políticos, a los integrantes de los medios de comunicación y a la ciudadanía. Los partidos políticos pueden opinar lo que quieran sobre la información transparente que brinda el gobierno», aseveró.

«Y los medios de comunicación están absolutamente libres de hacer la interpretación que crean conveniente. En última instancia, el juicio lo tiene la ciudadanía», aseveró.

 

«Secretismo»

Por su parte, Insulza dijo que «ninguna sociedad puede reputarse de pluralista, tolerante y basada en la justicia y el respeto mutuo, si no garantiza a sus ciudadanos el derecho de informarse».

El funcionario dijo que el acceso a la información pública tiene relación con cuestiones como «la transparencia pública, la lucha contra la corrupción, el progreso de la justicia social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos».

Sostuvo que el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información, está establecido en las convenciones universales e interamericanas sobre derechos humanos, sin embargo, «en varios de nuestros países aún queda mucho por hacer para llevarlos a la práctica».

A su entender, «las limitaciones que en nuestro continente afectan el derecho de los ciudadanos a estar informados, tienen raíces profundas». En este sentido, dijo que en algunos Estados «impera aún el secretismo como forma natural de comportamiento» y, en muchos casos, «los funcionarios públicos tienden a manejar toda información como confidencial y los ciudadanos en general no son conscientes de su derecho a estar informados».

Consideró que «la falta de transparencia en la administración pública es el origen más frecuente de la corrupción».

Señaló especial preocupación por las limitaciones a la libertad de expresión, afirmando que «ni los Estados ni ninguno de nosotros tenemos el derecho de ser mezquinos en la defensa de las libertades de pensamiento, porque ellas pertenecen a los seres humanos, no al poder».

Sostuvo que «la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el tipo penal de desacato, que otorga especial protección al honor y la reputación de los funcionarios públicos, es incompatible con el derecho a la libertad de expresión, pues en una sociedad democrática los funcionarios públicos, en vez de recibir tal protección especial, deben estar expuestos a un mayor nivel de crítica que posibilite el debate público y el control democrático de sus actuaciones».

Puso especial énfasis en criticar las «formas de presión indirecta» de los gobiernos, entre las que citó el otorgamiento de publicidad oficial a los medios que apoyan la gestión oficial o cuando se aplican potestades gubernamentales legales «con el fin de silenciar medios de comunicación adversos», lo que también conlleva «una señal clara al resto de los medios, provocando autocensura y temor».

Insulza, indicó que «ninguna sociedad puede llamarse pluralista, tolerante y basada en la justicia y el respeto mutuo si no garantiza a sus ciudadanos el derecho de informarse acerca de la labor de las instituciones públicas».

Sobre Uruguay, indicó que siempre fue partidario de la derogación y eliminación del delito de desacato en nuestro país porque considera que «un funcionario público debe tener los mismos derechos y las mismas protecciones que cualquier persona para defenderse en caso de ataque y no que sea un privilegio especial».

En cuanto al fallo realizado por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA recientemente que refiere al sistema jurídico procesal uruguayo en el que se lo critica por el gran porcentaje que existe en el país de presos sin condenas manifestó que estos temas en general no se discuten en la OEA, pero entiende que se trata de «un problema material y no es que exista ningún tipo de normativa que haga que la gente esté presa mucho tiempo, sino que se debe a que es el tiempo en que los expedientes demoran en los tribunales de justicia; espero que la recomendación de la comisión sea examinada por las autoridades uruguayas y decidan al respecto». *