Senadores piden información sobre maniobras económicas contra DGI

El Senado hizo suyo el pasado martes un pedido de informes realizado por los senadores socialistas Reinaldo Gargano y José Korzeniak respecto a la modalidad y el monto descubierto o estimado de dichas evasiones fiscales sobre hechos transcurridos en la esfera de la Dirección General Impositiva (DGI) en noviembre de 1997. Posteriormente, las actuaciones judiciales determinaron el procesamiento del contador Moreira.

Desde esa fecha la petición de informes no fue contestada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y el senador socialista dijo a LA REPUBLICA que «no se quieren dar los nombres porque están involucradas personas muy importantes, y no precisamente por su aspecto ético y moral».

En el pedido de informes, el senador Gargano inquiere sobre «cuáles son las empresas que, hasta el presente, están involucradas en las maniobras descriptas en el apartado», así como «si existen acciones judiciales contra el Estado (DGI) como consecuencia de las referidas maniobras».

En el pedido, Gargano y Korzeniak pidieron que se describa «la operativa de las maniobras de evasión fiscal, sea por vía de falsificación de estampillas o por vía de alteración de otros documentos usados para compensación o devolución de impuestos».

Se inquiere además sobre «cuál es el monto hasta ahora descubierto o estimado de dichas evasiones fiscales», y también «la fecha o época a partir de la cual la Dirección General Impositiva, o alguno de sus jerarcas, tuvo conocimiento de estas maniobras».

A su vez, se pregunta «si en las mismas (maniobras) se encuentran involucrados funcionarios de la citada Dirección», y si se iniciaron «actuaciones administrativas (investigaciones o sumarios) destinadas a esta averiguación, y de ser así, se sirva individualizar el o los expedientes respectivos».

Otra consulta alude a si la Dirección General Impositiva ha iniciado algún trámite judicial (civil o penal) como consecuencia de estas operaciones.

Investigación

Ayer, trascendió que el presidente Jorge Batlle ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas una investigación sobre presuntas irregularidades en la DGI.

La medida se originó en una queja presentada por un empresario ante el organismo, quien aseguró haber sido objeto de un presunto intento de extorsión, según informó el diario El Observador.