Los cuerpos del delito

La confirmación de la lista de eventuales pasajeros del «segundo vuelo» de Orletti y la posibilidad de ubicar sus restos se presenta como la próxima etapa de investigación judicial de la «megacausa» que enfrentan el juez penal Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze a partir de la presente semana.

Charles y Guianze, instructores del caso, ya habrían llegado a la convicción de que el 5 de octubre de 1976 en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) fueron trasladados 22 presos políticos secuestrados en Argentina, que habían estado detenidos en Automotores Orletti y a quienes se dio muerte en Uruguay.

En los próximos días serían citados ante el Juzgado Penal de 19º Turno oficiales y subalternos que operaron como encargados o mandos de unidades militares donde pudo estar detenido o ser enterrado el grupo de desaparecidos, cuyo asesinato se produjo casi un mes después de su traslado a Montevideo.

La denuncia de la existencia de ese «segundo vuelo» fue realizada por LA REPUBLICA en 2002 y confirmada por el informe oficial sobre los desaparecidos en la dictadura que el comandante en jefe de la FAU, brigadier general Enrique Bonelli entregó al presidente Tabaré Vázquez en 2005.

La causa del «segundo vuelo» se sumó desde mediados de abril último al caso de desaparición de Adalberto Soba y Alberto Mechoso, eventuales pasajeros del ilegal traslado aéreo a Uruguay, por el cual ya fueron procesados ocho militares y policías, miembros de los aparatos de Inteligencia de la dictadura.

En 1976 el régimen uruguayo realizó en Buenos Aires una operación represiva coordinada con la dictadura argentina por la que secuestró a medio centenar de uruguayos en el centro clandestino de torturas Automotores Orletti. La mitad, traída en un primer vuelo en julio, sobrevivió. El resto continúa desaparecido.

Las víctimas de aquellos operativos eran opositores de la dictadura, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), a quienes se responsabilizaba del secuestro de la bandera de los 33 Orientales en 1969 y quienes habían obtenido un rescate millonario con el secuestro de un empresario en 1974.

 

La lista de víctimas

Luego de recibir el testimonio de familiares de las eventuales víctimas, de periodistas que indagaron o escribieron sobre el tema, de mandos militares y subalternos que operaban entonces en el Servicio de Información y Defensa (SID), el sumario judicial procura identificar a los pasajeros de aquel vuelo.

Una serie de indicios permiten presumir que el grupo de 22 personas, según la cifra que en 1976 se manejó en un comunicado de la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (DINARP), estaría compuesto en su mayoría por uruguayos secuestrados en Argentina entre setiembre y octubre de aquel año.

Ese operativo se inició el 23 de setiembre de 1976 con el secuestro de la pareja Juan Morales y Josefina Kleim, y continuó más tarde con un ataque a la casa del matrimonio Roger Julién (quien habría muerto) y Victoria Grisonas, cuyos hijos, Eve y Anatole, aparecieron meses después en Chile.

Ese 26 de setiembre secuestran a Adalberto Soba y Alberto Mechoso, cuyas esposas e hijos fueron trasladadas un día después a Montevideo por los militares José Gavazzo y Ricardo Arab, junto a un millonario botín de guerra robado en sus domicilios. Allí capturan a Juan Pablo Errandonea y Raúl Tejera.

Un día más tarde son detenidos María Emilia Islas de Zaffaroni y Jorge Zaffaroni. Su pequeña hija, Mariana, sería recuperada años más tarde en manos de Miguel Angel Furci, un agente del Servicio de Información y Defensa del Estado (SIDE) quien declaró que tomó a la niña de la «escalerilla del avión».

El 28 de octubre la coordinación represiva del llamado Plan Cóndor capturó a Cecilia Trías Hernández y Washington Cram; al día siguiente desaparece Carlos Bonavita, cuya presencia en el taller Automotores Orletti no se ha podido confirmar, y el día 30 fue detenido Ruben «Cachito» Prieto González.

En los primeros cuatro días de octubre secuestran a Rafael Lezama, Segundo Chejenian, Graciela Martínez de Chejenian, Miguel Moreno, Casimira Carretero, Carlos Rodríguez Mercader, Bernardo Arnone, Juan Pablo Recagno y Washington Queiro. El día 5 se produjo el traslado en el segundo vuelo.

