Vaillant: "Una ley del caso a caso"

El senador Víctor Vaillant (Espacio 609), uno de los impulsores de una solución legal para los deudores agropecuarios, expresó ayer que el proyecto de ley no es contrario a las soluciones caso a caso impulsadas por el equipo económico. “Es una ley del caso a caso y eso se ve claramente en dos de los artículos del proyecto”, dijo.

El proyecto de ley, que también apoyan el senador Jorge Saravia (Espacio 609) y el diputado Gonzalo Mujica (Compromiso Frenteamplista), básicamente establece que quienes posean “inmuebles rurales hipotecados originalmente a favor del Banco de la República Oriental del Uruguay de hasta 2000 hectáreas por deudas impagas de hasta U$S 250.000 de productores rurales que las estuvieran explotando directamente deberán ser ofrecidas por éste, y podrán ser adquiridas por el Instituto Nacional de Colonización, previo consentimiento expreso del propietario deudor”. El Instituto pasa a ser el propietario de los inmuebles y el deudor puede permanecer en los mismos en calidad de colono, teniendo la posibilidad de pagar una cuota extra al instituto (que en total equivale al valor de la deuda neta) para recuperar la titularidad de los inmuebles en un plazo de 25 años. El legislador hizo expresa referencia al primer artículo en el que se determina que los productores que se amparen en la ley lo harán por “su expreso consentimiento”, lo que dependerá “de cada caso”. Asimismo, señaló que en otro de los artículos, el cuarto, en el que figura que “El Instituto Nacional de Colonización deberá ofrecer estos predios en primer lugar a su anterior propietario, cuando éste reuniere las características necesarias para ser colono conforme a los artículos 50 y 60 de la Ley Nº 11.029, para ser explotadas en tal calidad de acuerdo con las condiciones generales establecidas por el Organismo”. A su criterio esto también depende de cada caso, es decir, “cada productor deberá cumplir con los requisitos para ser colono, lo que deberá evaluarse en cada situación”. Por otra parte, el senador destacó que las características que deben tener los productores para ampararse en la ley (inmuebles de hasta 2.000 hectáreas por deudas impagas de hasta U$S 250.000 ) y que han sido objeto de duras críticas por parte del equipo económico de gobierno, podrán ser redefinidas en la discusión parlamentaria. “Si luego de la discusión se ve que lo más conveniente es bajar el número de hectáreas de 2.000 a 1.000 se hará, porque no modifica el espíritu de la ley”, dijo. “Estamos dispuestos a conversar todo lo necesario con quienes quieran plantear modificaciones, pero otra cosa es conversar con quienes están en contra del proyecto aún sin haberlo leído”.