Batlle y la Comisión para la Paz harán hoy la primera evaluación

El encuentro entre Batlle y los seis integrantes de la Comisión se realizará esta tarde en el Edificio Independencia, sede del grupo de trabajo.

Tras el encuentro se dará una conferencia de prensa, en la que se piensa informar sobre algunos «resultados favorables» del trabajo de la Comisión.

El asesor presidencial y uno de los integrantes de la Comisión, Carlos Ramela, indicó que el objetivo del encuentro es para evaluar los primeros dos meses y medio de trabajo: la información recabada y los avances logrados.

La Comisión solicitó información a los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil y Paraguay.

En principio, el grupo de trabajo tiene cuatro meses de plazo para expedirse, pero ya algunos de sus integrantes, como el presidente honorario del PIT-CNT, José D’Elía, anunciaron días atrás su intención de solicitar al Presidente una extensión del plazo.

La Comisión elevará los datos recabados a la Presidencia de la República, «en la medida que entienda que son necesarias actuaciones tendientes a verificar y/o precisar su contenido, para que ésta disponga las averiguaciones que considere pertinentes». El grupo elaborará un informe final con sus conclusiones, que incluirá sus sugerencias sobre las medidas legislativas que pudieren corresponder en materia reparatoria y de estado civil, así como un resumen individual sobre cada caso de detenido-desaparecido que sea puesto a su consideración.

La Presidencia de la República dispondrá en el ámbito de su competencia, «las actuaciones que pudieren corresponder e informar oficialmente a los interesados», según señala la resolución que estableció la creación de la Comisión.

Esta resolución señala que la Comisión –integrada por Ramela, Nicolás Cotugno, Gonzalo Fernández, D’Elía, Luis Pérez Aguirre y José Claudio Williman– tiene como objetivo «consolidar la pacificación nacional y sellar para siempre la paz entre los uruguayos», y dar «los pasos posibles para determinar la situación de los detenidos-desaparecidos».

«Ello constituye una obligación ética del Estado y una tarea imprescindible para preservar la memoria histórica, que permitirá, además, generar las condiciones necesarias para aprobar, en su momento, las medidas legales que correspondan para reparar las situaciones que se constaten».