La maniobra judicial del poder para atacar a LA REPUBLICA y a su director

Arbilla y Paolillo se escudaron en Bluth y García Pintos para atacar a Fasano

Arbilla, apoyándose en personajes conspiscuos del poder como los dos ex secretarios de las presidencias de Lacalle y Sanguinetti, Pablo García Pintos y Elías Bluth, acusó a Fasano, sin ninguna prueba, de haber participado en un chantaje vinculado al recordado caso de Igor Svetogorski.

Arbilla dijo que Pablo García Pintos le dijo que en 1996 un emisario le había pedido, en nombre de Fasano, 250 mil dólares para no revelar su vinculación con las compras y presuntas comisiones manejadas por Svetogorski. Arbilla también anunció que presentaría como testigo nada menos que a Bluth, que dirá que a él también García Pintos se lo contó.

Ante la gravedad de los hechos señalados, Fasano exigió la inmediata citación de García Pintos y Svetogorski, a lo que Arbilla, Paolillo y su abogado, Amadeo Otatti se negaron rotundamente.

El abogado de Fasano, Carlos Uriarte, reclamó que se revelara el nombre del supuesto emisario; Arbilla, Paolillo y Otatti se volvieron a negar. De esta manera se consolidó una muy particular operativa que siguió a lo largo de todo el juicio: lanzar acusaciones, no presentar pruebas y cerrarle todas las posibilidades a Fasano de refutarlas.

Otro elemento destacado de la estrategia de Arbilla, Paolillo y Otatti fue el cuestionamiento ideológico a LA REPUBLICA y a Fasano. Lo acusaron de definirse por la izquierda, atacar la moral del Ejército, dudar de la honra y el honor del pacto entre blancos y colorados en el balotaje y también de mancillar el honor del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Sólo el repaso de los puntos cuestionados establece un mapa claro de las intenciones y el signo ideológico de la ofensiva desatada ayer.

Arbilla expresó ante una pregunta de Uriarte una respuesta que en cualquier sede judicial lo inhabilita como testigo y desnuda a su vez la base de la ofensiva: «Fasano es despreciable».

Imprevisto giro El juicio que el director de LA REPUBLICA Dr. Federico Fasano Mertens, inició contra el secretario de redacción de Búsqueda, Claudio Paolillo, en defensa de su honor, tuvo ayer un giro imprevisto, al permitir la jueza de Penal de 1er. Turno, María del Rosario Berro, contra toda práctica jurisprudencial, que el imputado de los delitos y no su abogado leyera por escrito durante más de 90 minutos un alegato plagado de insultos, mentiras, calumnias sin presentar una sola prueba de las acusaciones de asociación para delinquir, chantaje, estafa, delincuencia, deshonestidad, indecencia e inescrupulosidad desgranada ante el estupor general sin posibilidad de contestar por parte del demandante.

Al cúmulo de insultos que provocaron que Fasano anunciara que se estaba tipificando un nuevo delito, esta vez el de injurias en juicio, se sumó el director de Búsqueda, Danilo Arbilla, que fue citado como testigo por la parte demandada. Arbilla declaró que profesaba un profundo desprecio por el director de LA REPUBLICA, inhabilitándose así como testigo, y lanzó una falsa acusación citando a los dos secretarios de los últimos presidentes, Pablo García Pintos y Elías Bluth, afirmando que el primero de ellos le había comentado al segundo y a él mismo que un emisario de Fasano, de quien se negó formalmente a dar el nombre, había chantajeado en U$S 250.000 al secretario de Lacalle en torno al caso Svetogorski.

Fasano exigió que de inmediato se citara a declarar a García Pintos y a Svetogorski, lo que fue rechazado de plano por la jueza Berro y por el Dr. Amadeo Otatti, defensor del periodista Paolillo y ex defensor del corrupto Wasmosy en el juicio que Fasano le ganara al ex presidente Paraguayo.

Fasano, indignado ante la indefensión de que era objeto, se preguntó cómo era posible que los acusados que decían tener en su poder una prueba tan contundente contra él no hubieran citado, entre los 14 testigos que presentaron, nada menos que a quien lo acusaba de un chantaje, el secretario de Lacalle, Pablo García Pintos, o el empresario en armamentos Igor Svetogorski, o al desconocido emisario. El Dr. Otatti le contestó que a los testigos de su parte los elegían ellos, y se negó a dar explicaciones del porqué de la insólita ausencia en la lista de Pablo García Pintos, de Igor Svetogorski y del misterioso emisario.

La jueza Berro confirmó la posición de los demandados y no permitió que se llamara a quienes podían probar tamaña acusación.

La fiscal actuante, Dra. Cristina González, interrogó al denunciado Paolillo y al primer testigo de Arbilla, pero de ambos interrogatorios no resultó ningún elemento probatorio contra los delitos que el ofensor imputa al director de LA REPUBLICA.

A su vez el abogado del denunciante, Dr. Carlos Uriarte, le preguntó al testigo Arbilla cómo podía justificar que sabiendo que el secretario de Lacalle acusaba a Fasano de chantajista, él lo hubiera propuesto para integrar la SIP, a lo que contestó que en la SIP también había muchos socios acusados de delitos. Ante la pregunta de por qué no publicó esa denuncia contra Fasano el director de Búsqueda respondió con evasivas.

Por su parte el acusado Paolillo hizo una historia de los 13 años de LA REPUBLICA y de los 40 años de periodismo del Dr. Federico Fasano.

