El Poder Ejecutivo excluyó otros 17 casos de la Ley de Caducidad

Estas nuevas exclusiones habilitan al juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze, quienes indagan la «megacausa» del «segundo vuelo» a comenzar a investigar una serie de cinco o seis traslados desde Argentina entre febrero y agosto de 1978. Con esta decisión, suman 47 los casos que la administración de Tabaré Vázquez no amparó en la Ley 15.848.

Según la resolución adoptada el lunes, en respuesta la consulta remitida por el juez Charles el 31 de mayo, el Poder Ejecutivo excluyó de la norma 17 casos de desaparición que fueron denunciados ante la Justicia a mediados del mes pasado por el abogado Oscar López Goldaracena. En la investigación realizada por el jurista conjuntamente con el periodista de LA REPUBLICA Roger Rodríguez, se confirma esta nueva serie de traslados clandestinos desde Buenos Aires a Montevideo que tuvieron lugar en 1978 por aire, mar y tierra.

Los trasladados pertenecían al Partido Comunista Revolucionario (PCR), los Grupos de Acción Unificadora (GAU), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), las Agrupaciones de Militantes Sociales (AMS), la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST).

Todos habían sido detenidos en Argentina y previamente habrían sido torturados en los pozos de Quilmes y Banfield. Si bien la denuncia presenta 17 casos, se estima que en realidad, en esos cinco o seis traslados involucraron a unas 40 detenidos políticos.

Concretamente, la demanda de López Goldaracena hace referencia a las desapariciones de Eduardo Gallo, Carlos Cabezudo Pérez, Célica Gómez y Carolina Barrientos, quienes, según testimonios recabados habrían sido asesinados y enterrados en La Tablada.

Además, fueron denunciados los casos de: José Michelena, Graciela de Gouveia, Edmundo Dossetti, Ileana García, Julio D’Elía, Yolanda Casco, Guillermo Sobrino, Gustavo Goycochea, Graciela Basualdo, Juvelino Carneiro Da Fontoura, Miguel Ríos, Aída Sanz y Elsa Fernández.

Esta decisión se enmarca en la interpretación de la Ley de Caducidad aplicada por el gobierno, conocida como «Protocolo Fernández», en alusión al secretario de la Presidencia, doctor Gonzalo Fernández, en base a la cual se entiende que los crímenes registrados en el exterior no están amparados en la ley.

De esta forma, suman 47 las exclusiones aprobadas desde el 1º de marzo de 2005, día en el que asumió como Presidente el doctor Tabaré Vázquez, momento en el que anunció la expresa exclusión del caso de María Claudia García de Gelman. *