Piden excavar en La Tablada y en unidad militar

Jueves 17 de mayo de 2007 | 4:03
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Ayer fue presentada ante la Justicia una denuncia por la presunta existencia de traslados clandestinos desde Argentina entre febrero y agosto de 1978. En el escrito se solicita que la Justicia adopte medidas de no innovar en predios donde podrían encontrarse restos de ciudadanos trasladados ese año y también que se habiliten las excavaciones en esas zonas. El abogado especialista en derechos humanos Oscar López Goldaracena presentó ayer ante el Juzgado Penal de 19º Turno, a cargo del doctor Luis Charles, una denuncia penal por la existencia de unos cinco traslados clandestinos registrados entre febrero y agosto de 1978.

El jurista, acompañado por los denunciantes, en su totalidad familiares de los presuntos “pasajeros”, se hizo presente ayer en el despacho del juez Charles, quien conjuntamente con la fiscal Mirtha Guianze instruye el caso del “segundo vuelo” de Orletti del 5 de octubre de 1976.

Esta denuncia forma parte de un trabajo de un año que realizaron López Goldaracena y el periodista de LA REPUBLICA Roger Rodríguez. También fueron utilizadas investigaciones del diario “El Observador” y el semanario “Brecha”.

En diálogo con LA REPUBLICA, López Goldaracena dijo que existen elementos de “conexión” entre este caso denunciado ayer y la indagatoria que llevan adelante Charles y Guianze, y por tal motivo se solicita que esta causa sea investigada al mismo tiempo que el “segundo vuelo”. En la denuncia se presenta como indagados a todos los militares que operaron en el Fusna, el SID y el OCOA. Particularmente se hace hincapié en las figuras del capitán de navío Jorge Tróccoli y de Gregorio Alvarez, por entonces comandante en jefe del Ejército. “Lo que se solicita (en la denuncia) es que la Justicia defina los posibles lugares de enterramiento en La Tablada y en el Cuerpo de Artillería Antiaérea Nº 1, en la Ruta 34, donde pedimos que se indaguen posibles lugares de enterramiento”, dijo López Goldaracena. Esos traslados clandestinos habrían tenido lugar entre febrero y agosto de 1978, mediante la utilización de lanchas, aviones y avionetas. En Uruguay los 40 “pasajeros” habrían sido ejecutados y enterrados, presuntamente en predios militares. Según las investigaciones, los restos de las personas trasladadas en esos viajes ­e incluso en otros­ podrían encontrarse en zonas del centro de reclusión de La Tablada y también del Grupo de Artillería Antiaérea Nº 1, sobre la Ruta 34. López Goldaracena pidió al juez Charles la disposición de medidas de no innovar en los lugares señalados, así como también solicitó que se dé intervención al Departamento de Antropología Forense de la Facultad de Humanidades, a cargo del arqueólogo José López Mazz, para ubicar los sitios de posibles enterramientos.

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