Escrito por: ROGER RODRIGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó un informe de admisibilidad sobre el caso Gelman y comenzó a analizar una eventual condena al Estado uruguayo por violar convenios internacionales de derechos humanos.
El reclamo ante la CIDH había sido presentado el 8 de mayo de 2006 por el poeta Juan Gelman y su nieta, Macarena Gelman mediante el abogado José Luis González y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes denunciaron la violación de sus derechos por parte de Uruguay.
En el caso se denuncia la actuación del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial uruguayos, que definieron la clausura de la investigación sobre la desaparición de María Claudia García de Gelman, madre de Macarena, al amparo de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
María Claudia y su esposo, Marcelo Gelman, secuestrados en Argentina en 1976, estuvieron en el “pozo” Automotores Orletti. Marcelo fue asesinado y arrojado al río Luján, en la provincia de Buenos Aires, dentro de un tonel. María Claudia, en cambio, fue trasladada a Uruguay y desaparecida luego de parir a su hija Macarena, quien fue entregada a la familia de un policía.
Macarena recuperó su identidad en 2000, pocos días después de asumir la presidencia Jorge Batlle. Su caso fue uno de los que determinaron la creación de la Comisión para la Paz. Se habilitó entonces una investigación judicial, pero el propio Batlle la cerró al incluirla en la Ley Nº 15.848.
El expediente judicial fue reabierto por el juez Gustavo Mirabal ante el surgimiento de “pruebas supervinientes” aportadas en una investigación periodística de LA REPUBLICA que ubicó el paradero de la Base Valparaíso, donde María Claudia fue llevada antes de su asesinato y enterramiento.
El juez Mirabal se disponía a citar a un grupo de subalternos que revistaban en el Servicio de Información y Defensa (SID), donde María Claudia estuvo recluida, cuando el fiscal actuante, Raúl Moller, pidió archivar el caso al considerar que la Ley de Caducidad implicaba una “amnistía”. Un Tribunal de Apelaciones ratificó luego la clausura de las actuaciones por parte de Moller y reprobó la reapertura transitoria del caso por parte del juez Mirabal, quien días atrás dejó su cargo en la Justicia penal para pasar a ejercer como juez en lo contencioso. Moller también ha dejado su fiscalía.
La declaración de admisibilidad realizada por la CIDH implica que el organismo jurisdiccional de la OEA comenzará a estudiar el tema de fondo, lo que implica definir si el procedimiento judicial llevado a cabo en el Estado uruguayo contraviene las normas internacionales en derechos humanos.
La admisibilidad, a un año de su presentación ante la CIDH durante el cual el Estado uruguayo y la parte denunciante presentaron sus argumentos, significa en los hechos que la CIDH tiene la presunción de que los derechos humanos de Juan y Macarena Gelman han sido violados por la normativa de Uruguay.
Los Gelman denunciaron que fueron violados sus derechos al debido proceso legal y a la protección judicial de las víctimas, el derecho a la verdad, la obligación de investigar violaciones a los derechos humanos, el derecho a la protección de los niños, su identidad, su honra, dignidad y familia.
Los demandantes disponen ahora de 60 días para aportar sus pruebas y un plazo similar tendrá luego el Estado uruguayo para contravertirlas. La CIDH adoptará luego una decisión que podría implicar el inicio de un juicio contra Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica.
La CIDH dijo que “aunque merecen reconocimiento las buenas intenciones del gobierno uruguayo, y actualmente los tribunales de Argentina y Uruguay que están investigando las operaciones del Plan Cóndor, no puede ignorarse que la judicatura uruguaya archivó el caso” y agotó los recursos a nivel local.
Los denunciantes subrayaron que el principal obstáculo que ha impedido que se haga justicia, tanto en éste como en otros casos, es la existencia de la denominada Ley de Caducidad, y reclaman al Estado uruguayo que remueva los obstáculos jurídicos para acceder a la verdad y obtener justicia.
El expediente sobre el caso Gelman fue recientemente incorporado como prueba en la causa judicial del “segundo vuelo” de Orletti ante el testimonio de LA REPUBLICA respecto a que el traslado de María Claudia a Uruguay era parte del “paquete” por el que se trajo a los detenidos en Buenos Aires. La incorporación del expediente implicó la reapertura política del caso Gelman, que nuevamente se encuentra bajo jurisdicción penal, pero todavía no se ha concretado su reapertura jurídica, ante la imposición de la Ley Nº 15.484, que la CIDH ya consideró en 1992 contraria a las normas internacionales. *
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