En el análisis de esos 40 años, el secretario de redacción de Búsqueda no pudo aportar ni una sola prueba de los delitos que enumeró.

Se destacó entre las acusaciones que Fasano no era periodista independiente ya que en 1968 había declarado públicamente que iba a dedicar su vida a dotarle a la izquierda uruguaya de los medios de masa necesarios para alcanzar el poder, hecho este que volvió a repetir cuando LA REPUBLICA tomó partido, en la segunda vuelta de las últimas elecciones, a favor de la candidatura del Dr. Tabaré Vázquez. También acusó a Fasano y a LA REPUBLICA de mancillar el honor del Ejército, la «honra» del pacto entre blancos y colorados y mancillar el honor de Bill Clinton. Posicionándose de esta manera en un terreno de cuestionamiento netamente ideológico que luego siguió profundizando durante todo el juicio.

Totalmente fuera del objeto del juicio, tolerado pese a todas las objeciones de la acusación por la jueza Berro, Paolillo acusó de plagio a LA REPUBLICA por haber levantado el 22 de febrero de 1995 un artículo sobre el boom de los shoppings del diario argentino Ambito Financiero, así como de haber trucado una foto de la Selección uruguaya de fútbol en Nigeria o que el editor de La República del Litoral, el periodista Carlos Santiago, había dado noticias en su edición sin darle crédito al diario sanducero El Telégrafo.

Y en cuanto a los otros delitos de los que acusó a Fasano, afirmó que LA REPUBLICA había publicado que la huelga bancaria contra el Santander había fracasado, noticia esta publicada en venganza porque el dirigente Juan José Ramos le había dado la primicia a otro diario y no a LA REPUBLICA.

También afirmó sin prueba alguna que la reedición de la noticia sobre la existencia de salmonella en sandwiches de «El Emporio» había sido publicada, también, como represalia porque esa empresa no había consentido un canje publicitario. Tampoco en esta oportunidad presentó ni siquiera un testigo que avalara esa especie.

Finalmente aportó como prueba una carta de Germán Rama dirigida a LA REPUBLICA, en la que éste sugería que la posición del diario contra la reforma educativa podía estar teñida de enojo porque el Codicen no publicaba avisos solicitados por LA REPUBLICA, como si cualquier pedido de publicidad de cualquier medio imposibilitara a éste pronunciarse a favor de posturas contrarias al avisador.

El extenso libro neg
ro contra Fasano y LA REPUBLICA leído durante más de 90 minutos, reseñando los 40 años de periodismo del acusador, mencionó temas todos fuera del objeto del juicio y, lo que es peor, no aportó prueba alguna de sus dichos. Así lo protestaron a viva voz Fasano y sus abogados, rechazando la jueza Berro una y otra vez todos los requerimientos de que el difamador se ajustara al objeto del juicio.

Culminada la lectura del libelo por parte de Paolillo, el director de LA REPUBLICA intentó responderle, lo que fue expresamente negado por la jueza Berro. Luego de las protestas del caso, la jueza cedió el uso de la palabra a Fasano, advirtiéndole que disponía no de los 100 minutos de que dispuso el difamador, sino de escasos minutos y que no podía contestarle a Paolillo sino que sólo podía referirse a la acusación formulada.

La exposición de Fasano, interrumpida permanentemente por la jueza Berro, no pudo durar más de 10 minutos ininterrumpidos y consta en menos de un folio del acta judicial.

Fasano explicó que nunca había presentado demanda por difamación e injurias contra un periodista, pero que esta vez rompía esa regla porque Paolillo, empleado a sueldo de un colaboracionista notorio de la dictadura como era Arbilla, ex director de Prensa del gobierno de facto, se había prestado, no como periodista sino como amanuense, a lesionar su honor.

Alegó que su vida destinada a la defensa de la libertad de información y al servicio de los sin voz había sido condecorada con prisiones, secuestros, atentados, clausuras, confiscaciones y destierro, galardones estos superiores al premio internacional de periodismo recibido en España en 1983 y a otros premios internacionales y que la difamación de Arbilla y Paolillo, sin prueba alguna, contra su trayectoria, configuraban una infamia contra un periodista de bien que no podía quedar impune.

Fasano evaluó que la calumnia de un esbirro de la dictadura como Arbilla, acusado por un funcionario público en documento oficial de ser agente de los narcotraficantes del Cártel de Juárez, a quien él no había acusado ni insultado nunca por ese hecho debía ser sancionada ejemplarmente.

Refiriéndose a la exceptio veritatis dijo que sólo la iba a admitir en cuanto los testigos se pronunciaran sobre hechos y no sobre opiniones.

Y que sí admitía la prueba de la verdad sobre todas y cada una de las acusaciones que le hicieran, pero que era inadmisible que se aceptaran 14 testigos, todos adversarios de LA REPUBLICA, muchos empleados de los difamadores, no para presentar pruebas sobre hechos sino para denostar precisamente al demandante.

Al respecto dijo que la jueza no había fijado el objeto de la prueba y que si los difamadores presentaban 14 testigos de opinión, él también tenía derecho a presentar de testigos a 14 personalidades que hablaran no sobre hechos sino sobre opiniones a favor de LA REPUBLICA.

La intervención de Fasano culminó abruptamente cuando la jueza Berro la dio por terminada cuando no iba siquiera tomada una foja de sus declaraciones contra los 90 minutos del difamador Paolillo.

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