Blancos y colorados aceleran aprobación del Presupuesto

Cuáles serán aquellos capítulos que no van a ser tratados eran hasta el cierre de esta edición toda una incógnita, porque ni siquiera los integrantes del Partido Colorado como del Partido Nacional sabían los que iban y los que no serían tratados en las parsimoniosas sesiones del plenario. Se sospechaba que entre los que pasarían directamente al Senado para su segunda etapa de análisis parlamentario irían a estar el referente a la ANEP, Ancel e Impuesto a las Retribuciones Personales. La idea es levantar la sesión al mediodía de hoy y ya en la tarde remitir el articulado presupuestal a la Cámara de Senadores.

Ayer, en una jornada sin pausa pero no por ello menos tortuosa, se aprobaron algo más de 60 artículos. Sin embargo, gran parte de los capítulos que más tiempo insumieron fueron aquellos cuyos artículos no estaban directamente vinculados a la materia presupuestal.

Es así que se aprobó la norma por la que el cargo de director nacional de Información e Inteligencia de la Policía deberá ser desempeñado por un oficial superior de la Policía, grado 13 o 14. Precisamente, este artículo demandó del cuerpo más de hora y media de análisis.

Sólo para oficiales

El promotor desde hace cinco años de esta normativa es el diputado colorado Daniel García Pintos.

El legislador dijo que esta iniciativa había sido analizada en más de una oportunidad en varias comisiones parlamentarias y, tras su aprobación sostuvo que se estaba cumpliendo con un viejo anhelo de la orgánica policial. El representante reiteró que se hace justicia con un reclamo y con las normas que establecen concederles los cargos al personal idóneo.

El artículo fue aprobado, no sin antes generar una prolongada discusión entre los que defendían la propuesta de concederle al Poder Ejecutivo la potestad de designar para ese alto cargo policial a la figura más idónea «sin importar la profesión».

El proyecto se tramitó con el apoyo de 52 legisladores en 97 presentes. Entre los blancos que no acompañaron el artículo se encontraba Carlos González Alvarez.

El cargo de director nacional de Información e Inteligencia, que ahora será ocupado únicamente por un oficial superior de la Policía Nacional grado 13 o 14, perteneciente al subescalafón ejecutivo (no administrativo), en actividad o retiro tendrá además carácter de particular confianza.

También se aprobaron cargos de agentes de segunda para las unidades policiales de los departamentos de Montevideo (385), Canelones (335) Maldonado (185), Colonia (30) Rocha (30) y para la Dirección Nacional de Centros Penitenciarios y Centros de Reclusión (185).

No habrá más penas ni olvido

La cámara de Diputados rechazó el artículo que establecía la penalización hacia aquellas personas que eventualmente perdieran su cédula de identidad.

Se procedía a sancionar con una multa a partir de la tercera renovación del documento no vencido (esto es, la cuarta cédula de identidad que el interesado obtiene dentro del plazo de vigencia de la misma), sea cual fuera la causal de la misma. El monto de las multas previstas no podría exceder las 5 Unidades Reajustables, y se iba a adecuar en atención al costo del servicio y al Indice de Precios al Consumo fijado por el Instituto Nacional de Estadística.

También se rechazó la sanción de una multa de 10 Unidades Reajustables a aquellas personas que siendo titulares de una cédula de identidad intentaran tramitar una nueva como si se tratase de su primer documento, omitiendo señalar que ya poseían el mismo y su número identificatorio.

La aplicación de las multas iba a ser potestad de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Sólo la bancada de la Lista 15 votó estos artículos.

El Foro Batllista y los blancos lo rechazaron conjuntamente con el Encuentro Progresista y el Nuevo Espacio.

El diputado herrerista Gustavo Borsari señaló que las sanciones seguramente iban a ser aplicadas a personas de mayor edad y jóvenes y que no correspondía la aplicación de esas multas. Por otro lado, la Policía adquirirá un moderno sistema de búsqueda automática de huellas dactilares, dejando definitivamente el antiguo sistema de folios con registros dactilares. Para ello, la Cámara aprobó en el marco del proyecto presupuestal una partida de 6 millones 972 mil dólares.