Proyecto de seguridad rural

Ayer fue aprobado en comisiones el proyecto de ley que concede nuevas herramientas jurídicas y legales para la seguridad en el medio rural, que apuntan fundamentalmente a penar con mayor severidad los delitos de contrabando, abigeato y la caza y la pesca abusivas.

El proyecto tiene su origen en la pasada administración, cuando una comisión multisectorial promovió la necesidad de actualizar los códigos Penal y Rural.

Recién en este gobierno y a instancias del entonces ministro del Interior, José Díaz, las propuestas de la comisión tomaron estado parlamentario y fueron derivadas a la Comisión de Ganadería de Diputados, que se abocó a redactar el articulado.

Divergencias internas en la izquierda hicieron que el proyecto de seguridad en el medio rural se enlenteciera en su tratamiento legislativo debido a diferentes enfoques relativos al recurso de «legítima defensa», en el entendido de que había quienes aseguraban que ese recurso es únicamente válido en casos en los que un intruso invade la morada y no en el supuesto caso de que se constate un delito en otra zona de un establecimiento rural.

Las diferentes opiniones sobre la «legítima defensa» no terminaron nunca de acordarse, por lo que se optó por eliminar el término del proyecto aprobado ayer. En cuanto al resto del proyecto, se sustituye el artículo 257 del Código Penal, que grava el delito de contrabando con tres meses de prisión a seis de penitenciaría, se castiga de igual forma a quien ingrese sin el permiso correspondiente a un establecimiento a cazar o a pescar, se regula el arreo de ganado en rutas nacionales y se hace más expeditivo el remate del ganado suelto.

En cuanto al abigeato, se recomiendan penas más severas y con agravantes si quien comete ese delito es productor rural o actúa coordinadamente. *