 

La escena del crimen

Aunque la cantidad de secuestrados en setiembre y octubre de 1976 coincide con la cifra de 22 detenidos que la Dinarp manejó en un comunicado a fines de octubre, cuando los del primer vuelo fueron «blanqueados» en un falso operativo de captura, no se descartan otros nombres en el segundo vuelo.

La confirmación de la lista de «pasajeros» de aquel traslado ilegal aparece ahora relacionada con los posibles lugares de su detención en Uruguay y en los probables sitios de su enterramiento, seguramente en alguna unidad militar, luego de su ejecución masiva.

En ese rumbo, la fiscalía habría pedido la identificación ocular de cinco centros de tortura denunciados: la Casona de Punta Gorda, la Base Valparaíso, la Casona de Millán, el «300 Carlos» ubicado en el Servicio de Material y Armamento (SMA) y la vieja sede del Servicio de Información y Defensa (SID).

En la casona de Punta Gorda estuvieron detenidas las víctimas del «primer vuelo», quienes luego fueron trasladadas a la sede del SID en Bulevar Artigas y Palmar (hoy sede del Calen), donde también estaba María Claudia García de Gelman, quien fue llevada a la Base Valparaíso antes de ser asesinada.

La casona de Millán y Loreto, donde hoy está la Cooperativa de Viviendas de Obreros de Cutcsa, habría sido comprada con el dinero robado al PVP; y en el «300 Carlos», adjunto al Batallón de Infantería 13, habrían sido llevados en un micro los del segundo vuelo, a quienes conocían como «los del ómnibus».

Simultáneamente, el ministerio público y el magistrado actuante decidirían adoptar medidas cautelares sobre una serie de lugares donde se ha denunciado la existencia de cementerios clandestinos.

En algunos de ellos se retomarían las excavaciones suspendidas meses atrás por el Poder Ejecutivo.

La lógica que podría llevar adelante la Justicia se basaría en intentar encontrar los cuerpos del delito en lugares señalados dentro del Batallón de Infantería Nº 13, el Batallón de Paracaidistas Nº 14, la Brigada de Artillería Nº 1 y el centro de reclusión de La Tablada, para luego intentar confirmar sus identidades.

 

Dueños del silencio

La instrucción judicial, sin embargo, no omitiría continuar con los interrogatorios de todos aquellos militares y subalternos que revistieron en esas unidades militares, los cuales podrían aportar una mínima información novedosa o terminarían por generar nuevas declaraciones contradictorias.

En ese sentido, la Fiscalía solicitaría al juez actuante la citación, a través del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio del Interior, de los mandos de los batallones 13 y 14, de la Brigada 1 y de La Tablada cuando ocurrieron los delitos en 1976 y cuando pudo producirse una remoción de tumbas en 1984.

Entre los citados, también se incluiría al mayor Walter Dopazzo, quien estaba a cargo de la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento de la Fuerza Aérea aquel 5 de octubre de 1976 y a un grupo de represores (los «Valpardos») que, según fuentes de LA REPUBLICA, operaban entonces en la Base Valparaíso.

Se espera que el juez Charles decida convocar al ex comandante en jefe del Ejército, general Angel Bertolotti, quien firmó el informe sobre desaparecidos que posibilitó excavaciones en el Batallón 14, y a su secretario de entonces, el general Raúl Gloodtdofsky, hoy al mando de la misión por ONU en Haití.

La fiscalía también propondría convocar a otros testigos o indagados militares, como el grupo de oficiales y policías que ya fueron procesados por la desaparición de Adalberto Soba, pese a su convicción de que se mantendría un pacto de silencio para no recono
cer semejante crimen de la dictadura.

En la búsqueda de pruebas, tampoco se descartaría llamar a técnicos forenses que actuaron en la identificación de cuerpos y a un grupo de historiadores, encabezado por el investigador Alvaro Rico, que esta estudiando documentos secretos del Estado para redactar un libro a publicar el próximo 19 de junio.

Las pruebas testimoniales y documentales (algunas de singular trascendencia para la causa según supo LA REPUBLICA) en la actual etapa sumarial, no solo llevarían a confirmar el crimen del segundo vuelo, sino que harían concluir que antes y después hubo una continuidad metodológica en la represión dictatorial. *