La ley de Caducidad es un obstáculo para la Justicia: "Para eso fue pensada"

­A mediados de mayo usted fue trasladado por la SCJ desde el Juzgado Penal de 2º Turno al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 2º Turno, tal como lo solicitara a fines de 2006. ¿Por qué pidió dejar la sede penal?

­Fueron muchos los motivos, pero el principal es que yo, como todo egresado de la Facultad de Derecho, pensaba ser juez civil, porque la Facultad de Derecho forma abogados civilistas, ya que el programa está hecho de tal manera que penal es casi una materia exótica. O sea que mi idea era ser un juez civil; pero la Suprema Corte en 1997 entendió que yo debía ser juez penal.

Además, el proceso penal, tal como está legislado es ilógico, intelectualmente no tiene fundamento y por eso no es entendido por la población y a veces ni los propios abogados lo entienden.

Después, por las carencias del propio Poder Judicial, lo que hace que, por ejemplo, en los turnos los jueces penales tengan que estar en cuatro lugares a la vez: tres audiencias más las salidas que hay que hacer para constituirse en un lugar por un determinado hecho.

 

­Todas estas situaciones van desgastando…

­Obviamente. Además, el juez penal, por cómo es el proceso y motivos económicos, no le puede dedicar el tiempo necesario a cada caso, y necesariamente hay que separar y elegir qué es lo más grave y comenzar por ahí. Esa situación va llenando de culpa ­yo lo llamo así­ porque no le podía dar a cada asunto el tiempo que realmente requería.

También se va acumulando estrés porque una cosa es tener mucho trabajo y otra es tener mucho trabajo y además la conciencia de no haberlo hecho como se debería haber hecho.

El Poder Judicial en la materia penal se sostiene por el esfuerzo absolutamente denodado de los jueces y actuarios y también de los funcionarios, que son la clave de todo el Poder Judicial, más aún en penal.

 

­¿El funcionario es el soporte del juez?

­Sin duda; si el funcionario falló no hay juez bueno y si los funcionarios son buenos a un juez mediocre le va bastante bien.

 

­Usted antes de ser juez penal en Montevideo tuvo varios destinos en el Interior, también como juez penal. ¿En qué aspectos se evidencian diferencias?

­El principal cambio está en que como en Montevideo hay mucho más trabajo, no es posible realizarlo de la misma forma. Yo recuerdo que cuando trabajaba en Chuy o en Durazno las cosas se hacían como se hacen en Montevideo en un juzgado civil, es decir en un escritorio el fiscal, en otro el defensor, el testigo o el imputado en el medio y el juez escuchando. También en el Interior el estilo de trabajo permitía la cercanía con agentes sociales, por ejemplo las intendencias.

 

­Es decir que en el Interior el juez tiene un rol social muy importante.

­Sin duda. En el Interior yo podía coordinar con distintos operadores sociales para que, por ejemplo, una persona que cometió un delito leve fuera a hacer trabajos comunitarios, pero no a cualquier lugar: que fuera a arreglarle la casa a un menor de edad que vive con su madre en condiciones espantosas y que la Junta Local le brinde los materiales.

Por lo tanto, se podía coordinar todo un mecanismo para que un niño que vivía en condiciones deplorables mejorara su situación teniendo una casa decente. Es una forma de trabajar más humana.

En el Interior el trabajo es más reconfortante porque uno nota que actúa en la realidad y que a veces ayuda a mejorarla. En Montevideo se manda gente al Comcar, que sin duda es una picadora de carne.

 

­¿Cuánto afecta a un juez la exposición pública?

­Yo creo que por mi trabajo, en Durazno tuve una muy buena consideración pública. Pero en Montevideo los jueces no están bien conceptuados. Y esto a pesar de que tenemos los índices de corrupción más bajos de toda América.

Los jueces estamos armados en la austeridad, en no ser reconocidos, pero eso desgasta. En mi caso personal, ingresé al Poder Judicial en 1993 para ganar la mitad de lo que ganaba en la actividad privada. O sea que como todos, se trata de algo vocacional, y a veces es muy frustrante que la sociedad no reconozca eso.

 

­Sin embargo, el Poder Judicial se ha abierto más a la opinión pública, incluso, los propios jueces.

­Sí, realmente eso ha mejorado. La Corte instaló hace algún tiempo la División de Comunicación Institucional a cargo del doctor Raúl Oxandabarat, que para mí ha hecho una tarea muy importante, pero que todavía, a mi criterio, le falta pasar de la etapa de estar a la defensiva y actuar cuando ocurre algo a la etapa activa, tratando, por ejemplo, de ir a la televisión, las radios. Los diarios no paran hablar de temas puntuales sino de cómo funciona el Poder Judicial, porque realmente la gente no sabe cómo son los procesos, y eso es imprescindible porque es parte de la democracia.

 

­Otro aspecto importante a la hora de los problemas en el Poder Judicial es todo lo vinculado al presupuesto, pero ¿hay cosas que podrían ser mejoradas más allá de la carencia de dinero?

