La Justicia desestimó acusaciones de Caofa contra Federico Fasano

A más de un año de que la directiva de Caofa presentara una denuncia contra el doctor Fasano, la Justicia decidió el archivo del caso, luego de varias instancias judiciales que una por una dieron por tierra con las acusaciones contra el director del matutino LA REPUBLICA.

La denuncia de Caofa se originó en una nota publicada por LA REPUBLICA el 6 de octubre de 1999, en que se mencionaron irregularidades descubiertas en la cooperativa militar durante la gestión de la anterior directiva y que habían originado pérdidas millonarias en dólares. La actual directiva de Caofa consideró que no eran ciertas las denuncias publicadas y que las mismas habían dañado a la institución.

Sin embargo, la misma directiva presentó una denuncia penal contra sus antecesores en los cargos que ocupan y denunció irregularidades aún más graves y por un monto superior que las publicadas por LA REPUBLICA, que culminaron con el procesamiento con prisión de varias personas.

Anteriormente a la sentencia de la jueza Damasco, el fiscal que llevó el caso, Eduardo Fernández Dovat, pidió el sobreseimiento de Fasano puesto que de acuerdo a la prueba contenida en el expediente no existió la intención de difamar, y amparó el derecho de Fasano a mantener en secreto la identidad de las fuentes consultadas para averiguar las informaciones publicadas. Además destacó que se comprobó la verosimilitud de lo difundido por este medio.

El representante del Ministerio Público concluyó en su momento que hubo graves irregularidades en Caofa, aunque discrepó con la calificación judicial que utilizó LA REPUBLICA (intervención) sobre la actuación del Banco Central.

Con respecto a la supuesta divulgación de hechos inexactos, para Fernández Dovat no existió malicia, en virtud de su verosimilitud. Asimismo indicó que tampoco se le puede pedir a un medio de comunicación esa exigencia en la precisión técnico-jurídica de sus expresiones.

La denuncia penal de Caofa, en un escrito de contenido confuso, acusaba a Federico y Carlos Fasano Mertens y LA REPUBLICA de los delitos de difamación e injurias y divulgación de noticias falsas. Tras la presentación de dicha denuncia, el 18 de octubre de 1999 se desarrolló la primera audiencia, en la que Federico Fasano se hizo responsable por la nota publicada y excluyó de responsabilidad al redactor responsable de LA REPUBLICA, Carlos Fasano, en tanto el abogado de Fasano, el doctor Carlos Uriarte, pidió el diligenciamiento de pruebas. La audiencia se suspendió y continuó el 19 de octubre, cuando se reiteró la discusión sobre el diligenciamiento de pruebas pedido por el doctor Uriarte, lo que concluyó con la decisión de la jueza Damasco –ante el pedido del fiscal– de excluir parte importante de la prueba presentada por Fasano.

El 21 de marzo de 2000 fue la segunda audiencia, en la que el fiscal Fernández Dovat y el doctor Uriarte interrogaron a la directiva de Caofa, la que ratificó la muy difícil situación financiera en que debieron asumir la conducción de la cooperativa militar, lo que incluso los llevó a presentar una denuncia en el Juzgado Penal del 11º Turno antes que LA REPUBLICA publicara la nota cuyo contenido cuestionaron.

Posteriormente, el representante del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de Federico Fasano, amparando su derecho a mantener en secreto la identidad de la fuente de la información. Comprobó además que es verosímil la información que se manejó en la publicación. También concluyó que existieron graves irregularidades en Caofa.

A la vista del fiscal se sumó la decisión de la magistrada Damasco, quien rechazó la acción de amparo presentada por Caofa contra LA REPUBLICA, ya que a entender de la jueza el derecho de respuesta no ampara a los textos que nada agregan a la información publicada, como en este caso.

La jueza señaló que la carta de Caofa a LA REPUBLICA, para ser publicada como derecho de respuesta, no era en realidad una réplica, porque no decía su versión de los hechos.

Federico Fasano ofreció, de todos modos, publicarles una respuesta que contuviera información y no términos agraviantes contra el diario.

Los representantes de Caofa apelaron el fallo de Damasco e hicieron una acusación privada en el plazo previsto, la que la jueza consideró inconstitucional y elevó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El 1º de agosto de este año la SCJ, por mayoría de sus miembros, resolvió que la ley no es inconstitucional y permitió la acusación privada.

Fruto de la decisión de la SCJ, la semana pasada se desarrolló una nueva audiencia en que la defensa de Federico Fasano presentó la contestación a la acusación de Caofa.

Ayer finalmente la jueza Damasco desestimó las acusaciones de la actual directiva de Caofa y decretó la clausura y archivo del caso, ante la ausencia de la parte demandante, que siquiera se hizo presente a la hora en que se conociera la sentencia.