Se cumplieron los dos primeros meses de actuación

Comisión para la Paz se reunirá con Batlle

«Ya se cumplió la mitad del plazo y entendemos conveniente mantener una reunión de evaluación con el Presidente», informó uno de los miembros de la Comisión, Carlos Ramela.

Indicó que la reunión servirá para analizar la forma en que ha trabajado la Comisión en esos dos meses, y los avances que se registraron. En el encuentro participarán además de Batlle y Ramela, el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, el sacerdote jesuita Luis Pérez Aguirre, José D’Elía, el abogado Gonzalo Fernández y el ex presidente del Codicen José Claudio Williman. No se descarta que el grupo solicite una primera prórroga a los efectos de culminar sus trabajos.

La Comisión fue instalada el miércoles 9 de agosto, con un plazo de actuación de 120 días para trabajar, el que se puede prorrogar «a solicitud fundada» de la Comisión. Poco antes de constituirse, la Comisión comenzó a recibir una serie de datos para indagar algunos de los más de 160 casos de desaparecidos que se buscan esclarecer.

Además de la información que se pueda proporcionar de manera personal, la Comisión cuenta con el apoyo de las organizaciones que defienden los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

Asimismo, la Comisión solicitó información a los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil y Paraguay. La Comisión para la Paz fue creada por el gobierno, con el objetivo de «consolidar la pacificación nacional y sellar para siempre la paz entre los uruguayos», así como para «dar los pasos posibles para determinar la situación de los detenidos-desaparecidos».

«Ello constituye una obligación ética del Estado y una tarea imprescindible para preservar la memoria histórica, que permitirá, además, generar las condiciones necesarias para aprobar, en su momento, las medidas legales que correspondan para reparar las situaciones que se constaten», señalaba el documento mediante el cual se creaba la Comisión. El grupo de trabajo elevará la información recibida a la Presidencia de la República, «en la medida que entienda que son necesarias actuaciones tendientes a verificar y/o precisar su contenido, para que ésta disponga las averiguaciones que considere pertinentes». Además, la Comisión elaborará un informe final con sus conclusiones, que incluirá sus sugerencias sobre las medidas legislativas que pudieren corresponder en materia reparatoria y de estado civil, así como un resumen individual sobre cada caso de detenido-desaparecido que sea puesto a su consideración. La Presidencia dispondrá en el ámbito de su competencia «las actuaciones que pudieren corresponder e informar oficialmente a los interesados».

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