Caso Amaro: blancos dudan de seriedad de imputaciones

El Partido Nacional considera que «surgen muchas dudas acerca de la seriedad de las imputaciones efectuadas» por la Justicia en el pedido de desafuero del senador quincista Juan Justo Amaro y que «de las severas irregularidades administrativas en la gestión de OSE, a teñir dichas conductas con la ilicitud penal, con lo criminal, hay un abismo conceptual».

En su punto sexto del informe, los nacionalistas Francisco Gallinal, Carlos Moreira y Sergio Abreu estimaron que «surgen muchas dudas acerca de la seriedad de las imputaciones efectuadas. La Cámara advierte ­de la lectura atenta de las actuaciones presumariales­ que efectivamente han existido severas irregularidades administrativas en la gestión de OSE, pero de ahí a teñir dichas conductas con la ilicitud penal, con lo criminal, hay un abismo conceptual. Lo criminal requiere una ontología característica que no se configura en este caso sin forzar a extremos inadmisibles los elementos fácticos del expediente».

Asimismo, «el estudio atento de las actuaciones administrativas y judiciales cumplidas, con relación a la imputación de fraude, nos permite concluir que no estuvo presente en la conducta del senador Amaro un proceder intencionalmente engañoso, requisito indispensable para la adecuación típica de dicha figura delictiva».

Como demostración de ello, «basta mencionar la intervención en todo el proceso de adjudicación, liquidación y pago de los viáticos cuestionados, de una comisión especialmente creada a tales efectos, la participación en todo el proceso de varios jerarcas de OSE y el conocimiento y ausencia de observaciones por parte del contador delegado del Tribunal de Cuentas de la República, durante todo el tiempo en que el senador se desempeñó como presidente de OSE».

Prosiguiendo con los fundamentos e imputaciones de esta solicitud de desafuero, agregan los nacionalistas, «nos referiremos con la brevedad que imponen las circunstancias, a la controversial figura del abuso innominado de funciones. Respecto a ello no creemos de recibo la imputación que formula la Fiscalía cuando pide el procesamiento del senador Amaro por la autoría de cuatro delitos de abuso de funciones en casos no previstos expresamente por la Ley.

Tocante a dicho petitorio creemos del caso poner de manifiesto la más reciente jurisprudencia a la luz de lo que surge de los fundamentos de la sentencia 248 de 22 diciembre de 2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, que requiere para la consumación de este delito, determinados elementos subjetivos y de hecho (ánimo o interés espurio y perjuicio material a la administración) cuya presencia o existencia no advertimos en el caso presente.

Para los blancos, «aquí está en juego más que la persona de un legislador, está en juego el respeto de la Cámara por los derechos y garantías de sus miembros. Está comprometida la independencia del Poder Legislativo de las presiones que el actual proceso de ‘judicialización de la política’ ha exacerbado. La Cámara no puede sentar el precedente de que basta un pedido formal de desafuero para proceder a concederlo sin tener en cuenta el contexto en el que surge, las consideraciones fácticas y jurídicas y las implicancias políticas del asunto».

En este contexto, pues, dicen los nacionalistas, «no procede que la Cámara conceda el desafuero a uno de sus miembros, que nos merece además una especial consideración por su trayectoria política y personal, criterio compartido por la propia bancada de gobierno, en tanto expresara en esta Comisión su clara opinión en similar sentido».

En síntesis y concluyendo, «los senadores firmantes entienden que el pedido de desafuero no se funda en hechos de los que razonablemente derive la presunción que el legislador ha delinquido, por lo cual votarán en contrario a lo solicitado». *