Resolución de OEA: "Es algo que se merecía la Justicia de este país"

Uno de los hermanos Peirano Basso, Jorge, ayer rompió el silencio. Esto lo hizo cuando fue consultado por Canal 4 en el momento en que retornaba al penal de La Tablada de una de sus salidas transitorias.

El ex banquero dijo acerca de la resolución de la OEA, la que le da un plazo de 60 días al Estado uruguayo para que decida sobre su libertad y la de sus hermanos: «La verdad es que creo que es algo que se merecía la Justicia de este país. Nada más».

Cabe agregar sobre el tema, que en esta semana los abogados de los Peirano definirán si solicitan a la Justicia la libertad.

Jorge también se refirió a la «carta abierta» en la que admitieron «errores», en la que responsabilizan nuevamente a las autoridades del Banco Central del Uruguay (BCU). «La carta la escribimos nosotros para aclarar algunas cosas», enfatizó.

 

Pedido de libertad

En tanto, los abogados en materia Penal de los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso evalúan la posibilidad de presentar un nuevo pedido de libertad provisional, aunque todavía no definieron si lo harán ante la jueza de la causa o ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Uno de los asesores jurídicos de los ex directores del Banco Montevideo, el doctor Pablo Donnángelo, dijo ayer a LA REPUBLICA que tomando en cuenta que la SCJ «es el máximo jerarca de la Justicia uruguaya, no sería un tema menor que planteara su posición».

Sin embargo, el abogado no descartó la posibilidad de presentar en la solicitud de excarcelación ante la jueza de la causa, la doctora Graciela Gatti quien desde el jueves analiza el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que recomendó liberar a los ex banqueros procesados en agosto de 2002 por el vaciamiento del Banco Montevideo y desvío de activos hacia el TCB de Islas Caimán.

La semana pasada, esta comisión asesora de la OEA remitió a Uruguay las conclusiones respecto a la denuncia presentada por los ex banqueros en 2005, quienes pusieron en conocimiento de la CIDH su situación procesal, en la cual tras ser procesados hace casi cinco años, todavía no tienen condena de primera instancia. *