"Más jóvenes, más pobres"

Este fin de semana, la Vertiente realizará un encuentro de sus principales militantes. En él analizará una serie de textos que luego serán vertidos para el debate de dicha fuerza política, para culminar la redefinción de sus lineas ideológicas en 2001. LA REPUBLICA accedió al «Documento base Nº 4, Proceso Social y situación actual», donde se describe la situación social del país, la aparición de nuevos actores sociales, la realidad del sindicalismo clásico y la actitud que debe adoptar la izquierda ante ellos.

En la descripción de la realidad uruguaya la Vertiente, a partir de diversos estudios citados en el documento, concluye que «desde una perspectiva demográfica, la situación del país en términos de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es alarmante. Suman más de 1,2 millones las personas con al menos una carencia crítica, esto es, 38,7% de la población total del país en 1996. Esta población con NBI se puede desglosar, considerando la acumulación de carencias, de la siguiente manera: aproximadamente 702 mil personas tienen una carencia, 298 mil acumulan dos, mientras que 204 mil personas se encuentran en situación muy crítica, pues presentan tres o más necesidades básicas insatisfechas.

En afinamiento de los datos, el documento concluye: «Sin embargo, la situación se agrava si consideramos la relación entre la edad de las personas y la insatisfacción de las necesidades básicas más del 38% de la población presenta al menos una carencia crítica. Esa cifra se eleva al 47% cuando se considera a la población con menos de 15 años de edad, y sobrepasa el 51% cuando se tienen en cuenta a los niños menores de cinco años. La relación entre la edad de las personas y la insatisfacción de las necesidades básicas es clara: cuanto más jóvenes, más pobres'».

Para la VA, este cuadro es consecuencia de las políticas aplicadas, debe unirse con la situación actual de otros sectores de la población, lo que en conjunto permite definir la existencia de «ganadores y perdedores».

«Las consideraciones anteriores deberían complementarse con estudios cuantitativos y cualitativos acerca de los grupos económicos y las capas sociales. No disponemos de esa elaboración. No obstante ello, a grandes rasgos es posible identificar ganadores y perdedores directamente vinculados con la política económica impulsada en los ’90.

Como ganadores se suele identificar a sectores vinculados con el complejo importador (importadores, distribuidores, hipermercados); con el sector financiero; con una capa de profesionales que controlan altas tecnologías en la salud, informática, etc.; con asalariados con alto poder negociador; con grandes propietarios y rentistas beneficiados con el descenso de la inflación; y con sectores vinculados con la inversión extranjera directa, principalmente en forestación y turismo.

Como perdedores se incluyen frecuentemente a los sectores sociales vinculados con el complejo agroindustrial y con la industria tradicional, que producen tanto para el mercado interno como para la exportación; con el comercio minorista; y con los sectores asalariados que han aumentado su inseguridad producto de empleos precarios, de baja calidad, etc.»

Ello ha generado, en opinión de dicho sector frenteamplista, «una situación de desesperanza sólo comparable con la sufrida en 1973, con el golpe de Estado, y en 1982 y 1983 con la ruptura de la ‘tablita’. En esta coyuntura, la migración internacional pasa a ser una alternativa utilizada por miles de uruguayos».

Actualización

Pero el centro de las conceptualizaciones reside en la definición de la interacción del EP-FA con los actores sociales y de éstos con nuevas lógicas de participación ciudadana que despuntan en el país. El documento concluye que la participación no ha mermado, salvo en los espacios políticos y sociales tradicionales, manifestándose una importante incorporación en los sectores sociales emergentes, como grupos ambientalistas, de mujeres, grupos de trabajadores comunitarios de salud, niñez, juventud y además de las minorías sexuales.

«El movimiento sindical ha experimentado cambios relevantes en este final de siglo, tanto a su interior como en su relación con la sociedad. Muchos de los cuales pueden explicarse por el impacto que las transformaciones económicas y culturales ejercen sobre la sociedad en general y los trabajadores en particular. El empobrecimiento; la fragmentación social; los cambios en la estructura productiva, expresados en la desarticulación de las grandes fábricas y los antiguos sistemas de organización de la producción; la flexibilización; la tercerización y la precarización de las relaciones laborales son algunos de los más significativos. Por otra parte, la irrupción de la informalidad, el subempleo y el desempleo contribuyen a generar la creciente ‘exclusión’ de importantes sectores sociales que quedan ‘fuera’ del sistema, en términos clásicos ni siquiera son generadores de plusvalía, asumiendo lógicas y demandas distintas: sus problemas no son el salario, ni las condiciones laborales, etc., sino que se vinculan a la supervivencia propia y del núcleo familiar», advierte el texto.

En general, prosigue el documento, los nuevos movimientos sociales que se enumeran, difieren en muchos aspectos de los movimientos clásicos (como los sindicatos, los vinculados con la accion de las iglesias más comprometidas o el cooperativismo), «tanto si consideramos las características de sus plataformas de fuerte acento temático, como las formas concretas de acción, y los modos de organización menos jerárquicos y más en red. En alguno de ellos, como en los movimientos ambientalistas y de mujeres, existe una preocupación expresa por desarrollar el concepto de ‘interés general’ enfatizando las nociones de ‘limites’ al ‘desarrollo’, o de ‘equidad’ y ‘sustentabilidad'».

La Vertiente sostiene que uno de los actores emergentes más significativos de la época son los movimientos por empleo. «Surgidos a partir de 1997 en el interior del país, en forma relativamente espontánea y sin vinculación directa con los partidos políticos, estos movimientos representan formas de participación novedosas».

El documento recuerda también la necesidad de ampliar las alianzas políticas sociales para una acumulación progresista. En esa dirección cita el «Congreso del Pueblo», realizado en 1965, con la participación de 707 organizaciones sociales y antecedente de los procesos posteriores de unificación de la izquierda; también y con la diferencia de que en él se juntaron actores sociales y políticos, la Comisión Nacional pro Referéndum (creada en 1987) que impulsó toda la campaña contra la Ley de Caducidad .

El documento termina con una serie de preguntas:

«¿Qué atención le damos a experiencias recientes como la intersectorial? ¿Cuáles serían las áreas sociales de crecimiento principal y de prioridad política para el FA-EP y para la VA en los próximos años?

¿Se agotó el crecimento en las capas medias? ¿Es preciso apuntar a los ‘resistentes’ y a los excluidos? En términos cualitativos, ¿no importan también los sectores ligados a la ‘nueva economía’ de la información y del desarrollo científico-técnico y cultural? También debemos preguntarnos si ¿la autonomía recíproca del movimiento político y los movimientos sociales constituye una definición suficiente?»