­Yo siempre dije eso. Sin hacer grandes inversiones, tal vez se pueden hacer cosas. Cómo se le va a decir a un funcionario que haga las cosas de determinada manera si gana un sueldo que no le alcanza para vivir, hay que motivar. Un ejemplo: acá no funciona la fotocopiadora y las impresoras son lentas, y por lo tanto para hacer las copias de las resoluciones se demora por lo menos 40 minutos. Entonces, yo busqué la opción de la inventiva y a algunos abogados la copia se la mando por correo electrónico, y con eso se evita gasto de papel y de tiempo. Pero sin dinero, mucho más no se puede hacer.

 

­¿El Poder Judicial está cerca del colapso?

­No, porque ningún actuario ni ningún funcionario, que todos tienen la camiseta puesta, va a dejar que colapse, pero igualmente los políticos, que muchos de ellos son abogados, tienen claro que sin poner dinero no va a mejorar sustancialmente.

 

El caso María Claudia

 

Siendo juez penal, uno de los expedientes de más interés público que tuvo a su cargo fue el de María Claudia García de Gelman. ¿Cómo vivió indagar ese caso con todas las características tan particulares que tiene?

­En realidad fue un proceso más. Cuando termina un asunto yo le pongo la firma y el tribunal hará lo que tenga que hacer. Pero lo que me cayó mal fue la terminología del Tribunal de Apelaciones cuando revocó mi decreto donde yo planteaba que necesitaba interrogar a una lista de soldados del SID como medida de prueba, nada más.

En aquel entonces, el tribunal me acusó de haber cometido una barbaridad pero también un presunto delito, al decir que yo estaba soslayando legislación, y por eso me presenté ante la Corte diciendo que si lo que decía el tribunal era cierto, yo tenía que ser sometido a proceso disciplinario, cosa que no ocurrió.

 

­¿Había elementos para seguir investigando?

­Se trata de consideraciones jurídicas. A mi criterio, se hizo un proceso donde siempre estuvo presente el fiscal (Enrique Möller), incluso fue al batallón.

En determinado momento, cuando corresponde citar a los militares, le propuse al fiscal que no quería detenerlos, porque en aquel momento iba a generar un impacto social muy grande.

Entonces, el fiscal estudió el expediente y me dijo que iba a pedir el archivo, cosa con la que yo no estaba de acuerdo, porque yo entendí que era modificable la declaración de estar incluido en la Ley de Caducidad por el anterior gobierno, visión que el fiscal no compartió, aunque en ningún momento dijo que esos soldados fueran inocentes.

 

­De hecho esos soldados qu
e usted tenía previsto interrogar están involucrados en otras causas.

­Todos están detenidos, procesados y sujetos a extradición.

 

­¿Para la Justicia es un obstáculo la Ley de Caducidad?

­Naturalmente, para eso está pensada.

Es un caso sui generis donde el Poder Judicial no puede actuar si el Poder Ejecutivo no lo autoriza. La ley estableció que el Poder Ejecutivo dice qué casos se pueden procesar por la Justicia ordinaria, con un criterio que la norma no explica, pero todos sabemos que es político.

 

­Evidentemente viola la separación de poderes.

­Lo que ocurre es que se trata de una ley peculiar, que surgió en un momento del país también muy peculiar.

 

­En la causa particular de la nuera de Gelman, con todas las connotaciones que conlleva, ¿el manejo público jugó en contra de la investigación?

­En lo que yo hice no.

 

Las extradiciones

por el caso Berríos

 

­Otra causa de mucha resonancia social en la cual le tocó intervenir fue en las extradiciones de los militares Casella, Radaelli y Sarli por el caso Berríos. ¿En ese caso sintió algún tipo de presión?

­Ocurrió que un abogado pidió hablar conmigo por un asunto urgente en mi casa. Pero creo que ni siquiera sentí presión.

 

Concretamente el doctor Gervasio Guillot Eula…

-Yo no lo voy a nombrar. Además, en ese momento no estaba vinculado a ningún expediente mío, ni siquiera ése, que estaba a cargo del doctor Amadeo Otatti. Evidentemente quiso postergar la extradición por algunos días y trató de ablandarme, y por eso me habló de que yo era un punto militar, y que tenía chance de reivindicarme, lo que me pareció completamente pueril.

 

­¿Usted denunció ante la Corte esa situación?

­Yo lo despedí (a Guillot Eula) con una sonrisa porque realmente me dio lástima. Después di cuenta a un ministro de la Suprema Corte simplemente para que estuviera al tanto.

Dos o tres días después, el domingo de la Semana de Turismo del año pasado, ocurrió el episodio del «silbazo» de una bala en la Rambla, que si realmente hubiera pasado cualquier otro día no le daba mayor importancia.

Si efectivamente hubo un balazo, fue simplemente a errar para asustarme y ver si yo decretaba algo al día siguiente para retrasar el proceso.

 

­O mala puntería…

­No creo. No servía para nada que yo estuviera muerto porque atrás venía otro juez que de todas maneras iba a continuar con el expediente.

 

­De aquel hecho pasaron un año y algunos meses. ¿En este tiempo ha sufrido alguna amenaza o hecho similar?

­No, para nada. Ni antes ni después. Jamás tuve presión de nadie.