Jueza Gatti estudia informe de la OEA

La jueza Penal de 7º Turno, doctora Graciela Gatti, ya analiza el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que recomendó liberar a los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso.

El informe llegó a la sede penal a última hora del miércoles, proveniente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ayer. La jueza Gatti ya comenzó con el estudio del documento que exhortó al Estado uruguayo a que los ex banqueros, procesados en agosto de 2002, sean liberados.

Según dijeron a LA REPUBLICA fuentes judiciales, en primera instancia, la jueza resolverá respecto a los plazos que rigen para adoptar resolución en torno a la recomendación de la CIDH, y luego analizará el contenido del informe. La denuncia de los hermanos Peirano fue presentada ante la OEA en 2005, poniendo en conocimiento de la CIDH que los ex banqueros, procesados en agosto de 2002 por el vaciamiento del Banco Montevideo y desafío de fondos hacia el TCB de las Islas Caimán, están detenidos pero sin condena.

En su dictamen, de 29 fojas, la comisión entendió que el Estado uruguayo es “responsable” de la “irrazonable prolongación de la prisión preventiva y por tanto se recomendó que los ex banqueros sean liberados. En octubre de 2006, el fiscal Rafael Ubiría (actual fiscal de Corte) presentó la acusación fiscal contra los ex banqueros por el delito de “insolvencia societaria fraudulenta”, por el cual solicitó nueve años de prisión para cada uno de los hermanos Peirano Basso. Actualmente, la jueza se encuentra a la espera de que las defensas de los involucrados cumplan con las etapas de contestación de la acusación fiscal, lo que demandará aproximadamente dos meses más. Luego, el expediente pasará a la Fiscalía, y luego será elevado a la magistrada para que dicte sentencia, para lo cual, dispondrá de 90 días.

“Víctimas de la crisis”

Mientras tanto, en una carta abierta dirigida a los medios de prensa, redactada por los hermanos Peirano Basso desde la Tablada, sostienen que la posición de la CIDH trasciende sus casos particulares y alcanza a las “instituciones republicanas” que son los órganos que “deben garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de cada ciudadano”.

Los ex banqueros agregan haber sido “víctimas” de la crisis de 2002, sin perjuicio de lo cual admiten sus “errores” pero no aceptan que se los acuse de ser “delincuentes”. “En estos cinco años hemos conocido en la cárcel a centenares de uruguayos que, sin posibilidad de defenderse, sufren iguales o más injustas reclusiones a causa de nuestro anacrónico proceso penal. Esto ha sido doloroso en extremo”, expresa la misiva. He aquí la carta remitida a LA REPUBLICA:

“La Tablada, 17 de mayo de 2007

A la opinión pública:

1. Nos dirigimos a ustedes, cuando ha tomado estado público que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA declaró que la privación de nuestra libertad, desde hace cuatro años, nueve meses y diez días, es injusta e ilegítima.

2. No fuimos los causantes de la crisis de 2002, sino otras víctimas más de ella, como tantos compatriotas la sufrieron. Asumimos la responsabilidad si es que cometimos errores, pero no admitimos que se nos acuse de delincuentes.

3. En el momento de la crisis empeñamos nuestro patrimonio personal y familiar, y mientras estuvimos a cargo de los Bancos Montevideo y Caja Obrera, hicimos todo cuanto estaba a nuestro alcance para cumplir con sus compromisos.

4. Al ser desplazados de la dirección de ambos Bancos por una arbitraria, ilegal e inoportuna intervención del Banco Central, se destruyó la confianza y el valor de esas instituciones y, como resultado de ello, de todo el Grupo Velox, con las consecuencias conocidas en perjuicio de los ahorristas damnificados y de nosotros mismos.

5. En el quebranto económico hemos sufrido la injuria y la calumnia, y hemos perdido años de libertad. Pero tenemos paz en la conciencia, sabiendo que hicimos todo lo posible para no perjudicar voluntariamente a nadie.

6. Hubiéramos querido que las cosas fueran de otro modo, pero no pudimos evitar lo sucedido. La crisis inédita que entonces vivió la Argentina, sumada a los errores de la administración bancaria oficial uruguaya, arrastró a nuestro sistema financiero y bancario a uno de los momentos más trágicos de la historia económica y social de nuestro país. Y nos tocó estar en el medio de ese temporal. La intervención con desplazamiento de autoridades, ordenada pro el Banco Central, en nuestro caso fue determinante para acelerar la corrida en el Banco Montevideo y profundizar la crisis, usándose nuestro nombre para justificar un desastre que no causamos.

7. Por estas razones, el 15 de junio de 2006 iniciamos un juicio al Banco Central del Uruguay por la intervención del Banco Montevideo. Queremos destinar el resultado del juicio para pagar a los ahorristas e inversores que no han cobrado o han cobrado parte de sus ahorros.

8. En estos cinco años hemos conocido en la cárcel a centenares de uruguayos que, sin posibilidad de defenderse, sufren iguales o más injustas reclusiones a causa de nuestro anacrónico proceso penal. Esto ha sido doloroso en extremo.

9. La resolución de la OEA trasciende nuestro caso: alcanza a las instituciones republicanas que, en última instancia, deben garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de cada ciudadano. Esperamos que ese dictamen contribuya a mejorar el sistema judicial y la calidad de vida democrática que todos los uruguayos valoramos y merecemos.

JORGE PEIRANO BASSO – DANTE PEIRANO BASSO – JOSE PEIRANO BASSO”